En los próximos años, la economía enfrentará la millonaria consecuencia de no haber empezado varios proyectos mineros. No llevar a cabo Tía María implica dejar de recaudar US$1.688 millones.
La demora del gobierno en otorgar el inicio de construcción al proyecto Tía María pone nuevamente en debate el impacto de la minería sobre la economía peruana.
Por ello, la Unidad de Análisis Económico de El Comercio ha calculado la evolución de la producción nacional minera en dos escenarios: uno hipotético, en el que seis proyectos se realizan según el calendario previsto a inicios del 2011; y otro revisado, en el que la fecha de cinco de ellos es la que figura hoy en la revisión del 2018 (porque nunca empezaron), mientras que en el caso de Tía María, cuyo estudio de impacto ambiental (EIA) está por caducar, se ha considerado su no ejecución. Este es un escenario extremo, ya que, como señala Guillermo Shinno, ex viceministro de Minas, “técnicamente no falta nada y aparentemente la empresa ya cumplió con todo”.
Los proyectos que han demorado en iniciarse y que se han considerado son, según el valor presente de su producción esperada, La Granja (US$70.193 millones), Río Blanco (US$22.107 millones), Pampa de Pongo (US$18.724 millones), Galeno(US$18.583 millones) y Corani (US$6.476 millones).
Fuente: MEM
Elaboración: Unidad de Análisis Económico
Para estimar el costo para el país de la demora de la puesta en marcha o la cancelación de proyectos mineros, se ha valorizado su producción a precios del 2018. La producción se ha estimado considerando la vida útil de la mina y los volúmenes anuales, según detalla la más reciente Cartera de Proyectos de Construcción de Mina, actualizada a octubre del 2018.
Luego se ha supuesto que cada proyecto entraba en marcha en las fechas previstas a inicios del 2011. Y para calcular el retraso se ha comparado con lo anunciado en la reciente revisión del Ministerio de Energía y Minas.
Por ejemplo, en el caso de Corani (Puno), se esperaba inicialmente que entre en operaciones el año 2014, pero ahora se espera que ello ocurra en el 2022. Esto implica un retraso de 8 años. Para los proyectos sin fecha cierta de inicio de operaciones, se ha supuesto que se pondrían en marcha a inicios del 2023, por lo que los costos efectivos de la demora en los proyectos podrían ser incluso mayores a los aquí presentados.
Una vez estimados los flujos de producción, se comparan las dos series y se actualizan a valor presente utilizando una tasa de descuento anual de 5%. La diferencia entre los valores presentes así calculados es el costo de la demora. En el caso de Tía María se ha desarrollado el caso en que el proyecto no se realiza.
Como destaca Carlos del Solar, ex presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, “en este momento es un problema de gobierno. Si ese proyecto [Tía María] no sale, va a afectar el futuro del país tremendamente y el de las inversiones en general”.
Yendo más allá, no haber iniciado los proyectos según el cronograma original tendrá un impacto negativo para el país equivalente a 3,4% del PBI en el quinquenio 2020-2024. Dado que un punto adicional de crecimiento genera alrededor de 44.150 empleos adicionales, no implementarlos implica que no se crearán 750.000 empleos en los próximos cinco años.
El impacto de haber diferido los proyectos sería positivo a partir del período 2035-2039, ya que la vida útil de la mayor parte de ellos –con excepción de La Granja, que es de 40 años– es de 20 años o menos, con lo cual hacia ese período habrían dejado de producir si hubieran empezado operaciones en el 2014. Su demora implica mayores niveles de producción en años posteriores.
¿Cuál es el impacto fiscal de esta demora? Considerando la carga tributaria promedio de la minería, según información de la Sunat (alrededor de 13,5% de sus ingresos brutos), no realizar Tía María implicaría que el Estado deje de recaudar un valor presente equivalente a US$1.688 millones. Asimismo, la postergación de los otros cinco proyectos ha reducido el potencial de recaudación fiscal en US$8.120 millones. En total, se dejarían de recaudar US$9.808 millones.
Este monto equivale a más de dos veces el presupuesto de inversión en transporte para el 2019 o una red de carreteras que cubra 6,5 veces la distancia Tumbes-Tacna.
