El presidente de Chile, Sebastián Piñera, presentó una serie de modificaciones al proyecto de ley presentado a principios de este año que establecería multas más severas y tiempo de cárcel por violaciones graves de las normas ambientales del país.
Por su parte la ministra de de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, espera alcanzar la aprobación del nuevo Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) en 2020
La ley propuesta convertiría en un delito engañar a los inspectores ambientales u obstruir el cumplimiento de las regulaciones ambientales en el principal país productor de cobre del mundo.
Como parte de las enmiendas, el gobierno ha triplicado las multas relacionadas hasta $ 215,000 de un límite anterior de $ 70,000 y también definió el alcance de lo que se consideraría un daño ambiental.
El tiempo en la cárcel se ha mantenido en un máximo de dos meses.
La nueva ley también capacitaría a las autoridades locales y regionales para supervisar más de cerca los esfuerzos de mitigación de los proyectos que tienen el potencial de representar amenazas ambientales graves.
La mayoría de los delitos ambientales en Chile actualmente son manejados por tribunales civiles o ambientales, o a través de acuerdos extrajudiciales con reguladores.
El ex fiscal del Ministerio de Medio Ambiente, Jorge Cash, dijo que si bien los cambios apuntan en la dirección correcta, solo se aplican a las empresas y no a sus principales ejecutivos.
"La ley propuesta carece de medios para atribuir la responsabilidad penal a los gerentes", dijo Cash en La Tercera . "Sin eso, los ejecutivos más afectados son los intermediarios, no los decisores".
Chile tiene una historia de imponer fuertes multas a los mineros que violan las regulaciones ambientales. En 2015, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) ordenó a Lumina Copper que pagara $ 11.9 millones por las infracciones a las disposiciones establecidas en su permiso de minería, incluida la falta de implementación de medidas de mitigación para evitar la contaminación de los suministros de agua subterránea
En ese momento, era la segunda multa más alta que la SMA había impuesto desde su creación en 2012.
La penalidad más grande hasta ese momento ($ 16 millones) se emitió en 2013 a la mina de oro y plata Pascua Lama de Barrick Gold (TSX: ABX) (NYSE: GOLD).
La iniciativa enmendada tendría que aprobar ambas cámaras del Congreso de Chile antes de convertirse en ley.
El proyecto superó el primer trámite parlamentario la semana pasada, cuando la comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar la reforma. Ahora, los miembros de la comisión pueden ingresar indicaciones u observaciones al proyecto hasta el 18 de julio.
El gobierno chileno espera que la reforma del sistema de evaluación ambiental de proyectos se apruebe durante el 2020. El debate para aprobar el proyecto será más largo de lo que querría el gobierno de Chile, dijo la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, en una entrevista en el programa Pauta Bloomberg. El Ejecutivo quiere dar “suma urgencia” a la ley de reforma del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, conocido como SEIA.
“Lo que tenemos hoy día es un sistema que tiene trabas muy importantes y genera incertidumbre, los plazos se alargan infinitamente, las comunidades no se sienten escuchadas”, dijo Schmidt. “El proyecto se hace cargo de estos tres problemas”.
La licencia ambiental es un permiso clave para las compañías que operan algunas de las minas de cobre y litio más grandes del mundo en Chile. El presidente Sebastián Piñera ganó las elecciones en 2017 con la promesa de reducir el número de permisos necesarios para abrir nuevas minas y para ampliar operaciones existentes. También prometió acortar los tiempos de aprobación de los permisos, y desvincular decisiones polémicas de la política.
El proyecto superó el primer trámite parlamentario la semana pasada, cuando la comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar la reforma. Ahora, los miembros de la comisión pueden ingresar indicaciones u observaciones al proyecto hasta el 18 de julio, dijo Schmidt.
Después el proyecto será debatido en la comisión de Hacienda y en la sala de la Cámara de Diputados antes de comenzar un proceso similar en el Senado. El Consejo Minero, que representa a grandes mineras como Codelco, Antofagasta Plc. o BHP Group Ltd. Chile, dijo en diciembre que la reforma requerirá mucho trabajo por parte del gobierno, dado que no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras.
Aprobarlo en dos años, es decir, a finales de 2020, sería “un exitazo”, dijo su presidente Joaquín Villarino. La propuesta del gobierno ya ha suscitado críticas por parte del presidente de la comisión, Félix González, que es también el Presidente del Partido Ecologista Verde de Chile. González avisó que las discusiones serán complicadas y pedirá que la ley obligue a celebrar plebiscitos vinculantes sobre los proyectos. “Hacer plebiscitos para todas las decisiones no es admisible”, dijo Schmidt.
Bajo el proyecto del gobierno “todas las empresas pueden realizar procesos de participación ciudadana, pero no es obligatoria”. Otro punto en el debate es la eliminación del comité de ministros que aprueba o rechaza proyectos en última instancia cuando las comisiones técnicas no adoptan una decisión clara. El gobierno propone eliminar este comité y dejar la decisión final en manos de comisiones regionales formadas por técnicos. “Se elimina el comité de ministros porque era altamente polémico”, dijo. “El 87% de las decisiones terminaban siendo judicializadas”
