Aunque el proyecto minero Tía María ya recibió luz verde, la pelota sigue en la cancha del gobierno.
Y es que mil cuatrocientos millones de dólares puede sonar a una gran cifra de inversión privada, pero es dinero que no llega directamente a las manos de las personas afectadas —en el buen sentido de la palabra— por este proyecto de cobre.
Los afectados, según el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, serían 30 mil en la provincia de Islay y específicamente en Cocachacra, entre dos mil y tres mil.
“Es de todos los peruanos”, fueron las palabras que dio Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva (BCR), sobre la aprobación de la licencia de construcción del Proyecto Tía María, una semana antes de que esto ocurra.
En ese momento, Velarde sostuvo que una minería que no contamine era necesaria en el Perú y que la oposición sin argumentos y “solo por oponerse” al proyecto no tenía justificación teniendo en cuenta el impacto que esto conlleva a la economía nacional.
“Solamente para la región de Arequipa S/600 millones en pago de impuestos, US$1,400 millones en inversión y 3,600 puestos de trabajo en la fase de construcción” será el impacto directo del proyecto, explica confiado el ministro Ísmodes.
Para ponerlo en contexto, solo en el 2018 Arequipa recibió por canon S/199 millones, cifra que se vería duplicada por el aporte de canon que proyecta entregar Tía María cada año: S/270 millones según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE)
“Eso es ocho veces el canon que recibe actualmente Islay”, señala su presidente ejecutivo, Pablo de La Flor a RPP.
Comparándolo, esos doscientos setenta millones de soles superan al presupuesto anual de la Municipalidad de Miraflores, que este año recibió S/213 millones.
Pero eso llegará en unos años, cuando la mina empiece a operar. ¿Qué pasa ahora?
De acuerdo con el ministro Francisco ísmodes, desde el año pasado se ha iniciado un plan de desarrollo para el corredor al que afectará las operaciones de la mina, para reducir la desconfianza de la población frente a proyectos mineros.
“Por ejemplo, hemos identificado un proyecto de 900 millones de soles para desarrollar un proyecto de agua y saneamiento en la provincia”, comenta Ísmodes. “Islay no tiene agua y saneamiento”, agrega.
El ministro Ísmodes comenta también que el gobierno siempre ha buscado que la riqueza del subsuelo venga acompañada con bienestar en la superficie. Sin embargo, analistas reconocern que el terreno que le toca enfrentar a la empresa es complicado.
“El Estado ha estado ausente. Eso es cierto, pero esas falencias que son históricas no es excusa para que el gobierno no ejerza su principio de autoridad”, opina Raúl Ferrero, ex ministro del Mincetur, respecto de hacer respetar el otorgamiento de licencia.
Del lado de la empresa, Raúl Jacob, gerente financiero de Southern Perú, comenta que con la inversión US$1,400 millones del proyecto se podrían también realizar inversiones sociales “en combo” en agua y saneamiento, transportes, salud, educación y agricultura.
En agua, por ejemplo, 22 km de distribución primaria y secundaria de agua y un sistema integral de saneamiento así como 300 kilómetros de vías carrozables y asfaltadas.
La construcción de 7 hospitales y 17 centros de Salud, así como 183 colegios entre otros beneficios que explicó durante una reunión de la Cámara de de Comercio Peruano-Canadiense.
“El poder atraer a otros actores importantes a estas zonas donde pueden asociarse con pequeños productores y sacar productos de calidad que puedan mejorar los ingresos de esas personas le da una dinámica (a la inversión de Tía María) completamente diferente”, indicó el ex ministro de Agricultura del gobierno de Ollanta Humala, Juan Manuel Benítez, como otro de los beneficios que van más allá de explotar cobre.
Para José de Echave, las preocupaciones de los productores agrícolas de la zona son varias, pero destaca el impacto que puede traer el desarrollo de la actividad minera cerca al Valle del Tambo.
“Además, (los agricultores) saben que hay como diez empresas que tienen concesiones mineras en la provincia de Islay que podría intentar explotar”, indicó recientemente al portal Noticias Ser.
Para Diego Macera, presidente del Instituto Peruano de Economía, es necesario que todas estas dudas se despejen a través de un proceso de diálogo donde haya flexibilidad tanto del Estado, como de la empresa y las comunidades.
