El economista se pronuncia sobre Tía María y advierte además que estamos ante un gobierno débil que muestra temor político y falta de decisión
Sin asomo de duda, el economista Elmer Cuba afirma que no tiene ningún sentido impedir la explotación del yacimiento cuprífero de Tía María. El también socio de Macroconsult destaca que el canon y los impuestos que generará el proyecto no solo beneficiarán a la provincia de Islay y al departamento de Arequipa, sino a todo el Perú, ingresos que no nos sobran, pues, como él mismo afirma, en cuanto a lo económico, estamos “bajo el manto de un gobierno débil”.
¿Qué tan importante es este proyecto para el país, qué tan trascendente es su continuidad?
A ver, es un proyecto que, digamos, no es el más grande que está en cartera, pero es simbólico, porque ha cumplido todos los requisitos que pide el Estado peruano para funcionar. Sin embargo, no funciona por oposición de un grupo pequeño, organizado contra todo el Estado peruano, el Estado de derecho y las leyes actuales, ese es su simbolismo.
¿Y para la provincia de Islay?
Es muy importante para la provincia de Islay, con o sin proyecto, el ingreso per capita es muy diferente en Islay. Y también en toda Arequipa, en verdad. La importancia para Arequipa, como un todo, es mucho mayor, porque la mitad del impuesto que pagaría la unidad de mineral, la mitad del impuesto a la renta, se quedaría en todo Arequipa, se repartiría de manera proporcional en los municipios de Islay, en los municipios de Arequipa, en la región misma y hasta la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) recibe el 10% del canon que se queda ahí. Entonces, es una insensatez dejar tanta riqueza en el suelo y que no la disfruten los peruanos, porque esto es de todos los peruanos. En lo particular, esos grupos pequeños, organizados, hay que convencerlos de que ellos van a estar, no igual, sino mejor, con proyecto que sin proyecto, en términos de empleo, en términos de infraestructura.
¿Aprecia una razón real para oponerse?
Sí hay una, es el temor legítimo de esos agricultores que no creen en el Estado, ese temor es real, no se lo han inventado. Todo lo demás que se monta sobre eso puede ser gente corrupta, alcalde corrupto o gente ideologizada de izquierda que quiere lucrar con el tema de esta gente. Si hay gente que tiene temor, ¿cómo la convences? Llévala a los otros distritos donde hay minería en Arequipa para que vean que es posible la coexistencia de la agricultura; que los alcaldes viajen a conocer a sus pares, a los otros alcaldes, al de Yarabamba, al de Paucarpata, y vean cómo se benefician con el canon. Si no creen al ministro, que le crean a su par.
¿Hace cuánto la empresa Southern Copper Corporation cumplió todos los requisitos?
Hace muchos años, pero le faltaba uno, que se ha dado esta semana.
El permiso de construcción...
Claro, pero ese es el último acto de decenas de permisos previos, y ha podido ocurrir también hace dos años, se han demorado para darle tiempo a la mina de buscar la licencia social. Se lo dieron ahora, porque ya vencía el EIA (estudio de impacto ambiental), que tiene unos años de duración.
¿Cuáles son los impactos de su paralización?
Hay efectos de señalización en otras unidades mineras, en otros proyectos. Porque tú dices: “Yo descubro mineral, invierto en Perú y, de pronto, puedo no seguir adelante”. Entonces, eleva el riesgo de inversión minera en otras unidades mineras del país; o sea, el riesgo de invertir en el Perú en minería aumenta, eso es efecto negativo. Un extranjero que ve calidad de mineral puede decir: “Mejor voy a otro país en el que hay menos problemas”.
Aunque tenga menos calidad de mineral... Así es, compensa el riesgo de sacar la mina adelante.
¿Cuál debe ser, a su juicio, la actitud del gobierno por Tía María?
En la práctica ya lo hace algo, hay proyectos de agua potable en Islay por parte del MEF (Ministerio de Economía y Finanzas); o sea, están haciendo activos, lo que pasa es que no lo comunican bien. La otra (alternativa) es si sale la unidad minera, habrá canon, pero tú lo puedes adelantar, puede que no esperes a que haya canon en el 2022. En otras palabras, el Ejecutivo podría ir a la zona y decirle a los alcaldes de esa provincia: “Dame tus mejores proyectos, tus sueños en 10 años, y yo lo voy a hacer ahorita, comenzamos a hacer la obra en la mina el mismo día que comenzamos las 30 obras que más te gustan”. Ese sería un buen simbolismo, y una vez que el canon comienza a producir, descuentas, ni siquiera es más gasto.
