Ya fue una maldición para el Gobierno de Bachelet, llevándose a los ministros de Hacienda y Economía. Actualmente es un problema para Piñera, porque el controlador de Andes Iron es su amigo Carlos "Choclo" Délano y, además, puede empañar la cumbre COP25 que, precisamente, tratará sobre la preservación de los océanos, mientras la institucionalidad tramita la aprobación de la minera que –según ambientalistas– dañaría de forma irreparable la vida marina en la zona.
Todo está en manos de la Corte Suprema, que debería entregar su sentencia a fines de julio o durante la primera semana de agosto. Mientras tanto, de acuerdo a fuentes cercanas, La Moneda haría esfuerzos para dilatar cualquier decisión institucional hasta después de la cumbre sobre cambio climático.
El Presidente Sebastián Piñera se instaló el junto a su esposa, Cecilia Morel, y los ministros de Ciencia, Andrés Couve, y de Educación, Marcela Cubillos, en el sector de Punta Colorada, comuna de La Higuera en la Región de Coquimbo, para observar el eclipse total de sol, en la que fue bautizada como la zona cero para ser testigo del fenómeno astronómico.
La Higuera también es el punto neurálgico de otro asunto que mantiene preocupado al Gobierno: el proyecto minero Dominga, para extraer hierro y cobre y que por estos días espera un fallo decisivo desde la Corte Suprema, que podría confirmar el rechazo que se decretó en su contra en agosto de 2017 o devolver su tramitación a alguna de las instancias que contempla la institucionalidad ambiental. Pero las cosas desde hace dos años a la fecha han cambiado. Si antes, en el Gobierno anterior, los gestores el proyecto hacían gala de una relación fluida y constante con La Moneda, hoy cercanos a la iniciativa sostienen que los puentes con el Ejecutivo estarían cortados.
La última iniciativa en que directamente participó La Moneda en favor del proyecto, ocurrió cuando, en mayo del año pasado, José Ramón Valente, entonces ministro de Economía, incluyó a Dominga entre los proyectos que integran la oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS). Esa intervención, lejos de ayudarlos los complicó, por lo que hoy cercanos Dominga lo reconocen como “una torpeza” del exministro, hoy a cargo de la Fundación Chile. El mejor escenario es pasar sin bulla.
En adelante, y sobre todo a meses de que se desarrolle la Conferencia de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (COP25), Piñera y el Gobierno han esquivado el bulto, algo parecido a un "fierro caliente" que nadie quiere tomar, pero que muy probablemente se vean obligados a enfrentar cuando la Corte Suprema, a fines de julio o durante la primera semana de agosto, emita su fallo respecto de los seis recursos de casación que las organizaciones ambientalistas, agrupadas en la Alianza de Humboldt, presentaron en contra de la sentencia del Tribunal Ambiental de Antofagasta.
Esta resolución, de abril de 2018, obligaba a que el proyecto volviera a ser tramitado en la Comisión de Evaluación Regional de Coquimbo. Un triunfo de la empresa que había perdido en esa instancia, y antes en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y, posteriormente, en el Comité de Ministros, en agosto de 2017. Precisamente este capítulo es el que dejó la mayor cantidad de heridos en el camino. Después de conocida la resolución, renunciaron al gabinete de Bachelet los ministros de Economía, Luis Felipe Céspedes, y de Hacienda, Rodrigo Valdés.
Y una pesadilla similar se cierne sobre el actual Gobierno. Esto, porque después de que Andes Iron, gestora del proyecto, apelara a la decisión, el Tribunal Ambiental con su resolución mantuvo con vida a la minera. Pero las organizaciones que conforman la Alianza de Humboldt apelaron con el fin de que el proyecto no se lleve a cabo y de esa manera proteger la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, un enclave invaluable de diversidad marina. Los seis recursos de casación fueron acogidos a trámite por el máximo tribunal del país. Y entre los escenarios probables, se manejan tres.
El primero y más esperado por las organizaciones ambientalistas es que la Suprema acoja los recursos y el proyecto sea rechazado definitivamente. Esta posibilidad significa el fin de la iniciativa que impulsa Andes Iron, ligada al empresario Carlos Alberto Délano, dueño del grupo Penta.
Otra posibilidad es que la Corte decida ratificar la decisión del Tribunal Ambiental y el proyecto deba volver a tramitarse en la Comisión de Evaluación Regional de Coquimbo, donde las posiciones están fuertemente divididas entre los que apoyan dicho proyecto como una palanca de desarrollo y quienes lo rechazan al menos en su estado actual, que –según han afirmado– no tiene consideración alguna con los efectos que provocaría en el ecosistema de la zona y en las comunidades que viven de los recursos marinos. Un tercer escenario posible es que la Corte decida una casación de oficio y ordene devolver el proyecto a alguna etapa intermedia, que puede ser antes de la Comisión de Evaluación Regional, como, por ejemplo, el Sistema de Evaluación Ambiental.
En cualquiera de estos dos últimos casos, se trataría de buenas noticias para Andes Iron, aunque tenga que empezar a tramitar todo desde cero. Porque ninguna de las decisiones que se tome significa que el proyecto Dominga sea aprobado. Sin embargo, cercanos a la iniciativa reconocen que significaría “abrir la cancha” para dejarlos entrar de nuevo.
