Una llamada de “alerta” fue la que publicaron el día de ayer seis gremios empresariales con uno de los puntos que se plantea en la modificación del Código de Aguas presentado por el Gobierno anterior y que hoy se discute en el Senado.
Y es que a través de un inserto publicado en El Mercurio, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC); la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (CNC); la Cámara Chilena de la Construcción (CCHC); la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA); la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) y la Asociación de Bancos, reclamaron que estas modificaciones vulnerarían “uno de los pilares del desarrollo económico y social de todo el país: el derecho de la propiedad. Derecho que, además, es fundamental para resguardar la certeza jurídica”.
La acusación deslizada por estos gremios encontró apoyo al interior del Gobierno, pues el ministro de Agricultura, Antonio Walker, en conversación con Emol TV señaló que “creemos que no se puede precarizar la certeza jurídica en el derecho de propiedad sobre ese derecho de aprovechamiento”.
Así, se refirió a una serie de cambios en los que el Ejecutivo no está de acuerdo, como por ejemplo: “‘Derechos permanentes’ pasan a ser ‘concesiones'”, “‘dueños de un derecho de aprovechamiento’ pasan a ser ‘titulares de un derecho de aprovechamiento'” y “se agregan condiciones de caducidad para un derecho que ya está adquirido”.
La tramitación de las modificaciones al Código de Aguas no ha sido precisamente rápida, esto porque la discusión comenzó en el año 2011, después de ser ingresada durante el primer Gobierno de Sebastián Piñera. Sin embargo, en 2014, por medio de una modificación sustantiva, la Presidenta Bachelet presentó una serie de indicaciones al proyecto original, y recién en noviembre del 2016 fueron aprobadas por la Cámara de Diputados y despachadas al Senado.
Una vez en la Cámara Alta se creó una Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía del Senado que votó y aprobó el proyecto, por lo que hoy se encuentra siendo discutido en la Comisión de Agricultura de dicha entidad.
Cabe destacar que en enero de 2019, el Gobierno de Sebastián Piñera presentó una serie de indicaciones sustitutivas, las que no han encontrado aprobación en la instancia, en la cual hay tres senadores de oposición y dos del oficialismo.
En vista del nuevo debate en torno al Código de Aguas y a los derechos de aprovechamiento hídricos, Emol consultó a diferentes expertos en la materia respecto a su opinión frente a la postura del sector privado y el Gobierno.
Gonzalo Muñoz, abogado experto en Derechos de Agua
Estoy plenamente de acuerdo con lo que plantea la SNA y los otros gremios, en el sentido de que efectivamente el proyecto debilita el derecho de propiedad por sobre el derecho de aguas. Este proyecto al establecer la caducidad de los derechos del agua y efectivamente debilita ese derecho a propiedad.
El argumento que se da es que este proyecto regiría solo para los derechos de aguas que se otorguen a partir de que esta modificación entrara en vigencia, pero eso no es así, porque en los artículos transitorios de este proyecto de ley, se dice que también se establece una caducidad para los derechos anteriores, o sea también se afectarían los derechos ya existentes.
Derechos de aguas para otorgar por parte de autoridades ya casi no quedan, ya no quedan aguas disponibles para otorgar nuevos derechos, por lo tanto los únicos derechos a los que podría afectar este proyecto de ley es a los derechos ya existentes.
Christian Valenzuela, ingeniero en Recursos Naturales y director ejecutivo de Compragua
Claramente es un problema y estamos de acuerdo en que el proyecto de reforma del Gobierno anterior socava lo que es la certeza jurídica. Creo que los gremios ahí tienen un punto en que, claro, atacan este proyecto, pero no están siendo muy proactivos en definir cómo solucionamos los problemas que tenemos con el agua.
Es verdad lo que dice el ministro Walker y los gremios; para que hayan inversiones tiene que haber certeza jurídica en los derechos de agua porque eso le da seguridad a la inversión, también sirve de garantías para pedir créditos.
Para que esto funcione mejor necesitas, primero, darle al derecho de agua un valor, tiene que tener una tasación fiscal, porque el hecho de que no tenga una tasación fiscal se presta para muchas asimetrías. Segundo, tienes que cobrar una contribución en vez de la patente por no uso. Si tú le cobraras contribuciones a los derechos de agua, igual como pasa con la tierra, también se podría tener más dinero para gestionar mejor el agua.
Sergio Peña, doctor en Derecho y académico en la Universidad Mayor.
El problema principal es que a corto y mediano plazo nosotros nos vamos a ver enfrentados a la necesidad de regular de manera aún más estricta el tema del uso del agua y, probablemente, si no se hacen las modificaciones ahora, más adelante van a ser aún más exigentes.
Yo creo que los empresarios tienen todo el legítimo derecho de exponer sus ideas, pero creo que dadas las necesidades del país, necesariamente tenemos que mirar esto con mucho cuidado, respecto de los propios intereses que pugnan con la necesidad de Chile.
Hay datos concretos de que en general nosotros vamos a enfrentar de aquí a un tiempo no muy breve limitaciones en cuanto a la posibilidad de contar con agua. Otro problema al que nos vamos a enfrentar también, es que dada la menor cantidad de agua, aquellos que tengan derechos de aprovechamientos, en definitiva van a poder usar el agua, por lo cual los costos del agua van a subir enormemente.
Eso va a significar que mucha parte de la población no va a tener acceso al agua, y ese es un derecho que ha sido establecido en tratados internacionales, en normas jurídicas internacionales y nosotros tenemos que velar no solamente porque sea un derecho, sino porque determina la existencia del derecho a la vida, que es superior al derecho de propiedad y por consiguiente se vería afectado si nos falta agua.