¿Qué opina de la actitud de Luis Cáceres Llica, quien dice que Tía María no va, que llama traidor a Vizcarra? ¿No azuza el conflicto?
Claro, este señor está diciendo que él mismo renuncia al 20% de los ingresos que irían para la región Arequipa, él está rechazando eso. Cuando quiera pedir plata al MEF, que no vaya porque él mismo tapa la posibilidad de tener más ingresos tributarios. Cuando este señor diga: “Me falta que me ayuden para mi planta de agua potable de La Tomilla, en Cayma”, que le respondan: “Ya, compadre, pero tú mismo has renunciado a esa plata que te iba a llegar de la planta de Tía María”. Es un sinsentido, es como que un alcalde te diga: “No quiero que me den recursos”.
¿Cuál es su opinión de la gestión económica de este gobierno?
Estamos bajo el manto de un gobierno débil y, entonces, las buenas ideas puede que no las ejecuten por temor político, por falta de decisión; no es por falta de ideas, es más arriba el problema, es más político, con un Congreso un poco difícil también.
Me dice que se está bajo el manto de un gobierno débil, ¿se refiere al de Pedro Pablo Kuczynski o que el presente es un gobierno débil? Este.
Exgobernadora de Arequipa rechaza también que esté vinculada a “Los Correcaminos del sur” y no tiene planificado volver en lo inmediato a la política
En los últimos días, Arequipa ha sido el centro de la atención de la política nacional debido al proyecto minero Tía María. Correo conversó con Yamila Osorio, exgobernadora de esa región del país. La exfuncionaria destacó la importancia del sector minero y de la inversión privada para el desarrollo del país y para sacar a la economía de su estancamiento. Asimismo, denunció un excesivo control que frena la inversión pública. Finalmente, aunque dice querer mantenerse alejada de la política por lo pronto, no descarta al 100% una posible candidatura en el 2021.
¿Qué tan importante es Tía María para Arequipa y para el Perú?
Hablaba con un investigador y me decía que uno de cada seis soles que se mueven en nuestra economía proceden del sector minero. Entonces, queda claro cuán influyente puede ser ese sector, que también impacta sobre otras actividades, como el consumo de bienes y servicios y el comercio. Eso está realmente demostrado. No podemos taparnos los ojos. La minería tiene un gran impacto positivo económicamente. El proyecto en sí tiene sus particularidades, porque entre el 2012 y 2015 hubo siete muertes por conflictos sociales y decenas de heridos por la resistencia y rechazo de la población.
¿Qué tendría que hacer el Gobierno teniendo en cuenta que existen grupos opositores al proyecto?
Debería agotar todos los esfuerzos para llegar al diálogo. Lo han hecho en Las Bambas, en condiciones adversas, con un bloqueo evidente. Creo que esa es la base. Aquí también se deben hacer esfuerzos para que el diálogo sea finalmente lo que se priorice en este caso, y por supuesto atender los reclamos sociales que quedan pendientes, como la represa de compensación, que es la principal preocupación de la mayoría de la gente que se dedica a la agricultura.
¿Está de acuerdo con la inversión privada?
Sí, claro. La inversión privada que genere empleo formal, que tribute y por tanto inyecte recursos para que el Estado pueda realizar inversión pública es lo que debemos alentar. (Se buscan) inversiones formales, pero que también sean sostenibles, amigables con el ambiente y que no generen daños. Hay muchas limitaciones ahora, reglas que tenemos que cumplir, y eso hay que observarlo.
El gobernador Cáceres Llica la ha acusado de ocultar información y hasta de haber provocado el incendio en una sede del Gobierno Regional de Arequipa. ¿Qué puede decir sobre eso?
Yo lo rechazo tajantemente. Pareciera que se quiere distraer la atención sobre temas realmente importantes. Considero que sus mayores esfuerzos deben centrarse en culminar obras que nosotros iniciamos el año pasado y que hemos dejado con presupuesto garantizado hasta su culminación.
Cáceres Llica señaló también que está alistando 20 denuncias contra usted. Entonces las esperaremos. Todos los que hemos sido autoridades sabemos que estamos expuestos a cuestionamientos y denuncias, y que estos cargos son pasajeros.
¿Cuáles son los puntos en los que debería enfocarse la actual gestión en Arequipa?