Pero igualmente, en cualquiera de los casos, Dominga sigue siendo un fierro caliente. En la empresa trabajaron con fuerza para que el proyecto fuera aprobado en el Gobierno anterior, antes de que pudiera asumir Sebastián Piñera. La cercanía con el Presidente es un problema desde todo punto de vista. El actual Mandatario es un antiguo amigo de Carlos Alberto Délano, gestor del proyecto. Además, a través de Bancard, la sociedad ligada a la familia del Jefe de Estado, este figuraba como “inversionista temprano” de la iniciativa, cuando era titular de algunos terrenos donde se emplazaría la minera. Por eso es que en el Gobierno no quieren aparecer ni cerca del proyecto.
"Creemos que por las características del actual Gobierno y por la relación que tiene el Presidente Piñera con el desarrollador del proyecto, que es Andes Iron, una empresa de Carlos Alberto Délano, sí podría convenirle a la compañía este nuevo escenario", dice Marcela Rey, abogada de Geute Conservación Sur. Para ella y otros abogados al tanto del proceso, hay una expresión práctica de que las condiciones cambiaron con esta administración gubernamental y que se pueden torcer a favor de la empresa.
"El SEA siempre va a la Corte Suprema para defender la postura institucional si un proyecto ha sido rechazado (o aprobado). Pero en este caso, justo hubo un cambio de Gobierno y el Servicio de Evaluación Ambiental, sencillamente, no concurrió a la Corte Suprema y acata una cosa que va en contra de todo lo que había sucedido anteriormente. Esto fue totalmente con posterioridad al cambio de Gobierno, ya que el SEA estaba hasta ese momento defendiendo su criterio en el Tribunal Ambiental. Hay muy pocos casos en que el SEA no sostiene o no intenta defender sus decisiones en instancias judiciales posteriores y hasta la Suprema.
Como, por ejemplo, Río Cuervo, en que la empresa retiró el proyecto, pero casos como estos, es inédito. Entonces es un muy mal indicio y la política permea un ámbito técnico, lo que no debería ser”, explica la abogada que participó en los alegatos en el máximo tribunal. Interferencia total Para Ezio Costa, abogado de FIMA y que también participó de los alegatos, la tendencia que demuestra el cambio de mano en el Gobierno es que definitivamente el Ejecutivo está interviniendo en la institucionalidad ambiental. Y un escenario de nueva tramitación podría favorecer a la empresa.
"Es una lástima lo que está haciendo este Gobierno respecto de algunos proyectos, porque está interfiriendo en la institucionalidad ambiental de manera abierta. Lo está haciendo en el caso de Mina Invierno ahora, en que los subsecretarios de Economía y Hacienda han salido a defenderlos, perdiendo absolutamente la objetividad que un funcionario público tiene que tener respecto de un procedimiento que está en curso.
Y la GPS ha incluido una serie de proyectos, que son resistidos por las comunidades, como proyectos prioritarios, de nuevo perdiendo toda la imparcialidad que un Gobierno debiera tener" Y añade Costa: "No sería raro que haya un empuje político para el proyecto Dominga, como ha habido para otros proyectos, sin importar los impactos sociales y ambientales que tienen. Esa oficina de sustentable es un lugar solo para impulsar grandes inversiones, pero que no tiene ninguna variable de sustentabilidad al analizar dichos proyectos", afirma el abogado, que también coincide en la extrañeza de que el SEA no haya ido a la Suprema para defender su decisión inicial sobre la iniciativa. “Creemos que esto tiene que ver con la voluntad política de sacar adelante el proyecto, que los llevó a incluirlo en los proyectos priorizados de la oficina de Gestión de Proyectos Sustentables del Ministerio de Economía (GPS)" , insiste.
Pero no es tan fácil para el Gobierno dejar que corra la institucionalidad ambiental, por muy independiente que se demuestre su accionar. En diciembre, Chile será sede de la COP25 y no se vería bien que, mientras Piñera en su discurso apuesta por la protección del medioambiente y especialmente de los océanos, paralelamente se esté tramitando un proyecto que puede lesionar gravemente una delicada área de diversidad marina. Por eso, cercanos al proceso estiman que, de volver a tramitación, el Gobierno va a hacer esfuerzos para dilatar cualquier decisión institucional hasta después de la cumbre sobre cambio climático.
El proyecto minero-portuario Dominga es una amenaza que no puede oscurecer la región ni transformarla en una nueva zona de sacrificio. Como país sede de la próxima COP25, además, sería una contradicción enorme para el Gobierno aparecer dando explicaciones del que amenaza con ser el gran eclipse medioambiental de la Región de Coquimbo", apunta Matías Asún, director para Chile de Greenpeace. Por mientras, la compañía concentra todos sus esfuerzos en convencer de las ventajas de su proyecto a la comunidad de residentes en la zona y en demostrar que se trata de una iniciativa sustentable que considera planes de manejo para no afectar la fauna marina. Entre otras acciones, se han organizado viajes al sector del proyecto donde la firma paga la alimentación de los vecinos mientras explica el alcance de la iniciativa, en paralelo a una profusa campaña de publicidad en los medios regionales.
“La empresa ha hecho una campaña comunicacional, y un poco del terror, enorme. Por ejemplo, los camiones aljibe que reparten agua tienen propaganda de Dominga, llevan años haciendo ferias laborales y tenemos conocimiento de que han presionado a las municipalidades. Se ha transformado en una cosa muy política. Pensamos que dar curso a un proyecto así, con una mala línea de base en un hotspot de biodiversidad a nivel mundial, podría causar un daño tremendo a la costa y mar de la región para siempre", puntualiza Marcela Rey. Desde la empresa mantienen una política de estricto silencio mientras el proyecto se mantenga judicializado. Todo está en manos de la Tercera Sala de la Corte Suprema, donde la sentencia ya estaría en acuerdo.
