Los capitales mineros con intereses en la Argentina vivieron ayer su propia subida del riesgo país, al trascender el inminente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa que inició Barrick Gold, y en la que luego se sumó como co-autora el gobierno de la provincia de San Juan, para impugnar la validez legal de la Ley de Protecciones de Glaciares, aprobada en 2011.

La noticia de que el alto tribunal fallará, en forma unánime, a favor de la constitucionalidad de la norma no sorprendió al sector, pero Impactó marcadamente sobre todo en la capital sanjuanina donde monopolizó la atención de la cámara minera provincial que anoche debía sostener su reunión mensual.

Nadie podía esperar otra cosa, coincidieron diversas fuentes del sector  consultadas por Mining Press, las que describieron la decisión tribunalicia como el final de un paraguas que permitió a la minera canadiense ganar tiempo para avanzar en sus faenas mineras en Veladero, en el luego frustrado proyecto Pascua Lama y en la prospección y exploración de otras áreas mineras de su propiedad.

Pero resultaba muy difícil, sino imposible, que la Corte argentina fallara a favor de la petición de una empresa que en esta década se vio involucrada en sonados casos de connotaciones ambientales, aunque éstos no hayan tenido nada que ver con la cuestión de los cuerpos helados.

Para San Juan, que aacaba de reelegir por otros cuatros años y por amplio margen a su gobernador Sergio Uñac, la decisión cortista es una pésima noticia ya que compromete, como se ha dicho repetidamente, una decena de proyectos, poniéndolos en el centro de las resistencias de la anti minería, frente a la cual el sector público y privado no ha sabido desplegar una proactividad eficaz y conducente, más allá de los discursos de espiritu y tono federal de que los recursos naturales pertenecen a las provincias.

Toda crisis es una oportunidad, y esta lo será sobre todo para los abogados y consultores que ayer preguntaban a periodistas y operadores judiciales, al igual que sus clientes, empresas y Estados provinciales, cuál será el tenor de los votos de los jueces cortistas, en particular qué dirán sobre los artículos 2° y 6°.

Tiempos de mucho trabajo y honorarios profesionales de quienes deberán analizar una decisión que a priori se constituye como la peor de las señales para los inversores mineros que se preguntan si Argentina, envuelta en recurrentes torbellinos económicos políticos y sociales, es un ámbito seguro para enterrar capitales en el marco de su legislación glacial

La Suprema Corte ha cumplido con su trabajo, como en otros tantos contenciosos de índole socioambiental. En la minería se recuerda por estas horas el fallo que ordenó limpiar el Riachuelo, la ría hiper contaminada por efluentes, talleres y fábricas, con el que derivó a la política la difícil tarea de solucionar una espinosa cuestión con los medios a su alcance.

Precisamente en la política argentina, enfrascada hoy en la estresante recta electoral de cara a octubre, el paquete Glaciares - Minería no es para nadie una mochila gustosa de llevar. Ni para Cambiemos, cuyo gobierno concluye con sus simpatías limadas por la inflación y la pertinaz caída de la actividad minera y el empleo, ni para el peronismo opositor, lanzado a construir un frente variopinto al influjo de Fernández - Fernández. En un frente tan amplio que ha sumado incluso a referentes como Pino Solanas, adalid de la resistencia  a las explotaciones mineras. Tampoco es una agradable novedad para la dirigencia empresarial argentina que ha hecho esfuerzos para renovarse y convencer a la sociedad de que el desarrollo minero y la sustentabilidad ambiental y social pueden ir de la mano.

Cada país tiene lo que se merece, podría ser un colofón visceral para las miradas más pesimistas de estas horas. El retroceso de los cuerpos helados continentales en un proceso que excede a la República Argentina, se reproduce en todo el planeta como consecuencia de la aceleración del cambio climático, un fenómeno que divide opiniones, sobre todo a partir de la ruidosa irrupción negacionista de Donald Trump y de la conocida resistencia de la locomotora china a disminuir sus emisiones de CO2.

Un efecto rebote de esta inacabable polémica se verifica en latitudes donde se muestra débil el eslabón institucional y la vocación política por perseverar en una actividad de tiempos muy lentos de maduración. Quienes desean hacer minería en la República Argentina deberán tomar nota de este contexto, porque no existen infinitas soluciones para enfrentar estas cortapisas.

El Consejo Federal Minero (COFEMIN) que agrupa a todas las provincias con expresiones de la actividad, incluso a aquellas que en este siglo prohibieron las prácticas modernas en el segmento metalífero, debería pronunciarse en forma clara acerca de cómo impactará en el país mineral el dictamen de la Corte.
Lo mismo que la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), y las cámaras provinciales, un paisaje en el que sólo la veterana dirigencia sanjuanina de la Cámara MInera de San Juan (CMSJ) ha sabido plantar cara a la embestida, so pretexto del cuidado de los glaciares, contra el sector.

En diciembre de 2016 cuándo el gobierno nacional y la queja de las mineras lograron desactivar la iniciativa de Sergio Massa, Máximo kirchner y Axel Kicillof para restaurar las retenciones a las exportaciones, Mining press advirtió que ese mismo día se iniciaba la madre de todas las batallas por la cuestión glaciar. Dos años y medio después, esta detonación impactará en los briefs de quienes deciden cómo, cuando y donde seguir adelante en los tan comentados US$ 16.000 millones de inversión en proyectos ya maduros.

Teléfono rojo para la Secretaría de Política Minera de la Nación. Si la Ley de Glaciares es una sensación, cómo ha dicho recientemente su titular, resultará tan obvio como necesario advertirle que la economía es una materia dudosamente científica pero certeramente inspirada en la subjetividad de las expectativas.

Con sensatez, la autoridad minera ha dicho que el debate debería centrarse en el agua y su factor de reposición qué precisa cada proyecto minero. Si es así, Argentina podría mirarse en el espejo de sus países vecinos que han enfrentado la angular cuestión de la relación entre agua y minería como un tema básico y trascendental.

Pero para eso debería trabajar con tesón, con un equipo de crisis que le permita superar el ombliguismo y fragmentación, casi la quintaesencia de una cultura sectorial que le ha deparado tantos logros como frustraciones. Urgen respuestas inteligentes, generosas y esforzadas para salir de esta encerrona. Provincias como San Juan, Catamarca y Santa Cruz saben que sus fiscos y dinamismo eonómico y social no fueron, son y serán lo mismo, con y sin minería.