Definitivamente, tienen que terminar las obras que hemos dejado. Eso es fundamental para que el pueblo de Arequipa sienta el impacto de los proyectos de infraestructura que hemos venido trabajando de la mano con dirigentes sociales. Porque detrás de cada obra hubo dirigentes sociales, promotores de su gestión o de su ejecución. En segundo lugar, se debe destrabar (el proyecto hídrico) Majes Sihuas II. Creo que ese es un proyecto de repercusión no solo macrorregional, sino también nacional. Pienso que debe tener un discurso amigable con el sector privado, porque no se le puede dejar de lado si queremos que nuestra economía crezca.
El juzgado que está a cargo de las investigaciones en el caso de “Los Correcaminos del Sur” (red acusada de cobrar cupos a transportistas) la ha incluido en el proceso por la contratación aparentemente irregular de la exsubgerenta de Transportes Flor Meza. ¿Aún insiste en que no tuvo nada que ver con este caso?
Lo que pasa es que con esa carpeta fiscal, del supuesto nombramiento indebido, ha quedado acreditado que ella (Flor Meza) puso en su currículum que era ingeniera. La Secretaría General, que hace el filtro para que pueda llegar al despacho del gobernador la designación, quizás (actuó de) buena fe con el currículum que se presentaba.
¿El hecho de que una autoridad no elija bien a su personal de confianza no la descalificaría para ejercer algún cargo público?
Es que tienes un universo de gente que te acompaña. Entonces, resulta quizás complicado poner las manos al fuego por todos. Como funcionaria, actúas bajo en el principio de confianza. No te queda de otra. Y mira ahora, la coyuntura actual nos está dando la respuesta: todos los políticos que están involucrados en muchos casos.
¿Qué nos puede decir sobre la gestión del presidente Martín Vizcarra?
Creo que el gran reto que tiene el Presidente es reactivar la economía. En el tema de las reformas políticas se está avanzando. En el Congreso, creo que contra el tiempo, finalmente se viene discutiendo el tema de las reformas, que son fundamentales para fortalecer la participación ciudadana, fortalecer nuestro sistema democrático, que sin lugar a dudas es bastante turbulento. Sin embargo, no hay que descuidar la reactivación de la economía, que hace más de 10 años, por primera vez, se estanca. Pienso que hay que hacer algunos ajustes por ese lado.
¿Considera que la gestión del presidente Vizcarra es confrontacional con el Congreso?
Yo creo que el Presidente ha tenido una lectura clara de lo que le pasó al presidente Kuczynski cuando quiso optar por el diálogo. Probablemente no ha querido seguir ese camino, que sabemos en qué terminó. En algunos casos podría interpretarse que quizás está excediéndose en algunos límites, como por ejemplo el gesto que tuvo de ir al Congreso para presentar un documento en mesa de partes y decir que los ministros no iban. Probablemente las vías podrían haber sido otras, (como) un diálogo con el presidente del Congreso que ayude a superar esas diferencias; más que todo el gesto mediático.
¿Le ha llegado alguna propuesta para tomar algún cargo en el Ejecutivo?
No, yo en estos dos años me estoy dedicando a temas personales y académicos. El retorno a la política no es algo que considere en este momento.
¿Para el 2021 pretende ser candidata presidencial?
No tengo planificado regresar a política en el corto plazo; sin embargo, al 2021 no sabemos qué es lo que pasará. Quizás ni estemos vivos (risas).
¿Pero no descarta su participación?
No la descarto, pero tampoco la confirmo. Creo que siempre es necesario apartarse un poquito del poder. Ya fui cuatro años consejera regional y cuatro años gobernadora. Entonces, no estoy de acuerdo en asumir el poder como un vicio, porque puede ser peligroso. Creo que es importante tomarse espacios para oxigenarnos y para desde fuera ver con otra perspectiva lo requiere nuestro país.
¿A qué cree que se debe la baja ejecución del presupuesto de los gobiernos regionales?
Yo advierto que hay tres razones que no permiten que la inversión pública sea más dinámica. Uno es el sistema de inversión pública: el portal Invierte.pe, en teoría, debía agilizar la formulación y aprobación de proyectos, pero creo que hubo que darle una revisión a casi tres años porque no están saliendo los proyectos con la celeridad que quisiéramos.
En segundo lugar, una gran traba es el sistema de contrataciones con el Estado, que también lleva a que las licitaciones públicas sean realmente engorrosas y que conlleven plazos muy alargados que hacen que la inversión pública no sea dinámica. En tercer lugar está el sistema de control. Lamentablemente, uno de los efectos negativos en este escenario son las muchas sospechas que se han generado en el país sobre la clase política o sobre quienes ostentan un cargo o alguna responsabilidad. (Se cree) que todo es oscuro o que todos quienes deciden hacer política o ejercer un rol de administrador en el Estado están bajo sospecha o son posibles corruptos. Esto ha llevado a que el sistema de control sea rígido y cada vez tengamos más funcionarios con enormes dudas al tomar decisiones porque temen que la Contraloría los sancione.
