La primera audiencia entre los abogados del Estado argentino y los representantes legales del fondo Burford (que compró los derechos a litigar del Grupo Petersen) ordenada por la jueza Loretta Preska durante el kirchnerismo, trajo buenas noticias para el oficialismo.

No sólo habrá más tiempo para no tener que pagar US$ 3000 millones, sino que además permitirá que el juicio sea utilizado para la campaña, ya que los principales implicados son nada menos que candidata a vicepresidente, la exmandataria Cristina Fernández, y el candidato a gobernador de la provincia de la Buenos Aires, Axel Kicillof, además del exministro Julio de Vido, claro.

La jueza de primera instancia del distrito sur de Manhattan tomó el pedido de la Argentina, que argumenta que el caso debe ser trasladado a los tribunales de nuestro país debido a que ya existe un juicio en curso con numerosas medidas de pruebas, iniciado por una denuncia de la diputada de Cambiemos Elisa Carrió y a cargo del juez federal Ariel Lijo, en el que se investiga un supuesto fraude en la compra de las acciones de YPF por parte del Grupo Petersen en 2008.

Tras una audiencia que se extendió por poco más de una hora, Preska decidió ayer dar unos días para que las partes presenten sus fundamentos sobre lo que la ley estadounidense denomina "forum non conveniens". Así, el Estado argentino deberá argumentar por escrito por qué no es conveniente que esta demanda prosiga en la Justicia de Nueva York y Burford por qué sí lo es.

"Se reconoce la competencia de Preska, pero ella misma va a analizar si otro magistrado puede hacer mejor el trabajo. El forum non conveniens es uno de nuestros argumentos centrales y la jueza lo va a analizar. Las partes van a contestarme sobre la cuestión con presentaciones, habrá un ida y vuelta y en unos días definirá qué hacer", señalaron fuentes oficiales al diario 'BAE'.

En resumen, destacaron, el primer careo fue positivo para nuestro país: "lo bueno es que se trató el tema de la Argentina y no se trató lo de juicio abreviado", que era el pedido que llevaba Burford.

 Ahora los representantes legales de nuestro país tendrán la posibilidad de presentar nuevos argumentos para fortalecer su postura.

De esta forma, el Gobierno continúa ganando tiempo, en medio de un escenario electoral en el que pelea voto a voto con el kirchnerismo.

Tal como publica Carlos Burgueño en 'Ambito Financiero', "el país está lejos de lograr la mudanza del caso a Buenos Aires" pero al menos "consiguió que la resolución de la jueza del Segundo Distrito Sur de Nueva York se postergue a las próximas semanas; con lo que la definición del caso demandará más tiempo que el que esperaban los demandantes de Burford y Eton. 

Para el Gobierno, la extensión en el tiempo de la causa, determinará que la decisión final demandará varias semanas más y que el capítulo del juicio YPF en Nueva York también podrá ser utilizado en la campaña electoral; dado que los dos principales actores de la operación de reestatización de YPF son hoy de los principales candidatos de la oposición: la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ex ministro de Economía Axel Kicillof". 

El lunes la Argentina había presentado un escrito ante Preska en que afirmaba que el acuerdo entre Repsol y el Grupo Petersen por la compra de acciones de la petrolera entre 2008 y 2011 es de "naturaleza impropia" y causó daño al Estado y al pueblo argentino.

El Gobierno sostiene que Petersen es una empresa ficticia española formada y controlada por ciudadanos argentinos "que entró en un conjunto muy dudoso de acuerdos evidentemente falsos para adquirir sus acciones de YPF", por lo que "deberían ser anulados ab initio".

El pedido de nuestro país de trasladar el juicio a los tribunales argentinos ya fue rechazado a fines de junio por la Corte Suprema de Justicia de USA.

A principios de 2019, la defensa argentina perdió el primer round de la batalla legal con Burford. Frente al reclamo económico del hedge fund, los abogados de la Procuración y de YPF plantearon que la reestatización fue un hecho soberano del Estado que está contemplado en el artículo 17 de la Constitución Nacional, en la Ley de Inmunidad Soberana Extranjera y en la Ley 26.741 (de Expropiación de YPF). En rigor, no discutieron directamente la jurisdicción del caso, sino la naturaleza del Derecho que está en juego. Preska sostuvo, en cambio, la posición de Burford, que alegó que la expropiación le produjo un perjuicio de índole comercial. De nuevo, lo que se discutió en esa primera contienda fue la naturaleza del derecho que estaba involucrado y no la jurisdicción, por más que, en los hechos, lo que estaba en juego era dónde correspondía litigar. 

"Se trató si el reclamo era judiciable o no. La Justicia norteamericana se inclinó a favor de Burford", resumió un abogado cercano a la Procuración, al sitio 'EconoJournal'.

Ayer la comitiva local estuvo integrada por el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías y Fabián 'Pepín' Rodríguez Simón, director de YPF y hombre de confianza de Mauricio Macri y por abogados del estudio Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom.

Si Preska falla a favor de la Argentina, los autos viajarán hasta un tribunal federal de Buenos Aires. Si lo hace en línea con lo que quiere Burford, la causa seguirá en Estados Unidos. En cualquier caso, el juez que dirima el asunto deberá hacerlo en base a las leyes y a la regulación argentina. Si la jueza neoyorquina decide continuar el juicio en territorio estadounidense se materializará un hecho infrecuente: un magistrado de Estados –formado en base al derecho sajón del common law– deberá aplicar sentencia sobre la base del sistema legal argentino, que se apoya en el derecho codicado. 

Desde 2015 Burford lleva adelante una demanda contra el Estado argentino por supuesto incumplimiento del estatuto de YPF al realizarse la expropiación del 51% de las acciones de la compañia durante el gobierno de Cristina Kirchner, en 2012.