La propuesta fue presentada por el MPF de Neuquén, el IAPG y la CEPH. Busca tipificar acciones que hoy son habituales para que sean consideradas como delitos y tengan penas de 2 a 6 años.
En 1881 las provincias patagónicas, incluyendo a Neuquén no existían y la Conquista del Desierto estaba en pleno apogeo. La matriz productiva del país era la actividad agroganadera primaria, desarrollada en latifundios. Casi 140 años pasaron desde entonces, la Patagonia se forjó como tierra productora de hidrocarburos, el país superó los 40 millones de habitantes e internet cambió casi todas las cosas conocidas.
Casi todas, pero no todas. Porque los dos artículos que al día de hoy se utilizan para proteger desde el punto de vista penal los desarrollos energéticos del país nunca cambiaron y son los mismos desde 1881.
Atentos a esa situación desde el Ministerio Público Fiscal de Neuquén, el Instituto Argentino de Petróleo y Gas (IAPG) y la Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos (CEPH) se elaboró un proyecto para reformar el Código Penal con el objetivo de proteger los recursos energéticos de todo el país.
“El ministerio público fiscal acompaña una política pública económica que hoy pasa por el desarrollo de la actividad hidrocarburífera. Los recursos derivados de esta actividad son necesarios para el crecimiento de la provincia y el país, para mejorar la educación, la salud y el empleo. Pero para atraer inversores nacionales o extranjeros es importante que las política publicas energéticas vayan acompañadas de seguridad jurídica que le den un marco de previsibilidad al inversor y al Estado”, aseguró el fiscal general de Neuquén, José Gerez.
El funcionario es uno de los autores del proyecto de reforma que ya fue presentado ante el ministerio de Justicia de la Nación y que según remarcó Gerez “no busca criminalizar las protestas sino el normal desarrollo de la actividad utilizando para ello herramientas que van desde la persecución penal al diálogo y Neuquén tiene experiencia en haber resuelto conflictos por medio del diálogo y la mediación como son los casos de la maderera MAM, Textil Neuquén e incluso el conflicto docente”.
El fiscal señaló que “la seguridad jurídica es muy importante y por eso el marco legal incluye la legislación laboral, con la adenda, porque el inversor se fija mucho en la seguridad jurídica”. Y agregó que “el contexto normativo vigente tiene un déficit en proteger la actividad hidrocarburífera porque no es específico. Algunas figuras delictivas como la turbación de la propiedad o la usurpación no abarcan todas las situaciones que pueden darse”.
En ese sentido graficó que “la ley contempla los cortes de rutas provinciales y nacionales, pero no las picadas, los caminos internos que usan las petroleras”.
“Toda conducta ilícita que afecte a la actividad debe ser abordada por el ministerio público fiscal para resolver el conflicto que la generó. El Código Procesal Penal de Neuquén tiene muchas herramientas que van desde el diálogo, la mediación y hasta la persecución penal, pero no las podemos aplicar si antes no son delito”, señaló.
Gerez remarcó que “la actividad energética debe ser necesariamente tutelada por el Estado porque hoy tiene una importancia tal que va desde la inversión multimillonaria a la seguridad del abastecimiento energético de los ciudadanos”. Y agregó que para esto se debe “tipificar esos delitos en el Código Penal para que con el Código Procesal de Neuquén podamos dar una adecuada respuesta con todas las herramientas que tenemos”.
El proyecto presentado consiste en la reforma del añejo artículo 194 del Código Penal Argentino que regula el entorpecimiento de las vías de comunicación y los servicios públicos.“Presentamos dos propuestas para crear un artículo 194 bis que es mucho más amplio”, detalló Gerez.
La propuesta más abarcativa detalla lo siguiente: “El que impidiere, estorbare, entorpeciere o pusiere en peligro el normal funcionamiento de los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, o el normal de desarrollo de las actividades de exploración, producción, generación, transporte, distribución y/o comercialización de hidrocarburos o minerales, electricidad o cualquiera otra forma de energía, será reprimido con prisión de dos a seis años”.
El funcionario explicó que “al prever penas de 2 a 6 años de prisión nos permitirá optar según el caso por mediaciones o probation o incluso, por su gravedad, solicitar una pena de prisión efectiva”.
El objetivo de los impulsores del proyecto es que el mismo sea tratado este año por el Congreso de la Nación de forma separada e independiente al proyecto general de reforma del Código Penal, dado que se busca que sea sancionado y puesto en vigencia lo antes posible.
Como complemento del proyecto de reforma penal, el Ministerio Público Fiscal de Neuquén puso en funcionamiento a fines del año pasado una nueva unidad fiscal centrada en la investigación de todos los delitos que dañen el medio ambiente y la salud de las personas.
La fiscalía de Delitos Ambientales y Leyes Especiales comenzó a funcionar en noviembre del año pasado y cuenta con un equipo de profesionales especializados en el cuidado ambiental.
“Así como buscamos garantizar el normal desarrollo de la actividad energética también queremos proteger el ambiente y la salud de los habitantes ante el desarrollo de esa actividad”, aseguró el fiscal general de Neuquén, José Gerez.
El funcionario remarcó que “queremos que vengan más empresas pero que no afecten la calidad de vida de los habitantes, porque junto al gobierno provincial estamos comprometidos en un desarrollo serio y planificado de la actividad”.
El 20 de abril de 2017 quedó grabado en la memoria de buena parte de los actores de la industria petrolera nacional cuando se difundieron las imágenes de un grupo de dirigentes sindicales que había tomado una torre petrolera en actividad en Río Negro y subió a ella para protestar allí junto con sus banderas verdes.
En el marco de un paro por 48 horas, un grupo de militantes de ATE Río Negro tomó la torre de perforación DLS 167 en el yacimiento Estación Fernández Oro (YPF) de Allen, cuando la misma se encontraba en plena actividad. La situación se agravó porque además los manifestantes realizaron una fogata a un lado del equipo, agregando un riesgo extremo a la locación.
El titular del gremio, Rodolfo Aguiar, declaró ese día que el objetivo de la toma del equipo era “mandar un mensaje claro al gobierno que nos dice que no tiene plata para aumentarle los salarios a los trabajadores estatales. Nosotros decimos que el gobernador se anime a meterles la mano en el bolsillo a estas empresas extranjeras que saquean nuestros recursos naturales”.
Pese a la gravedad de lo ocurrido, el hecho sólo formó parte de una causa penal que se sustanció en otra protesta en la que se cortó una ruta nacional. El caso terminó con una probation para 15 dirigentes de ATE y una donación a un hospital público de 250.000 pesos a cargo de la entidad gremial.