¿Cree que ha fracasado la descentralización o aún está en proceso?
Yo diría que estamos en proceso. Hay que fortalecerla, hay que identificar dónde están las debilidades y qué se puede hacer mejor. En ese sentido, si bien la descentralización se inicia concibiendo a los gobiernos regionales como meros administradores -porque se destinan competencias en Salud, Educación, etc.-, ahora toca dar el salto a que sean gobiernos regionales gestores, promotores del desarrollo de los departamentos, ya no simples administradores. Creo que ese es el principal desafío que queda para fortalecer la descentralización.
¿Qué lecciones le han dejado los últimos cuatro años como funcionaria pública?
Creo que han sido muy complicados. No olvidemos que en cuatro años hemos tenido que gobernar con tres presidentes y con cinco gabinetes ministeriales, y quizás con la inestabilidad política más aguda desde fines de los 90, cuando se dio la caída de Fujimori. Ha sido un escenario complicado en el que nos ha tocado gobernar. Lecciones hay muchas, y bueno, quizás hay que tratar de ser o procurar ser más acuciosos en la confianza que uno a veces otorga.
Es legítima la preocupación y la desconfianza de los ciudadanos hacia actividades extractivas como la minería. Pero no lo es apelar, como vemos, a la desinformación y a las medias verdades para alimentar la incertidumbre, tal como sucede en el caso de Tía María.
El otorgamiento de la licencia de construcción al proyecto cuprífero —una decisión del presidente Martín Vizcarra que esta revista saluda y respalda— alentó que determinados actores políticos acentúen un escenario de polarización que impida a Southern Copper Corporation obtener la llamada licencia social en el Valle del Tambo.
No esperamos ingenuamente que Verónika Mendoza, Marco Arana, Élmer Cáceres Llica o Vladimir Cerrón respalden la minería como motor de desarrollo económico, pero es inaceptable y políticamente irresponsable valerse de argumentos que no resisten la más mínima prueba de veracidad para oponerse a Tía María.
Las críticas apuntan, por un lado, a los tributos que pagan las mineras. “No están pagando los impuestos que deben pagar”, ha afirmado Cáceres Llica, gobernador regional de Arequipa. En esa misma línea ha opinado Cerrón, máxima autoridad regional de Junín: “Las transnacionales pagan mínimo tributo al Estado”.
Estas opiniones omiten que la carga fiscal va del 42% al 52% de la utilidad total en el sector, según EY. Las mineras pagan impuesto a la renta, regalías, impuesto especial a la minería y se les retienen dividendos. Y si son empresas con contratos de estabilidad, la carga es 2% mayor. En el 2018, el gobierno central transfirió a los gobiernos locales S/4,451 millones por regalías y canon minero. Pero existe poca rendición de cuentas a nivel subnacional y la ejecución es baja, lo que alienta la conflictividad.
Por lo tanto, está ampliamente demostrado que la minería es la principal fuente de ingresos del Estado. De ahí que exista una alta correlación entre los precios de los commodities y los ingresos del Estado, como siempre ha advertido el Consejo Fiscal. El problema no está en gravar más al sector, sino en ampliar la base tributaria y mejorar la ejecución local.
No es cierto, como ha afirmado Mendoza, que el gobierno ceda a las “presiones de la Confiep”. Tía María tiene licencia de construcción, pero la empresa está atada de manos para operar. El gobierno ha elegido avanzar con cautela por una senda que no satisface por completo ni al privado ni a los opositores al proyecto. Mendoza protesta hoy con mayor vehemencia, pues sabe que el gobierno se puede ver tentado a dar marcha atrás si las conflictividad social comienza a escalar.
En palabras de Mendoza, el proyecto “implica graves riesgos para las fuentes de agua”. Sin embargo, la propia OEFA detectó que el agua del río Tambo ya supera los niveles de manganeso, boro y arsénico. El ecosistema es evidentemente frágil, pero la empresa utilizará el agua del mar y construirá una planta desalinizadora para tal fin.
Cáceres ya dijo que no dialogará hasta que se anule la licencia de construcción. Por lo tanto, la empresa deberá seguir sofisticando su estrategia e hilando fino para lograr aceptación en el valle. Pero eso requerirá que entienda las preocupaciones de los agricultores y garantice que el impacto medioambiental sea mínimo. La importancia de este megaproyecto, por su envergadura, no deja margen de error.
