El Senado de la República aprobó el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022, la que será la hoja de ruta del Gobierno de Iván Duque.
Con 58 votos a favor y cuatro en contra, el Senado dio luz verde al articulado que tenía que estar listo antes del próximo 7 de mayo y que ahora pasa a sanción presidencial. El costo de Plan está estimado en más de $1.000 billones.
Aunque el Gobierno tiene la tranquilidad de que el Congreso le dio visto bueno a su hoja de navegación, apenas a las 11:20 p. m., cuando se aprobó el documento resultado de tres días de debate en la Cámara, en el recinto del Senado solo se encontraban 62 de los 100 parlamentarios que asistieron a la plenaria. Un número que apenas logró el quórum decisorio (55) para votar un proyecto de tanto peso como lo es el Plan Nacional de Desarrollo.
En palabras del senador Wilson Arias, uno de los ponentes de archivo, lo que sucedió ayer en la noche es una “enfrenta para el país. Durante tres semanas el Senado no hizo nada y el último día y a última hora quiso aprobar todo”, refiriéndose al tiempo que se tomó esa corporación para definir la fecha de trámite de las objeciones a la JEP y su respectiva discusión que se alargó durante cuatro días.
Por eso él y más de una decena de congresistas se salieron del recinto inconformes de que se aprobara un texto de 229 páginas que era imposible leer para esa misma noche. “En el Senado no hubo democracia, no hubo deliberación, yo por eso me retiré para no convalidar lo que iba a ocurrir. No sé qué se aprobó porque no he leído el documento de la Cámara y el senador que diga qué pasó está haciendo demagogia”, sentenció Arias.
Igualmente, Roy Barreras, de la U, advirtió que la votación debe de repetirse porque, como explica, el recinto aprobó el documento siete minutos antes de que se publicara el texto de la Cámara, incumpliendo con esto la ley de publicidad, es decir, para debatir sobre cualquier proyecto este debe estar publicado en la Gaceta del Congreso.
“Si no se vota ese salpicón desordenado que terminó convirtiéndose el PND, este está hundido por ilegal e inconstitucional (…) Esto se puede corregir, pero si no se hace, los ministros y el propio Macías (presidente del Senado) están acabando con su propio Gobierno”, concluyó Barreras.
Varios de los artículos que habían sido eliminados en el debate en Cámara de Representantes fueron revividos en el Senado, por ejemplo, algunos relacionados con el asunto pensional, que en la cámara baja consideraron que ameritaban ser discutidos en un proyecto de ley aparte.
A continuación, resaltamos algunos de elementos incluidos, eliminados o revividos en el PND.
No lo dice el articulado, pero las bases del Plan Nacional de Desarrollo (anexo que se integra a la ley aprobada según el artículo 2°) anuncian el desarrollo de una política que “utilizando herramientas innovadoras, garantice la seguridad energética para el desarrollo del país”. Y a continuación clasifican los yacimientos no convencionales, es decir el fracking, como una de las grandes oportunidades para incrementar las reservas y preservar la autosuficiencia de hidrocarburos en Colombia.
Esta mención le permitiría al gobierno realizar investigaciones y exploraciones piloto para identificar riesgos y determinar si la regulación actual y las instituciones con que cuenta el país pueden garantizar esta forma de explotación.
Al respecto, el representante Julián Peinado aseguró que “el fracking generó sismos en Estados Unidos, en ocho de sus estados y tiene afectadas las propiedades. Tiene la capacidad de dañar las placas tectónicas o de activarlas. Y ni hablar de los temas de salud, son químicos tóxicos en un 75 %, dicho por la Asociación de Médicos de Massachusetts”.
Si bien la Cámara de Representantes había eliminado 10 artículos que se habían visto como pequeñas reformas laborales y pensionales, en Senado cuatro de ellos revivieron.
