GUILLERMO PRUDENCIO VERGARA

La industria de la minería pone el punto de mira en la región de Aysén en Chile, uno de los últimos santuarios salvajes de Sudamérica que esconde pinturas rupestres de hace 10.000 años y marcas naturales de hace 45.000

Desde Chile Chico, un pueblo de frontera situado a orillas del segundo mayor lago de Sudamérica, un camino polvoriento se dirige hacia el interior del Parque Nacional Patagonia, una de las áreas protegidas más recientes de Chile. El lago General Carrera, que los pueblos nativos conocían como Chelenko, es un escenario natural asombroso rodeado de cumbres eternamente nevadas. Se alimenta de los glaciares del Campo de Hielo norte, una de las grandes reservas de agua dulce del planeta.

A la izquierda, el camino va dejando cada vez más abajo el río Jeinimeni, que hace frontera con Argentina, y más allá se abre el horizonte infinito de la estepa patagónica. A la derecha se abre un paisaje sobrecogedor, surcado por cañones y coronado por infinidad de agujas de roca volcánica y cerros de colores.

Lo llaman la Quebrada Honda y en sus rocas han quedado grabadas las huellas de los primeros pobladores humanos de la Patagonia, con pinturas rupestres de 10.000 años, y también algunas páginas de la historia de la Tierra. “Hay niveles de roca que eran el fondo del Atlántico hace 20 millones de años, ahí estamos encontrando restos de arrecifes de corales, de tiburones y algunas ballenas. Otros niveles están llenos de marcas de hojas, de lo que eran bosques tropicales hace más o menos 45 millones de años”, cuenta el paleontólogo de la Universidad de Valdivia Enrique Bostelmann, que está dirigiendo excavaciones en la zona. “Tanto el patrimonio geológico como el arqueológico son también muy importantes”, apunta.

Es posible que los investigadores tengan que darse prisa, porque hay otros buscando allí riquezas bajo el suelo, aunque de otro tipo. Una minera australiana, Equus Mining, que no ha respondido a las demandas de información del periódico, está realizando perforaciones en el lugar en busca de oro y plata. Es uno de los muchos proyectos de exploración minera que han surgido alrededor del lago General Carrera, en lo que activistas locales califican como una verdadera “fiebre del oro”.

Este proyecto, llamado Los Domos, ha partido el pequeño pueblo de Chile Chico en dos y ha creado un clima social “insoportable”, según denuncian activistas locales. “Ha sido difícil hablar libremente, mostrarnos abiertamente contra la mina. Hemos recibido muchas amenazas”. Corina Ainol es una de las pocas personas que se atreven a alzar la voz en el pueblo, de 4.500 habitantes. Preside la Agrupación Antukulef, un colectivo local centrado “en informar sobre la realidad y los impactos de la minería”.

En enero, organizaron por primera vez un encuentro abierto en la plaza del pueblo, una jornada festiva con conciertos, simplemente para dejarse ver. “Nunca se había mostrado en el pueblo a un grupo de gente con una visión distinta de la minería que la que tiene el alcalde y el sindicato minero”, explica la activista. El día antes, el municipio autorizó una marcha del sindicato hacia la plaza. Tuvieron que irse. Los manifestantes dejaron desplegada una enorme pancarta con el lema “Chile Chico pueblo minero”.

En 2017 la mina que funcionaba en la comuna, Cerro Bayo, echó el cierre tras un accidente en el que murieron dos trabajadores. Era la tercera vez que la mina cerraba en sus 20 años de historia porque el trabajo viene y se va según fluctúan los precios del mineral en los mercados globales, y llegaron a quedar más de 200 trabajadores en la calle. En un pueblo tan pequeño, el impacto sobre el empleo fue grande, igual que la presión sobre el alcalde y el Gobierno regional para encontrar trabajo a los mineros despedidos.

Así, el proyecto de Equus Mining para abrir una nueva mina de oro fue como un regalo del cielo, pero había un problema: los terrenos públicos donde trabajaba la minera quedaron dentro de los límites del Parque Nacional Patagonia aprobados en enero de 2018 por el Gobierno de Bachelet, justo antes de dejar el poder. El Parque Nacional, un inmenso territorio salvaje de más de 300.000 hectáreas cubierta de bosques, glaciares y montañas que nunca han sido escaladas, incluía terrenos donados al Estado chileno por Tompkins Conservation, la fundación creada por los filántropos estadounidenses Kris y Douglas Tompkins para formar Parques Nacionales en Chile y Argentina, dos Reservas Nacionales, y tierras públicas contiguas a las reservas.

Entre esas tierras públicas, además del proyecto minero, quedaban lugares donde algunos ganaderos subían sus animales a pastar en verano. Comenzó entonces una campaña contra el Parque Nacional, liderada por el alcalde de Chile Chico, bajo el argumento de que era un ataque a los modos de vida tradicionales y una traba al desarrollo del pueblo. El alcalde creó una mesa de los “sectores productivos”, presidida por el líder del sindicato minero, y convocó, con una semana de margen y sin acceso de las voces disidentes a la radio local, un plebiscito sobre el Parque en el que participó un 20% del censo. El resultado fue un abrumador 80% de votos contra el área protegida.

