LUIS ALBERTO MORENO
Recientemente anunció que alcanzará la neutralidad de emisiones de gases de carbono para el 2050
Los Gobiernos de América Latina y el Caribe han superado muchos desafíos en las últimas décadas, pero el cambio climático podría representar la mayor amenaza jamás conocida en nuestra región. Desde huracanes en el Caribe, a incendios forestales récord en el Cono Sur, nuestros países ya están lidiando con todo tipo de dificultades. De hecho, muchos de nuestros ciudadanos ven al cambio climático como el mayor desafío que enfrentamos.
En diciembre Chile será anfitrión de la 25ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, conocida como la COP25, donde pedirá a los demás países que adopten metas más ambiciosas que las que fueron acordadas en París en el 2016. Esto es necesario porque la amenaza se está volviendo más inminente.
A fines del año pasado, bajo el auspicio de la ONU, un grupo de científicos lanzó un informe donde advertían que, a menos que hagamos mayores esfuerzos, las temperaturas medias aumentarán más de 1,5 grados para el 2040.
Tal alteración podría desencadenar grandes inundaciones en nuestra región, desplazando poblaciones, destruyendo ecosistemas y aumentando la pobreza. Por eso es hora de que más países sigan el ejemplo de Chile y tomen pasos concretos hacia el desarrollo sostenible.
Este país reformó sus marcos legales y regulatorios para atraer inversión privada al desarrollo de fuentes de energía renovables no convencionales, como la solar y la eólica. Como resultado, el porcentaje de electricidad proveniente de esas fuentes creció de 5% en el 2009 a 18% el año pasado, llegando muy cerca de la meta del 20% cinco años antes de lo previsto. Para combatir la contaminación del aire en Santiago, el Gobierno creó incentivos impositivos para reducir las emisiones de dióxido de carbono en el transporte público. Hoy la capital cuenta con una flota de 200 autobuses eléctricos como parte de un plan para que 80% de sus autobuses funcionen a baterías para el 2022.
Este tipo de pasos son cruciales para alcanzar nuestras metas climáticas. Según la ONU, si todos los vehículos en las 22 mayores ciudades latinoamericanas fuesen eléctricos, para el 2030 nos ahorraríamos 64.000 millones de dólares (56.640 millones de euros) en costos de combustibles y evitaríamos que 300 millones de toneladas de dióxido de carbono entraran a la atmósfera.
Podemos y debemos hacer mucho más. Hay fondos de pensión que están comenzando a privilegiar las inversiones con impactos social y ambientalmente favorables. Por ahora, representan menos de 0,2% del volumen global de ahorros gestionados en mercados financieros, pero eso también implica que hay amplio margen para crecer. Tan solo en el sector transporte, nuestra región ofrecerá oportunidades de inversión por unos 395.000 millones de dólares (349.575 millones de euros) hasta 2030, según la Corporación Financiera Internacional. Para llegar a tal escala, las inversiones con impacto deberán superar su actual nicho.
Con ese fin, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha elaborado un marcopara ayudar a los países a atraer más recursos privados a proyectos de infraestructura sostenible. Ya estamos trabajando con las autoridades chilenas para aumentar la oferta de inversiones alternativas, como el bono verde.
El BID ayudó a obtener la certificación verde de ese bono, de 1,4 mil millones de dólares (1,24 mil millones de euros). La baja tasa de interés (3,53%) y la alta demanda (12 veces más que el monto ofertado) muestran que, si los gobiernos ofrecen opciones de inversiones sostenibles, los mercados los apoyarán. De hecho, pocos días después, Chile lanzó otro bono verde en euros. Esto es un éxito, no solamente para este país, sino para el resto de la región que también quieren hacer más para proteger nuestro medioambiente.
No es fácil lidiar con el cambio climático. Pero Chile está demostrando que es posible atender necesidades humanas de corto plazo a la vez que protegemos al planeta para futuras generaciones.