El primero de ellos, el 59, se refiere al pago de las cesantías definitivas y parciales de los docentes, que serán reconocidas y liquidadas por la Secretaría de Educación de la entidad territorial y pagadas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
“El acto administrativo de reconocimiento de la pensión se hará mediante resolución que llevará la firma del Secretario de Educación de la entidad territorial”, dice el texto aprobado. Añade que el fondo “el Fondo debe priorizar el pago de los servicios de salud y de las mesadas pensionales de los maestros”.
Para financiar el pago de las sanciones por mora a cargo Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio causadas a diciembre de 2019, se facultó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para emitir Títulos de Tesorería (deuda pública) que serán administrados por una o varias sociedades fiduciarias públicas.
Otro artículo, el 197, establece “el piso de protección social para persona con ingresos menores a un salario mínimo”, al que deberán vincularse quienes trabajan por tiempo parcial y que, por tanto, reciben menor de un salario mínimo. Este punto había sido criticado por las centrales obreras. El presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), Miguel Morantes, había expresado que la propuesta significaría un deterioro pensional para los trabajadores, pues los ahorros de los trabajadores pasarían a los Beneficios Económicos Periódicos (Beps) lo que, según él, a largo plazo, significaría 'pensiones' por debajo del ingreso mensual mínimo vigente. El Gobierno, en cambio, defendía este punto por permitir flexibilidad laboral a quienes no pueden trabajar una jornada completa, como los estudiantes.
El artículo 202, otro de los que fueron revividos, apunta a la “promoción de los Beps”. Da la posibilidad a quienes ahorraron para pensión, pero que no alcanzaron los requisitos, de que ese dinero se traslade a los Beps “para el reconocimiento de una anualidad vitalicia en las condiciones legales vigentes”, excepto si el afiliado manifiesta su intención de que ese ahorro se le devuelva durante los seis meses siguientes a la notificación personal. Será obligación de Colpensiones dar asesoría sobre los Beps antes de que el afiliado tome la decisión.
Finalmente, el 204 se refiere a la financiación de obligaciones pensionales con recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET). Las entidades territoriales podrán pagar con esos recursos la deuda con el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio por concepto del pasivo pensional con el Sector Educación; las cuotas pensionales de la vigencia en curso a las entidades públicas acreedoras; las mesadas pensionales a cargo de la administración central territorial.
Fue aprobada una sobretasa al servicio de energía para los estratos 4, 5 y 6, así como para los usuarios industriales, comerciales y no regulados. La sobretasa, en últimas, busca que se garantice la prestación del servicio de energía eléctrica en la Costa Caribe, en donde el distribuidor ha sido Electricaribe.
Se trata de un cobro de $4 por kilovatio consumido durante los próximos dos años, cuyo recaudo llegará a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a través de los comercializadores de energía. Entre los opositores a la propuesta estuvo la ANDI, pues manifestó que el sobrecosto podría ser de $64.000 millones anuales para el sector industrial y afectaría la competitividad de los productos nacionales.
Si bien algunos celebraron el inicio de lo que será la entrada de un nuevo operador a la región y la consecución de recursos para garantizar el suministro de energía eléctrica a más de 10 millones de usuarios, otros cuestionaron que sean los colombianos de clase media-alta de otras ciudades quienes “paguen la irresponsabilidad de otros”, como dijo el representante Germán Navas Talero.
El legislativo le dio aval a la reducción del IVA para los combustibles que pasó del 19 % al 5 %, de esta forma la gasolina y el ACPM se sumarán a otros productos y servicios que tienen una tarifa especial en el Estatuto Tributario.
El gobierno defendió que con la medida podrá racionalizar la entrega de subsidios, lo que implica un ahorro fiscal, pues se calcula que cada mes se destinan $14 billones a los productores nacionales de combustible para compensarlos por la variación en los precios internacionales y evitar que estas empresas trasladen esa diferencia al consumidor. Sin embargo, la propuesta consignada en el artículo 339, también le implica al Estado dejar de recibir $2 billones en promedio cada año por cuenta del tributo.
