El subsecretario de Calidad Ambiental en la Minería de Ecuador, Carlos Velasco, afirmó que el país se encuentra inmerso en un "boom minero" y que el Ejecutivo lucha para poner coto a la actividad ilegal y resguardar el entorno.

"Estamos en un boom minero, esa es una realidad que está en el país, que es latente y como Ministerio del Ambiente nosotros siempre precautelaremos los derechos de la naturaleza", indicó el alto funcionario ambiental.

Sus declaraciones se producen en momentos en que las fuerzas de seguridad coordinan un operativo contra la minería ilegal en el norte del país, en donde han sido desalojadas cerca de 1 200 personas de la considerada como la mina de oro más grande de Latinoamérica.

A finales de 2017 se difundió la existencia de este yacimiento aurífero en la parroquia La Merced de Buenos Aires, en la provincia de Imbabura, y mineros de todos el país acudieron en masa, duplicando y hasta triplicando una población local dedicada al sector agrícola y ganadero.

El caso de Imbabura es uno de los más elocuentes del último año, aunque abundan otros similares por todo el país, y ha llevado a la declaración del estado de excepción en la zona a fin de permitir la continuación del operativo y que los desalojados no regresen a la explotación.

Velasco indicó que lo sucedido en esa mina "es un problema social que tiene que ser visto también desde lo ambiental", y precisó que su ministerio interviene en los procesos de regularización ambiental de la actividad así como en los de control.

"Hoy no estamos en tiempo de decir si queremos o no minería, estamos ya con la minería en el país y hay que afrontarla de la mejor manera y aunar esfuerzos de todos los ministerios para que estos problemas sociales no ahonden más", recalcó.

Hace unos años, Ecuador tipificó la actividad ilegal como un delito que soslaya los recursos del Estado y desde entonces ha tomado medidas para prevenirla, con operaciones periódicas de los organismos de seguridad. Ecuador trata de fomentar la minería como motor de desarrollo nacional y espera que su contribución al PIB salte del 1,25% en 2017 a más del 4% en 2021. En 2018, su aporte fue del 1,6. Los productos mineros representaron más del 50% de las inversiones de 2018, lo que supuso 742 millones de aporte, según el Ministerio de Finanzas.

El funcionario de Ambiente insistió en que lo importante es que los proyectos mineros y petroleros sean regularizados y transparentes. "Cuando lo pones en la palestra del Estado, se le pueden cobrar impuestos a la empresa, pedir regalías, hacer contratos que sean beneficiosos para el país, una forma de conjugar la minería responsable es formalizar", indicó.

Un segundo aspecto fundamental para combatir esta actividad soterrada del marco legal es que las empresas se sometan a las leyes ambientales ecuatorianas y "den un paso más allá y sean proyectos socialmente justos, técnicamente amigables con el ambiente y protejan especialmente a las poblaciones que están en el área de influencia".

Por otro lado, dio a conocer que su Cartera elabora un Mapa Minero Ambiental, donde queden plasmados los proyectos mineros y quede constancia del cumplimiento de la legislación que impide la actividad en el sistema nacional de áreas protegidas y núcleos urbanos. "Está en preparación en este momento y como siempre ha sido nuestra política, transparentaremos ese mapa para que lo conozca la ciudadanía, las organizaciones y vean cuáles serán los sitios donde el Ministerio de Minería podrá dar sus concesiones mineras", indicó.