"Luego de escuchar a los diferentes actores que asistieron a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados decidimos ingresar un nuevo proyecto que recoge estos planteamientos”, señaló la ministra Schmidt.
El Gobierno ingresará al Congreso un nuevo proyecto de modernización del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), según informó la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt.
“Luego de escuchar a los diferentes actores que asistieron a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados decidimos ingresar un nuevo proyecto que recoge estos planteamientos”, señaló la ministra.
Agregó que “con este nuevo proyecto, buscamos fortalecer la descentralización en la toma de decisiones, potenciar la mirada técnica del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y generar un acceso igualitario a la justicia en materia ambiental,además de fortalecer los procesos de participación ciudadana dentro de la tramitación. De esta forma, se avanzará en la tramitación de un proyecto que genere mayor consenso”.
Explicó que el proyecto busca aumentar el componente técnico de las decisiones y entregar certeza jurídica, disminuyendo el componente político.
Para eso, se propone la eliminación de la reclamación ante el Comité de Ministros o el director ejecutivo del SEA, haciendo más eficiente el proceso, reemplazándolo por un recurso de reclamación judicial ante los tribunales ambientales, para que sean estos órganos especializados los que resuelvan estas controversias.
Con esto, añadió la ministra, se descentraliza la toma de decisiones, fortaleciendo el poder de las regiones al establecer a las comisiones regionales como la instancia final de decisión administrativa y eliminando el comité de ministros
Además, la iniciativa amplía la participación ciudadana a todos los procesos de evaluación, y no estará circunscrita sólo a los estudios de impacto ambiental (EIA) o declaraciones de impacto ambiental (DIA) con cargas ambientales.
Asimismo, se incorpora la obligación del SEA de contar con una oferta de programas y cursos gratuitos para la comunidad que promuevan y faciliten la participación ciudadana en la evaluación de proyectos en el SEIA, entre otros.
“Para cumplir con los objetivos anteriores, presentaremos un nuevo proyecto de ley acotado que nos permitirá avanzar en el perfeccionamiento del sistema, en aquellos temas en los que hay mayor consenso”, concluyó la ministra del Medio Ambiente. publicó El Dinamo
Dieciséis proyectos de inversión siguen a la espera de ser evaluados por el Comité de Ministros, los cuales suman en total US$8.182 millones. El 69% de ellos se encuentra bajo análisis técnico y jurídico por parte del Servicio de Evaluación Ambiental, entidad dependiente del Ministerio de Medio Ambiente. Sólo dos de los proyectos cumplen con la totalidad de sus estudios para ser sometidos a votación.
Una profunda reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental es la que pretende llevar a cabo el gobierno por medio de un proyecto de ley que será presentado dentro de los próximos días al Parlamento. La iniciativa propone eliminar la Consulta Ciudadana Anticipada (PACA) junto al fortalecimiento de las decisiones regionales, pero el ajuste más significativo es la eliminación del Comité de Ministros.
La instancia presidida por el titular de Medio Ambiente –actualmente, la ministra Carolina Schmidt– reúne a los ministerios de Salud, Economía, Agricultura, Energía y Minería, y tendría sus días contados. Su fin genera un consenso transversal entre expertos que asesoran a grandes empresas y representantes de organizaciones no gubernamentales. A lo largo de los años, las resoluciones del Comité de Ministros no han estado exentas de polémica, como ocurriera en los casos de Central Termoeléctrica Punta Alcalde y el proyecto minero portuario Dominga.
El objetivo del Ejecutivo es que el término del Comité de Ministros sea de manera progresiva, ya que de recibir el visto bueno del Congreso, la instancia seguiría reuniéndose hasta evaluar el último de los proyectos de inversión que ya están en carpeta.
La Tercera PM accedió al listado de 16 proyectos de inversión que siguen a la espera de ser evaluados por el Comité de Ministros, los cuales suman en total US$ 8.182 millones. El 69% de ellos se encuentra bajo análisis técnico y jurídico por parte del Servicio de Evaluación Ambiental, entidad dependiente del Ministerio de Medio Ambiente.
Sólo dos de los proyectos cumplen con la totalidad de sus estudios para ser sometidos a la instancia administrativa. Se trata del proyecto minero Quebrada Blanca Fase 2 de la Compañía Minera Teck y la Central Hidroeléctrica de Pasada El Rincón de Ingeniería y Construcción Madrid. Ambos consideran una inversión total de US$ 5.000 millones y US$ 24 millones, respectivamente.
La pasada reunión del Comité de Ministros del 30 de mayo, el megaproyecto de la minera canadiense en la Región de Tarapacá se encontraba dentro de las iniciativas que serían analizadas. Sin embargo, en una medida de último minuto se postergó su revisión para la próxima sesión. Comunidades indígenas aymaras cuestionan el impacto que tendrá el proyecto en vertientes de agua cercanas a la operación.