El gremio de transportadores celebró la iniciativa y recordó que este insumo representa 33 % de los costos operativos de los vehículos, “cualquier rebaja incide notoriamente en el valor de los fletes y la operación de los equipos”, dijo el presidente de Asecarga, Jairo Herrera.
A pesar de la gran oposición, el Congreso aprobó la disminución en el porcentaje de regalías por explotación minera que ahora varía entre 0,4 % (para oro y plata veta) y 3,27 % (para carbón a cielo abierto con producción igual o mayor a 3 millones de toneladas anuales). Al respecto el representante Mauricio Toro recordó que en el pasado esta participación llegaba al 5 %, “estamos regalando nuestros recursos”, lamentó.
El artículo 329 reitera además que el recaudo por la explotación de estos recursos naturales no renovables de propiedad privada quedará en manos de la Agencia Nacional de Minería.
El diseño y ejecución de un plan para la implementación de una política de vivienda rural quedará en manos del Ministerio de Vivienda a partir del próximo año. El artículo 262 traslada a esta cartera la responsabilidad de construcción y mejora en pro de la disminución del déficit habitacional en el campo, pues actualmente está en manos del Ministerio de Agricultura y representa cerca del 20 % del dinero que administra.
Esto significa que Minvivienda administrará y ejecutará los recursos asignados en el Presupuesto General de la Nación en inversión para vivienda de interés social urbana y rural a través del Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda).
A través del PND se ordena la creación de un fondo de estabilización de precios del café, un mecanismo esperado desde hace años por los productores, que actualmente atraviesan una de las peores crisis en los últimos años.
El artículo va así: “ARTÍCULO 228°. FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS DE CAFÉ. Créase el Fondo de Estabilización de Precios del Café como una cuenta especial sin personería jurídica que tendrá por objeto adoptar una variedad de mecanismos técnicamente idóneos para estabilizar el ingreso de los productores de café colombiano y protegerlo de precios extremadamente bajos.
El Congreso de la República definirá su estructura, administración, finalidades, funciones, recursos para su capitalización y funcionamiento, mecanismos y criterios para su reglamentación por parte del Gobierno nacional”.
El PND incluyó un arancel de 37,9 % a las importaciones de prendas de vestir cuando su precio sea inferior o igual a US$20 por kilo. Para las que superen ese precio, estableció un arancel de 10 % ad valorem, más US$3 por kilo.
La propuesta provino de la Cámara Colombiana de la Confección como medida para proteger la industria nacional de las importaciones de prendas de vestir a muy bajos precios de países de Asia y África.
No obstante, sobre estos aranceles gremios como la Andi, Fenalco y Analdex, han manifestado su oposición, entre otras cosas, con los argumentos de que la política arancelaria es competencia del Ejecutivo y no del Congreso, de que se incentivaría el contrabando, se subirían los precios al consumidor y se expondría a Colombia a sanciones de la Organización Mundial del Comercio. Esta postura es similar a la del Ministerio de Comercio, que expresó la inconstitucionalidad de la iniciativa que logró pasar en el Congreso.
Aunque la idea de construir un puerto en Tribugá, corregimiento de Nuquí (Chocó), no es nueva, con la aprobación del PND este proyecto vuelve a estar en la agenda del Gobierno. Se trata de una obra que tendrá muelles de hasta 3.600 metros de longitud y una profundidad que oscila entre los 15 y los 20 metros. Podría ser, de hecho, más grande que el Puerto de Buenaventura.
