MARCIAL GARCÍA

“La historia no es nueva. Abundan ejemplos de proyectos paralizados por conflictos mineros pese a contar con todos los permisos”, señala el socio de Impuesto de EY

Los resultados de la última encuesta anual de competitividad minera del prestigioso Instituto Fraser de Canadá despertaron un enorme optimismo tanto en el Gobierno como en otros stakeholders del sector. No era para menos, el Perú subió cinco peldaños en el ránking que mide el atractivo de 83 jurisdicciones para la inversión minera, ocupando el puesto 14, su mejor ubicación en los últimos cinco años.

En vista de ello, el Gobierno se animó a fijar como meta estar entre los 10 primeros en el 2021. Sin embargo, esos buenos deseos chocan frontalmente con la desesperanzadora constatación de que la minería en el país se encuentra permanentemente amenazada por los conflictos sociales. Esa es la realidad. Muestra de ello son los recientes incidentes en torno a Las Bambas, que escalaron hasta niveles inaceptables. 

Más allá de las implicancias económicas del bloqueo de la vía de acceso a la mina, lo ocurrido envía un pésimo mensaje a los inversores nacionales y extranjeros. Una vez más ha quedado evidenciada la falta de capacidad para manejar protestas de este tipo y hacer prevalecer el principio de autoridad.  

En el fondo, la historia no es nueva. Abundan ejemplos de proyectos paralizados por conflictos mineros pese a contar con todos los permisos y autorizaciones. Desde Tambogrande hasta Conga y Tía María, por citar solo algunos casos emblemáticos, la misma figura vuelve a repetirse. 

La conflictividad social ha pasado a ser el principal disuasivo de la inversión minera en el país. El último informe de la Defensoría del Pueblo revela que, del total de conflictos socioambientales registrados, el 63% está relacionado a la actividad minera (75 casos). Un panorama sin duda sombrío que pone en riesgo inversiones por varios cientos de millones de dólares.

Acabar con este problema ha sido el objetivo de más de un gobierno, y si bien se han realizado esfuerzos no se han logrado resultados. No es un misterio que para conseguirlos (sin ceder ante el chantaje y la extorsión), hace falta mayor presencia del Estado en las zonas mineras, que paradójicamente son las más pobres del país. A mejores servicios públicos e infraestructura, mejor será también la calidad de vida y, consecuentemente, menores los reclamos de la población. 

Una medida que podría tener un gran impacto sería reformular el esquema de distribución del canon, pues está demostrado que tal como está, no ha funcionado. Es auspicioso que el jefe del Gabinete lo haya puesto nuevamente en la agenda nacional. Esperemos que venga acompañado de propuestas concretas para mejorar la capacidad de gestión de los gobiernos subnacionales y de candados adecuados para evitar dispendio y corrupción. 

Si no avanzamos en esa dirección, países como Chile, por nombrar un competidor directo que se encuentra en el puesto 6 del ránking del Instituto Fraser, tendrán una ventaja sobre nosotros al promover su cartera de proyectos.