Por otro lado, dos iniciativas que al igual que las anteriores están a la espera de resolución del Comité de Ministros mantienen suspendida su tramitación debido a la judicialización. Se trata del Proyecto Plan de Expansión Chile LT 2X500KV Cardones Polpaico de Interchile S.A y la Central Ciclo Combinado Los Rulos de Cerro el Plomo S.A. En su conjunto, dichos proyectos contemplan una inversión total de US$ 1.594 millones.
El ex Director Ejecutivo del SEA, actual Socio Director en GestiónAmbiental Asesores, Jorge Troncoso, valoró los cambios propuestos por el gobierno. “Me parece del todo razonable que se persista en eliminar el Comité de Ministros y en dejar atrás la absurda idea de quitar atribuciones al SEA a cambio de generar la instancia de las Macrozonas”, sostuvo.
“A mi juicio, así como se elimina el Comité de Ministros, también debieran ser eliminadas las comisiones de evaluación y, definitivamente, entregar la autonomía y fortaleza técnica necesaria para que el SEA resuelva técnicamente la evaluación ambiental en Chile, sin interferencias de ningún tipo y en la circunstancia en que no se comparta la determinación de la Administración que sean los Tribunales Ambientales quienes resuelvan la controversia, tal como se debe hacer en un Estado de Derecho”, concluyó.
Cristián Franz, ex superintendente de Medio Ambiente –hoy miembro del estudio Chaves Awad Contreras Schürmann– “es una buena idea ir directo de la Resolución de Calificación Ambiental a los Tribunales Ambientales, porque si el objetivo es despolitizar el sistema, con lo cual estoy de acuerdo, el mantener el Comité de Ministros es completamente contraproducente”.
Mientras el ex Fiscal del Ministerio de Medio Ambiente, Jorge Cash, aseguró que “al parecer todo el esfuerzo de medioambiente está en la (cumbre por el cambio climático) COP25 y ya tiraron la esponja con la agenda legislativa. Esto, por cuanto lo anunciado respecto a las indicaciones a la reforma del SEIA no permiten dar por superado el problema de la susceptibilidad de afectación a los pueblos originarios que advirtió la OIT en su informe a la Cámara de Diputados”.
En tanto, el director Ejecutivo del SEA, Hernán Brücher destacó los avances en la “simplificación de trámites en la evaluación de Declaraciones de Impacto Ambiental, lo que ha redundado en bajas sustantivas en los plazos”. “Hemos avanzado en otorgar certeza jurídica, lo que se traduce en la publicación de cinco guías de evaluación en temas sensibles como proyectos inmobiliarios; otorgamiento de Permisos Ambientales Sectoriales (PAS) 136 y PAS 160, para el cambio de uso de suelo; de valor paisajístico, y sobre ruido y vibración, respectivamente”, destacó la autoridad.
Expertos y asesores de proyectos de proyectos de inversión coinciden en que las decisiones que ha tenido en los últimos años el Comité de Ministros han resultado polémicas. Entre ellas, el caso del proyecto minero portuario de Dominga en la región de Coquimbo fue emblemático, pues la decisión en esa instancia fue revertida posteriormente por el Tribunal Ambiental de Antofagasta y retrotraída a su evaluación ambiental.
En el caso de Dominga, en marzo de 2017 la Comisión de Evaluación Regional rechazó el proyecto, aún cuando el Servicio de Evaluación Ambiental recomendaba su aprobación tras tres años de evaluación ambiental. Frente a la negativa, el titular del proyecto presentó un recurso de reclamación en contra de esa decisión ante el Comité de Ministros. Esta última instancia fue citada en agosto de 2017 por el entonces ministro de Medio Ambiente Marcelo Mena con solo horas de anticipación y su par de Economía de la época, Luis Felipe Céspedes, solicitó postergar la votación alegando que no había tenido oportunidad de mirar los antecedentes. El hecho terminó con la renuncia de todo el equipo económico de la administración de Michelle Bachelet y, a la fecha, aún la Corte Suprema no se pronuncia sobre el caso.
Otra de las polémicas surgió en el primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera en relación al proyecto HidroAysén, que pretendía construir cinco centrales hidroeléctricas en los ríos Baker y Pascua en la región de Aysén. En 2013, el Comité de Ministros presidido por la titular de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, nunca resolvió el fondo de las reclamaciones en contra del proyecto y finalmente la resolución final la tomó la administración de la Presidenta Bachelet.
En aquel entonces, la primera decisión del gobierno entrante por medio del nuevo Comité de Ministros fue rechazar la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto, afirmó La Tercera.