Pese a que el documento final no lo menciona de manera explícita, el artículo 109, que se refiere a “concesiones portuarias sobre nuevos emplazamientos”, habilitaría su construcción. Sin embargo, concretar ese proyecto también implicaría una serie de impactos que las comunidades han advertido en varias oportunidades. El principal es que pasaría por encima del Distrito Regional de Manejo - Cabo Corrientes, un ecosistema del que dependen los pobladores de ese territorio. Pesca artesanal y ecoturismo son dos de las principales actividades que han desarrollado gracias a las 8 especies de mangles que existen, a la anidación de tortugas y pequeños moluscos. Todos podrían resultar afectadas con la mega obra.
Los impactos de esta idea se han discutido con intensidad desde 2 de noviembre del año pasado. Desde ese día la Asociación de Consejos Comunitarios los Riscales, los Cabildos Indígenas Embera, hoteleros y autoridades locales han insistido en los perjuicios que les generaría el puerto. Organizaciones como WWF también se han manifestado en contra. “El Puerto de Tribugá no es social ni ambientalmente sostenible”, dijo esa ONG en tweet.
Para el representante John Jairo Cárdenas, de la U, hay una sensación agridulce respecto a lo que quedó en el Plan Nacional referente al Acuerdo de La Habana. “En la Constitución quedó incorporado el principio según el cual en el PND y en el Plan Plurianual de Inversiones debe de haber un capítulo aparte, diferenciado, para la implementación del proceso de paz y la verdad es que ese capítulo como tal no quedó”, fue la primera advertencia que hizo el congresista.
Lo bueno para él: los $37 billones que quedaron asignados para la paz. “Inicialmente en el plan solo estaba incluidos $10 billones, los otros recursos estaban dispersos y no se sabía cómo se iban a repartir. Pues bien, se logró identificar el monto y otra cosa importante que queda establecido es la financiación a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial”, dijo Cárdenas seguido de los “peros”.
Lo malo: según el parlamentario, en el documento no existe una incorporación integral de todo el contenido del acuerdo. Es decir, a su juicio, no se especifica sobre la reparación de víctimas, entidades como el Centro Nacional de Memoria Histórica, el Fondo Nacional de Tierras. Y, además, dice, es deficiente lo consagrado todo lo relacionado con el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición.
De ese tema, hizo alerta de un punto aprobado para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). “En la JEP se incluyó un artículo que es una cosa exótica, rarísima. Le dieron autonomía presupuestal y administrativa a la Unidad de Investigación y de Análisis del tribunal transicional. Lo quiero decir con mucha claridad, eso lo promocionó especialmente el Centro Democrático, eso nos dejó a nosotros un muy mal sabor”, apuntó.
Los artículos 330, 334 y 346, los que pretendían darles facultades extraordinarias al Gobierno, fueron eliminados del documento aprobado ayer en el Congreso. Uno de los puntos que, desde el principio, parlamentarios independientes y de la oposición advirtieron como un tema peligroso.
Esas facultades especiales trataban de la potestad que tendría el presidente de la República para modificar la estrategia de Seguimiento y Control al uso de recursos del Sistema General de Participaciones; suprimir, fusionar o modificar consejos y comités; y el más polémico, la competencia de “atenuar el impacto del incremento anual del salario mínimo para todas las modalidades de pensión”.
Sin embargo, lo que sí quedó, en a sección IV sobre facultades extraordinarias, fueron las licencias que tendrá el presidente para: (1) fusionar aseguradoras y fiduciarias públicas; (2) restructurar la jerarquía y el funcionamiento de la Contraloría; (3) estructurar y organizar el Consejo Nacional Electoral (CNE); entre otras. Todo esto en un término de seis meses desde la firma del Plan.
“Nosotros nos opusimos a todos los artículos que le daban facultades extraordinarias al Gobierno Nacional porque hubiese sido muy grave. De haberse aprobado, durante los próximos cuatro años el Ejecutivo hubiera podido prescindir de las comisiones constitucionales y del Congreso de la República, justamente creo que incluyeron esos artículos en el PND para poder a sus anchas prescindir de la Casa de la Democracia”, resaltó Juan Carlos Losada, del Partido Liberal.