Al calor de la campaña, el Gobierno de Sebastián Piñera decidió redibujar los límites del Parque Nacional, alegando errores en el decreto firmado por Bachelet. Y sacó del área protegida el polígono de 2.309 hectáreas de tierras públicas donde pretende sacar oro la minera. “A la vez, deciden añadir otros terrenos fiscales, para compensar un poco con el tamaño”, explica Carolina Morgado, la directora de Tompkins Conservation en Chile, la fundación que jugó un papel clave en la creación del Parque Nacional. “No nos gusta la minería”, dice Morgado. “Nadie nos vino a preguntar lo que queríamos hacer con los terrenos fiscales”.

En marzo de este año, el ministro de Bienes Nacionales de Chile —la cartera de la que dependen las tierras públicas— admitió en una comisión del Senado que la zona con intereses mineros se había sacado del área protegida, aunque se añadieron otros terrenos para compensar. El resultado es un Parque Nacional de tamaño similar, pero que podría tener una mega operación minera pegada a su valla.

El sector turístico de Chile Chico también se opuso a que se instalara precisamente allí la minera, en un destino que está atrayendo cada vez más visitantes por su belleza. Además, hay un proyecto para instalar en la zona un centro de visitantes, de educación ambiental y de investigación. “Es un área muy sensible, muy frágil”, dice Juan Mercegué, que presidió hasta hace un año la Agrupación de Turismo de Chile Chico. Para Mercegué, la resta de superficie del Parque Nacional “no tiene otra explicación que permitir o dar facilidades a la actividad minera”.

El alcalde de Chile Chico se negó a dar su punto de vista para este reportaje, pero las activistas locales aseguran que la campaña contra el Parque Nacional no fue más que una cortina de humo para favorecer a la empresa minera. Gloria Becerra, agricultora y lideresa campesina, llegó a hablar en el Senado chileno para denunciar el proyecto minero y defender el Parque.

“Hubo mucha manipulación y desinformación. Se intentó utilizar a los campesinos para entregarle las tierras a la minera, y la empresa es la única que ha ganado en todo este pleito”, cuenta Becerra mientras pasea por su chacra. Gracias al lago, Chile Chico tiene un microclima excepcional en esta parte de la Patagonia (en los folletos turísticos la llaman “la ciudad del sol”), y el río Jeinimeni riega muchos huertos tradicionales, frutales y una floreciente industria de cultivo de cerezas. La mina de oro estaría situada en los cerros, en los afluentes del río.

“Me preocupa la contaminación de nuestras aguas y del lago”, dice Becerra, que cultiva verduras y hortalizas que vende en el pueblo. “Hay campesinos arriba que beben agua del río, los animales también, regamos con ella y no vamos a poder cultivar sano, natural. Y el río va a parar al lago, que es el principal reservorio de agua dulce de Chile”, añade.

El de Equus Mining no es el único proyecto de búsqueda de oro en la cuenca del lago General Carrera. En Puerto Ibáñez, en la costa norte del lago, hay otros proyectos de exploración de oro de Equus Mining, y de la también australiana Laguna Gold a apenas tres kilómetros y medio del pueblo. “Hay muchos mitos sobre el dinero y el trabajo que va a traer la mina. En un pueblo pobre, es difícil luchar contra eso”, cuenta en su taller la artesana Marlina Orellana, la presidenta de la agrupación ciudadana Puro Ibáñez. Denuncia que nadie informó en el pueblo sobre el proyecto de exploración: para cumplir con la obligación legal de hacerlo, la empresa puso un anuncio, de madrugada, en una radio de Coyhaique, la capital de la región.

Orellana, su pareja Daniel, y otros pocos vecinos del pueblo, comenzaron a organizarse hace un año y a investigar por su cuenta. “No nos podíamos creer que las leyes chilenas para la extracción minera fueran tan nefastas”. Su agrupación es parte de la red Patagonia sin más mineras que ha surgido en Aysén evocando el movimiento Patagonia sin represas, que paró unos megaproyectos hidroeléctricos con participación de Endesa en la región.

“La cuenca del Lago General Carrera podría ser convertida en una zona de sacrificio, porque hay cuatro empresas mineras transnacionales que quieren convertir la zona en un gran complejo industrial de extracción y procesamiento de oro”, dice el periodista Patricio Segura, uno de los integrantes de la red y director de la Corporación para el Desarrollo de Aysén (Codesa). “Con la promesa de trabajo, se sacrifica a las comunidades en términos de salud pública, de medio ambiente y de calidad de vida”, añade.

Mientras, en Chile Chico la minera Equus Mining ha seguido realizando prospecciones a las puertas del Parque Nacional Patagonia, y según los últimos informes a sus accionistas ya ha comenzado la fase tres del proyecto de exploración en Los Domos. Desde Codesa han denunciado ante la Superintendencia de Medio Ambiente —la SMA, el órgano que fiscaliza el cumplimiento de la normativa ambiental en Chile— que la empresa debería haber presentado una evaluación de impacto ambiental, dado lo sensible de la zona y la posible presencia de yacimientos arqueológicos y paleontológicos. En febrero, el Servicio Nacional de Geología y Minería también informó a la SMA de una posible infracción, ya que la empresa habría fraccionado el proyecto de exploración para eludir la evaluación de impacto.

Las activistas locales no piensan dejar de dar la batalla. “Hay mucha gente que sabe que la mina no trae nada bueno, pero tienen miedo”, dice Corina Albiol, de Chile Chico. Apenas dos decenas de personas forman parte de la agrupación, pero preguntando en privado es fácil encontrar más voces críticas. “Le llaman progreso a enfermarnos, a envenenar el agua, a envenenar la tierra”, cuenta una mujer que dejó de hablar abiertamente de la minera por temor a represalias en el pueblo. “¿Es eso progreso?”.