El presidente Andrés Manuel López Obrador imagina un futuro en el que México produce más petróleo, gasolina y electricidad. Sin embargo, para lograrlo se basa en una estrategia que se remonta al pasado de su país.

Para deslindarse de la reforma impuesta hace cinco años al sector energético, la cual abrió al sector privado la industria de la energía en México, López Obrador quiere invertir miles de millones de dólares para reforzar el dominio de las compañías energéticas mexicanas del Estado.

“Vamos a rescatar esta industria tan importante para el desarrollo del país, que va a ser palanca para el desarrollo de México, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, las dos empresas estratégicas de la nación”, dijo recientemente López Obrador ante los trabajadores de una refinería petrolera oxidada en Tula, a casi 72 kilómetros al norte de Ciudad de México. Además, acusó a los gobiernos anteriores por el “pillaje” de la industria.

López Obrador, orgulloso partidario de la izquierda, ha dicho que tiene la intención de volver a los días gloriosos de la época en que la empresa petrolera nacional Petróleos Mexicanos, o Pemex, ayudó a que México se convirtiera en un país autosuficiente en cuanto a energía y proporcionó cientos de miles de empleos bien pagados. Semanas después de que tomó posesión en diciembre, el presidente le dio un nuevo lema a la empresa —“Por el rescate de la soberanía”— que tocó las fibras de una profunda vena nacionalista que considera a la industria petrolera como parte de la identidad mexicana.

Muchos mexicanos comparten la reverencia del presidente por Pemex. El antiguo monopolio aún es uno de los empleadores más grandes del país, financia el 20 por ciento del presupuesto nacional y domina la economía de los estados que se encuentran en la costa del golfo de México.

Sin embargo, la compañía y México están en una época muy distinta de cuando el presidente, de 65 años, creció en Tabasco, un estado en la zona petrolera del país. La producción nacional de petróleo disminuyó a casi la mitad en comparación con su mejor momento en 2004. El año pasado, México se encontraba en el lugar número once entre los productores de petróleo más grandes del mundo, mientras que en 2002 ocupaba el cuarto puesto. Los analistas dicen que la empresa es poco eficiente y no cuenta con la tecnología necesaria.

Para frenar su declive, Enrique Peña Nieto, predecesor de López Obrador, acabó con la resistencia histórica de los mexicanos a la inversión privada para tratar de atraer dinero y tecnología. Aunque Pemex conservó gran parte de las reservas del país, el gobierno comenzó a subastar los derechos para explorar y producir petróleo a empresas de inversionistas privados. México también permitió que las compañías extranjeras ampliaran su presencia en la industria energética.

López Obrador ha dicho que no cambiará las leyes en materia energética que impulsó su predecesor, pero en la práctica está empezando a desmantelar esas políticas

El gobierno le ha cerrado la puerta a gran parte de las nuevas inversiones extranjeras en el sector energético, ya sea que se trate de exploración petrolera o granjas eólicas privadas. Al mismo tiempo, López Obrador ha comenzado a designar a sus partidarios para remplazar a los reguladores independientes de energía y a los miembros de la junta de Pemex.

“Y no es nada nuevo”, les dijo el mes pasado a los trabajadores que se encontraban en el evento anual organizado para celebrar la expropiación mexicana de los activos de las compañías petroleras extranjeras en 1938. “Así fue durante muchos años. Éramos autosuficientes en producción de petróleo, autosuficientes en gasolinas”.

Sus detractores advierten que López Obrador está malgastando dinero público para resucitar una industria de combustibles fósiles que está siendo remplazada rápidamente por tecnología nueva y más limpia.

“Hay un entendimiento del sector energético que parece anticuado e impulsado por la ideología”, dijo Lourdes Melgar, una subsecretaria de energía del gobierno anterior. “No pueden resolverse los desafíos del siglo XXI con una visión de la década de 1930”.

Melgar dijo que el presidente estaba en lo correcto al buscar soberanía energética, pero que la estaba definiendo de manera demasiado limitada. Si hubiera mantenido la industria abierta a la inversión privada, México habría obtenido el conocimiento técnico y el financiamiento para desarrollar una gran variedad de recursos energéticos, entre ellos las energías eólica y solar, comentó.

Uno de los más grandes problemas es que ni Pemex ni la empresa de energía eléctrica propiedad del Estado, la Comisión Federal de Electricidad, tienen el dinero para realizar la visión de López Obrador. Tampoco tienen el dominio de tecnologías como la perforación en aguas profundas o la energía renovable.

La situación en Pemex es especialmente difícil.

Con 107.000 millones de dólares en deudas, Pemex es la petrolera más endeudada del mundo. Su producción en enero fue la más baja que ha tenido en 40 años, mientras sus viejas refinerías funcionan a un tercio de su capacidad. La corrupción y los malos manejos han inflado los costos operativos. Además, México impone onerosos impuestos a las ganancias de la empresa.