“Para el último estudio de impacto ambiental, por ejemplo, la empresa propuse desalinizar el agua en vez de usar el recurso del río”, comentó en el programa Quién tiene la Razón.
“Primero explicar las características del proyecto para limitar los temas de preocupación medio ambiental y si no es suficiente, de repente, tener la flexibilidad desde el Estado y de la empresa para adecuarlo a una preocupación de la población que puede ser legítima”, agrega.
Un grupo de dirigentes y pobladores del Valle de Tambo que se oponen al proyecto minero Tía María, acordaron iniciar una paralización indefinida desde el próximo lunes 15 de julio en contra del proyecto.
Esta semana, unos 500 pobladores realizaron una movilización por las calles del distrito de Cocachacra, en la provincia de Islay, y luego se reunieron para acordar la medida de protesta.
Al respecto, Pablo de La Flor, de la SNMPE, confía en que se puede llegar a obtener un diálogo. La empesa está abierta a ello.
“Hay que reconocer que hay un grupo pequeño que tiene opiniones negativas que difícilmente va a cambiar, pero en cualquier caso lo importante es la disposición de la empresa de crear ese espacio de diálogo”, comenta.
Mientras el diálogo no presente claramente los beneficios de desarrollar Tía María para las comunidades del Valle del Tambo, todo parece indicar que no se logrará avanzar en el mismo sentido.
Por el momento, el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, ha dicho que el gobierno buscará y propiciará el diálogo. El presidente Vizcarra, en cambio, no se ha pronunciado enfáticamente sobre el tema. La pelota sigue en su cancha.
El vicepresidente de Finanzas de Southern Peru, Raúl Jacob Ruisánchez, considera que el proyecto minero Tía María cuenta con un respaldo mayoritario de la población, que no es expresado abiertamente.
No obstante, dijo respetar la opinión del gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, quien reiteró que “Tía María no va”, luego de que el Gobierno de Martín Vizcarra decidió otorgarle la licencia de construcción a la compañía, con el compromiso de que esta no se ejecute hasta obtener la licencia social para el proyecto.
“Nosotros vemos que el proyecto ha avanzado muchísimo, pensamos que tiene un respaldo de lo que se llama la mayoría silenciosa, pero en fin, el gobernador tiene una posición y nosotros la respetamos”, dijo hoy Jacob Ruisánchez en RPP.
El empresario señaló que la licencia social no es un procedimiento de tipo jurídico o procesal que deba cumplirse, sino que representa el apoyo de la población al proyecto. Lo que hace falta, señaló, es resolver dudas y preocupaciones de los ciudadanos.
Asimismo, a pesar de haberse anunciado un paro indefinido en el Valle del Tambo, el vocero de la compañía sostuvo que en la zona se percibe un ambiente de tranquilidad.
“Hay un grupo de personas que tienen una posición de negativa radical al proyecto, a pesar de estar informados sobre las características y sobre los beneficios que traería a Islay y al país. Nosotros vemos que hay un apoyo bastante importante al proyecto que no se expresa. Es importante que se vaya manifestando para ver cómo vamos avanzando en este clima social”, comentó.
El otorgamiento, esta semana, a la empresa Southern Peru Copper Corporation, del Grupo México, la licencia de construcción de la mina de cobre Tía María en una zona agrícola del sur del país, ha provocado un fuerte rechazo de congresistas, autoridades locales y regionales, organizaciones de agricultores. También un llamado de la Asociación Nacional de Gobernadores Regionales al presidente Martín Vizcarra para que “imponga el diálogo” ante un posible conflicto social y un paro indefinido, convocado contra el proyecto.
La mina de Southern Perú provocó las primeras reacciones de rechazo tiempo atrás, en 2010, después de que se conociese que planeaba usar agua del río Tambo en sus operaciones, un recurso utilizado por los agricultores del valle del mismo nombre. Un organismo de Naciones Unidas contratado por el Ministerio de Energía y Minas para revisar el estudio de impacto ambiental hizo más de 130 observaciones al proyecto, lo que llevó finalmente a la empresa a desecharlo.
