Este año, la Argentina fue aceptada como país miembro para la implementación del estándar EITI y una fase es la incorporación de las provincias. “Hay que empezar a ponerle proteína a la participación y generar los mecanismos”, dijo Carolina Sánchez, secretaria de Política Minera de Argentina, en referencia a que se adhieran las dueñas de los recursos.
La Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por su sigla en inglés) es una organización de multipartes creada por gobiernos, empresas y organizaciones de la sociedad civil que ofrece un estándar global para promover la gestión abierta y responsable de los recursos petroleros, gasíferos y mineros.
Así, el gobierno se compromete a garantizar la divulgación íntegra de información en toda la cadena de valor de las industrias extractivas, desde la manera en la que se otorgan los derechos de extracción hasta la trayectoria de los ingresos en el gobierno y cómo estos benefician a las comunidades. De conformidad con el estándar EITI, Argentina tiene la obligación de publicar su primer Informe en agosto del 2020.
Argentina solicitó una versión adaptada con el fin de tener en cuenta su estructura federal. Cada una de las provincias es propietaria de los recursos naturales de su territorio y está al cargo de su gestión. En consecuencia, implementará el EITI en dos fases. La primera implicará al gobierno nacional, a la empresa de petróleo y gas controlada por el Estado, al sector y a la sociedad civil, mientras que la segunda fase se centrará en las provincias.
“El primer ciclo informativo será en agosto del 2020 recién, en esa instancia podría o no pasar, yo espero que sí, que provincias decidan sumarse en cualquier momento. Si no es así, el compromiso de Argentina es que el Gobierno nacional va a divulgar toda la información que tenga y la que esté disponible oficialmente de carácter provincial. Y para el segundo ciclo informativo, que sería a dos años del primero, el directorio global del EITI le preguntará a la Argentina en qué etapa está en el camino gradual de ir incorporando provincias. Obviamente habrá un análisis de materialidad, seguramente se apunta a las provincias más relevantes en términos de recursos extractivos”, precisa Santiago Dondo, director Regional de América Latina y el Caribe en EITI.
Según Fernando Sánchez, secretario de Fortalecimiento Institucional de la Jefatura del Gabinete de Ministros, esta iniciativa “es dar vuelta la página de la historia de la relación entre las industrias extractivas y la sociedad. Todos sabemos que las industrias extractivas por su condición de agotables. y tener que hacer ciertas intervenciones. viven un tanto en tensión con la sociedad. Nos sentamos todos los sectores en una misma mesa y hacemos un compromiso que no es, ni más ni menos, que abrir toda la información. Nos está faltando una pata importante, por eso está desdoblada en dos esta iniciativa, que son los dueños legales de los recursos que son las provincias”.
“Uno de nuestros principales esfuerzos, además de poder abrir toda la información que obra en poder de las empresas y del gobierno nacional, y que puede ayudar a la sociedad civil a visibilizar, es que las provincias rápidamente pasen a formar parte de esta iniciativa. EITI no es solo para que las empresas tengan que decir, es para que los gobiernos tengan que decir qué hicieron con la plata del producido, a dónde fue a parar y con qué impacto social, cuánto pagaron de impuestos, cuánto quedó en el PBI geográfico, cuánto se distribuyó, cuál fue la prioridad, qué obligaciones tenía y cuáles se cumplieron y cuáles no”, señala el funcionario nacional.
Por su parte, la secretaria de Política Minera, Carolina Sánchez, manifiesta que “tenemos un país con muchas provincias, así que tenemos muchas instancias de negociación. Por el lado de minería, hace un año y medio se firmó un nuevo Acuerdo Federal Minero donde el principio 23 tiene que ver con transparencia. Ya hay una expresión de voluntad de participar. Pero al margen de la voluntad de participar, ahora hay que empezar a ponerle proteína a la participación y empezar a generar los mecanismos. Por eso tenemos un plan de implementación adaptada, no creemos que esto vaya a pasar de un momento a otro. Pero sí apostamos al cambio cultural y a poner en evidencia que falta voluntad para ser transparente”.
Sánchez asegura que están convencidos que EITI “no viene a resolver todos los problemas de transparencia que tenemos en la gestión de los recursos mineros o de las extractivas en general, pero es una gran contribución para ordenar nuestros esfuerzos y hacer una agenda propia de gestión”.
Por el gobierno, participan la Secretaría de Gobierno de Energía de la Nación, la Secretaría de Política Minera de la Nación, la Jefatura de Gabinete de Ministros y la Secretaría de Ingresos Públicos.
Por la sociedad civil, Fundación Directorio Legislativo, Universidad Nacional de San Martín, Universidad Católica Argentina, Fundación Cambio Democrático y Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).
En tanto que por la industria lo hacen el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas, YPF, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros y la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos.