“Hay una idea romántica de lo que fue la industria petrolera mexicana”, dijo Pablo Medina, vicepresidente de Welligence Energy Analytics en Houston. “Tenemos que reconocer la realidad: su producción no dejará de disminuir hasta que invirtamos más”.

La mayoría de los analistas calculan que la empresa debe invertir por lo menos 20.000 millones de dólares. Aunque el gobierno ha aumentado drásticamente el presupuesto destinado a la producción petrolera de Pemex, recortado sus impuestos y combatido el robo de combustible, el gasto de la compañía no llegará a esa meta.

López Obrador ha dicho que Pemex gastará 8000 millones de dólares para construir una nueva refinería en Tabasco en tan solo tres años. Los analistas dicen que la velocidad y el bajo costo no son creíbles, sobre todo considerando el historial problemático de la empresa.

El proyecto es la pieza central del plan del mandatario para terminar con la creciente dependencia de México de las importaciones de gasolina de Estados Unidos, que representan alrededor de dos tercios del consumo nacional. Sus detractores dijeron que estaba invirtiendo miles de millones de dólares en una división corrupta y poco eficiente de Pemex en vez de concentrar esa inversión en aumentar la producción de crudo y comprar gasolina más limpia y más barata de refinerías estadounidenses.

El presidente “de verdad cree que, si combate la corrupción y permite que buenas personas dirijan Pemex, todo estará bien”, dijo Miriam Grunstein, abogada en materia de energía y académica no residente del Instituto Baker de la Universidad Rice. “Es una idea fantasiosa porque es muy primitiva”.

En la comisión de electricidad, López Obrador le ha dado el control a Manuel Bartlett, un político de 83 años que se opone firmemente a la inversión privada en el sector energético.

Bartlett también ha declarado que las energías solar y eólica son poco confiables y costosas aun cuando los precios de la tecnología renovable han disminuido drásticamente. En enero, el gobierno canceló una subasta para el derecho de generar energías eólica y solar aunque subastas previas dieron como resultado algunos de los precios de electricidad más bajos del mundo.

Greenpeace, el grupo defensor del medioambiente, dijo que, sin más inversión en energías renovables, México no cumplirá con las metas de reducción de emisiones con las que el país se comprometió al firmar el Acuerdo de París ni cumplirá con sus propias leyes de energía limpia.

“Es una perspectiva miope en torno al potencial del sector energético”, dijo Dwight Dyer, exfuncionario de la Secretaría de Energía. “López Obrador quiere a los defensores de la energía controlada por el Estado, aunque hayan sido muy poco eficientes”.

López Obrador no ha descartado totalmente asignarle un papel a la inversión privada. Ha desafiado a las empresas petroleras privadas que entraron a México en años recientes para que se apresuren y empiecen a extraer petróleo en competencia con Pemex.

“Nada de ideología, nada de política, juicio práctico, resultados, a ver quién lo hace mejor”, comentó.

Las empresas privadas se reunieron con el mandatario en enero para explicar su progreso y presentar su argumento a favor de nuevas subastas petroleras, dijo Alberto de la Fuente, presidente de la asociación mexicana que agrupa a las compañías del sector energético.

“Entiendo qué están haciendo”, dijo De la Fuente. “Solo espero que podamos progresar más rápidamente como industria”.

Sin embargo, advirtió que, si el retraso de las nuevas subastas continuaba, algunos inversionistas podrían dejar de interesarse en el país.

El presidente y sus asesores han dicho que simplemente están deshaciendo las partes menos populares de las políticas energéticas del gobierno anterior.

Peña Nieto dijo que sus reformas aumentarían la producción petrolera, generarían empleos y reducirían los precios de la energía. No obstante, la producción petrolera sigue disminuyendo y la industria ha eliminado empleos conforme se han desplomado los precios globales del petróleo durante los últimos dos años. Sin embargo, los consumidores están pagando más porque el gobierno también redujo los subsidios.

“Él [el presidente] está recogiendo una preocupación de la gente”, dijo Abel Hibert, asesor en materia de energía de López Obrador.

Hibert dijo que el mandatario consideraría reinstaurar las subastas si las empresas petroleras privadas cumplen sus metas de producción. “El presidente entiende que necesitamos al sector privado”, comentó.

No obstante, esos intentos de generar confianza han hecho poco para reconfortar a los inversionistas y analistas que temen que López Obrador esté dando al gobierno demasiado control sobre la industria energética y cerrando el país a la inversión extranjera.

Las agencias calificadoras han advertido a México que podrían bajar la calificación crediticia de su deuda, en parte debido a la cantidad de gasto gubernamental para apuntalar a Pemex y a la compañía eléctrica.

John Padilla, director general de IPD Latin America, una firma de consultoría en materia de energía, comentó que López Obrador no parecía entender la medida en que sus políticas de energía estaban afectando la economía.

México “es increíblemente interdependiente del mercado global, desde el comercio hasta las finanzas”, dijo Padilla. “Esa es la parte en que estamos viendo la desconexión más grande”.