En 2011 y 2015 las manifestaciones ciudadanas contra el proyecto fueron enfrentadas por la Policía Nacional, que causó la muerte por disparos a siete personas en la provincia de Islay (Arequipa). Nadie ha sido sancionado ni hallado culpable por dichas muertes, de acuerdo con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, una red de más de 100 organismos de la sociedad civil.
Tras los disturbios y víctimas fatales, la empresa elaboró otro estudio de impacto ambiental en el que planteó la desalinización de agua de mar para la extracción del mineral a tajo abierto, en reemplazo del agua del río. El Ministerio de Energía y Minas lo aprobó en 2014, con vigencia hasta agosto de este año, para que en ese lapso la empresa cumpliera otro requisito: que los afectados locales aprobasen el proyecto minero, una licencia social que no consiguió.
Fuentes empresariales filtraron la noticia de que Southern obtenía la autorización para la construcción de Tía María, pero el Ministerio de Energía y Minas se negó a confirmar a la prensa dicha versión. Al día siguiente, la empresa difundió un comunicado en el que afirmaba que “Southern Peru reitera su compromiso de no iniciar la construcción del proyecto sin antes generar, en coordinación con el Ejecutivo, espacios de diálogo en los que se absuelvan las inquietudes y se den las garantías que la población necesita, a fin de lograr un contexto social más favorable”.
A diferencia de la aprobación de otros grandes proyectos mineros, esta vez ni el Ministerio ni el Ejecutivo informaron sobre Tía María. Por ello, el jefe del Estado peruano ha recibido críticas desde varios frentes, no solo de los dirigentes de la provincia donde se ubican los dos yacimientos de cobre de Tía María. Congresistas de diversos partidos políticos le atribuyen falta de transparencia, mientras que el gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres, lo ha tildado de “traidor”.
Las autoridades provinciales y distritales de Islay acordaron el miércoles iniciar un paro indefinido, en coordinación con las juntas de riego y otras organizaciones sociales. El martes por la noche el diario La República informó de que unos 400 agentes de la División de Operaciones Especiales de la Policía Nacional embarcaban desde la ciudad de Arequipa hacia los distritos de Islay que entrarán en paro indefinido. Según una reciente encuesta del Grupo Idessia realizada en la provincia de Arequipa, el 63% se opone a la licencia de construcción de la mina. Pero un segundo sondeo, hecho en septiembre del año pasado por Ipsos Perú en la provincia de Islay, situaba a un 59% a favor del proyecto.
Mariluz Marroquín, dirigente de la junta de usuarios de riego del valle del río Tambo, quiere, más que el diálogo con la empresa, que el mandatario peruano se haga presente en el valle. “Él [Vizcarra] dijo que iría. Hasta hoy sufrimos la contaminación de la fundición”, apunta en referencia a un informe de 1.500 páginas de la Contraloría, que probó en los años noventa que los humos de la fundición de otra operación de Southern Perú, en la cercana provincia de Ilo, contaminaban el valle del Tambo. Las autoridades ordenaron a la empresa resarcir a los agricultores afectados, pero nunca cumplió. El ingeniero Carlos Guillén, quien denunció a la minera ante la Fiscalía y ante un tribunal del agua en Holanda, fue asesinado en Arequipa en 1998 en circunstancias nunca esclarecidas. Antecedentes, todos ellos, que están en la memoria de los locales.
Mientras en la capital de la región, Arequipa, y en la provincia de Islay se multiplican las asambleas para organizar las movilizaciones a partir del lunes que viene, el sistema de salud ha decretado una alerta amarilla para atender a los posibles afectados por un conflicto social y se evalúa la suspensión de las clases en 178 escuelas de Islay.
“Southern, como otras empresas de la gran minería, quiebran el sindicalismo con el poder económico: ofrecen dinero fresco a los trabajadores sindicalizados, no respetan ni las huelgas ni las negociaciones, ni las multas por infracciones laborales”, critica Jorge Juárez, secretario general del principal gremio de trabajadores mineros de Perú. Sostiene, además, que Southern carece de buenos antecedentes porque viola los derechos laborales y por ello teme un nuevo conflicto social: “El 70% de los trabajadores del sector minero son tercerizados, sin ningún derecho”.
