Voluntariedad del recambio, un mayor plazo para completar y el fin de los cobros por los nuevos equipos forman parte de las propuestas.
Cuando regrese el Presidente de la República, Sebastián Piñera, de su gira por Asia, asoma como el plazo fatal para que el Ministerio de Energía, que encabeza Susana Jiménez, alcance un acuerdo con las distribuidoras eléctricas en relación a la polémica por los medidores inteligentes.
Si bien hay varias alternativas sobre la mesa, existiría cierto consenso en algunos puntos. El primero -y que ya fue anunciado por el gobierno-, es que este recambio será voluntario. Para eso se requiere elaborar un nuevo decreto -o modificar el existente-, lo cual el gobierno puede hacer sin necesidad de pasar por el Congreso.
Sin embargo, se requiere que las empresas estén de acuerdo en este punto, para evitar potenciales conflictos posteriores y, eventualmente, demandas.
Según fuentes de la industria, otro punto en que existe relativo consenso es que las empresas devuelvan lo que han cobrado a los clientes por concepto de instalación y arriendo de los medidores inteligentes. Si bien en la reunión que sostuvieron el jueves ejecutivos de las empresas con autoridades del ministerio, encabezados por la titular de la cartera, Susana Jiménez, una de las principales empresas del sector, Enel, no habría estado de acuerdo con esta propuesta, durante la jornada de ayer su postura se habría flexibilizado, lo que allana un acuerdo.
También se establece que los cobros por concepto de arriendo e instalación del medidor se detengan, algo en lo que también existe relativo consenso.
Desde un comienzo, las posturas de los dos mayores actores de la industria, Enel Distribución y CGE -la primera, la más grande por ventas de energía y la segunda, la mayor en número de clientes- han estado alejadas. En los últimos días, CGE se ha abierto a las propuestas del Ejecutivo -que van en línea con su idea de retrasar la puesta en marcha del recambio hasta que exista consenso sobre su necesidad- mientras que Enel, que incluso se sumó en un principio a la idea de compensar con $10 mil a cada cliente- ha estado más reticente.
“CGE está convencida de que la mejor solución es reestudiar la puesta en marcha y el despliegue de esta tecnología mientras no exista el convencimiento generalizado de sus beneficios”, dijo la firma en marzo.
Una tormenta perfecta. Así describe la industria energética la situación actual que existe en torno a los medidores inteligentes. Luego que hace unos días la ministra de Energía, Susana Jiménez, interrumpiera su licencia médica para anunciar que el recambio finalmente será voluntario, se desataron más preguntas que respuestas.
Aunque desde el gobierno no han querido volver a referirse al asunto, la titular de la cartera debió ir al Congreso a dar explicaciones. En esa instancia ratificó su visión de que para las empresas es obligatorio exigir el cambio, pero que a los usuarios no se les puede imponer.
Así surge la duda: si solo algunos optan por instalar el medidor inteligente, ¿se logra el objetivo del recambio? La respuesta generalizada es, en mayor medida, negativa, pues los expertos creen que el nuevo medidor tiene más beneficios si hay una universalidad.
En el Congreso, la ministra Jiménez señaló que “hay beneficios asociados a una expansión mayoritaria de la red; sin embargo, hay algunos inmediatos para el usuario”. “Queremos visibilizar los beneficios. La gente por experiencia tenga el convencimiento y que no sea una imposición”, agregó.
El presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) y también director de Colbún, Bernardo Larraín, comentó que “los beneficios se dan en función de la masificación de la tecnología, y mientras más personas estén con medidores inteligentes, mejor va a ser para todo el sistema”. Agregó que “obviamente si se adopta en forma parcial, probablemente los beneficios que tienen no se pueden desplegar en toda su magnitud”.
El exministro de Energía, Máximo Pacheco, aludió a un “golazo” que habrían hecho las distribuidoras al Estado para explicar lo ocurrido. La respuesta de la ministra Jiménez no se hizo esperar y, también en jerga futbolera, le indicó que, en su visión, se trataba más bien de un “autogol”.
Pacheco accedió a responder a PULSO su visión sobre el tema. “He señalado, con todas mis fuerzas, que esta política pública de digitalizar la red de distribución eléctrica está llena de errores e improvisaciones. Una neurona no es inteligente, es el sistema de neuronas en el cerebro lo que hace la inteligencia. Lo mismo sucede con el medidor inteligente. El sistema eléctrico no se hace inteligente porque incorporemos un medidor”, señaló Máximo Pacheco.
En su opinión, y así aseguró que lo ha planteado desde el primer día, este es un decreto que, desde el día en que fue aprobado -“en el gobierno de Piñera”, aclaró- “esto ha sido un abuso para favorecer utilidades fuera de lo normal de las distribuidoras a costa principalmente de los hogares”.
“Por eso es que la gente está indignada. Lo que se necesita es reducir la tasa de rentabilidad de las distribuidoras para ajustarlas a lo que es lo normal como retorno al capital”, enfatizó la exautoridad.
Finalmente, agregó que para hacer una buena gestión del uso de la electricidad y con eficiencia energética en los hogares “es fundamental que existan tarifas diferenciadas por horario y así por ejemplo se pueda programar el consumo de lavadoras, secadoras y otros artefactos para las horas en que la electricidad sea más barata”.
“Tendremos los beneficios de la red inteligente cuando enfrentemos este desafío como un sistema y no como una medida aislada, como es instalar medidores mal llamados inteligentes“, concluyó.
El ex secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Andrés Romero, también entregó su opinión, asegurando que “no tiene mucho sentido instalar una porción, probablemente pequeña, de medidores, ya que no se logrará tomar los beneficios en materia de bajar las horas de corte de suministro o atender estos más rápido; reducir los costos operacionales de lectura o corte y reposición; gestionar la red para permitir la entrada de techos solares o autos eléctricos; introducir competencia para servicios energéticos en las casas o hacer menos inversiones de fierros en las redes, todo lo cual haría bajar la cuenta de luz”.
A su juicio, si es el recambio es voluntario, “es mejor congelar la medida hasta que no se logre adoptar un consenso”.
