DANIEL MONTAMAT*
Cuando los precios de la canasta energética reflejan sus costos económicos, los únicos subsidios justificables son aquellos focalizados en la demanda para asistir a los consumidores vulnerables por su condición socioeconómica (tarifa social).
Esta definición forma parte del núcleo de coincidencias básicas formulado por el grupo de Ex Secretarios de Energía que se tradujo en la Declaración de Compromiso suscripta por los candidatos a la presidencia del 2015, con excepción del candidato oficialista de aquel entonces. Como corre el año electoral y el tema tarifario forma parte de la especulación política, vale la pena transcribir el texto de ese punto del documento: “Los precios y tarifas energéticas deberán retribuir costos totales de los servicios producidos, asociados a estándares de calidad y confiabilidad preestablecidos. Se reducirán los subsidios presupuestarios a la energía no justificados socialmente, con la meta de tener precios mayoristas únicos en los mercados de gas y electricidad y con el objetivo de finalizar el período de transición definido con un set de precios y tarifas que reflejen costos económicos”.
“Para aquellos usuarios vulnerables, según indicadores socioeconómicos, se establecerá una política de subsidios focalizados (tarifa social), que incluirá a los consumidores de gas licuado de petróleo (gas en garrafas)”.
Los subsidios energéticos con impacto presupuestario tienen como precedente intervenciones distorsivas en el sistema de precios de la canasta energética que se traducen, según el ciclo, en subsidios al consumo o en incentivos a la producción.
Al principio tienen escaso o nulo impacto presupuestario. El impacto fiscal se hace evidente cuando hay que reemplazar producción doméstica por producción importada que tiene mayores precios, generar electrones con combustibles más caros, y reemplazar o ampliar infraestructura que no repagan las tarifas de transporte y distribución. Cuando la diferencia entre los precios de importación más caros y los precios domésticos subsidiados, y entre los costos de generación reales y los reconocidos la paga el Tesoro, los subsidios se financian con impuestos. Los subsidios no son un pagadios, los subsidios los paga la sociedad con impuestos.
En la energía importada (gas de Bolivia, gas por barco o GNL, combustibles líquidos) está el principal rubro de los subsidios energéticos que llegaron a ser de 20.814 millones de dólares en el 2014, 18.371 en el 2015, y bajaron a 7.015 millones en el 2018. El presupuesto de este año tiene previsto en el rubro U$S 4.866 MM. Los subsidios a la energía pesan en el presupuesto público: representaron el 3.5% del producto en el 2014 y 1.2% del PBI en el 2018. Pero las importaciones de energía también impactan en las cuentas externas.
El déficit del balance comercial energético fue de 7.000 millones de dólares en el 2014 y se redujo a 2.360 millones en el 2018. Cuando el círculo vicioso compromete todo el circuito económico y se vuelve evidente la restricción externa del modelo productivo orientado al mercado doméstico, el oxímoron de la “sustitución de exportaciones” de energía por la contracción de la producción nacional y la consiguiente demanda de dólares se torna insostenible. Si se paga más el gas importado, si se importan cada vez más combustibles líquidos, ¿por qué no dar a los productores domésticos precios de indiferencia o mayores a los importados para estimular la producción nacional? Allí aparecen los subsidios a la producción doméstica, algunos con impacto fiscal (planes gas), otros con impacto en los precios del consumo final (“barril criollo”).
Cuando uno empieza a asociar los vaivenes de los subsidios energéticos, con los ciclos de stop and go de la economía argentina, cae a cuenta de la simbiosis entre la restricción externa (la falta de dólares) del modelo productivo, y la orientación de los subsidios energéticos. Cuando la sustitución de importaciones está más o menos holgada de dólares, somete al sector energético a subsidios al consumo para maximizar la demanda agregada de corto plazo (consumo con producción orientada al mercado doméstico).
Cuando la sustitución de importaciones se queda sin dólares (la cuenta corriente externa se vuelve deficitaria) hay que conceder subsidios al productor para reemplazar energía importada por producción local. La estrategia fallida de sustitución de importaciones condiciona el éxito de una estrategia energética de largo plazo. Los dólares que puede aportar Vaca Muerta en este esquema van a ser pan para hoy y hambre para mañana.
En una estrategia alternativa de valor agregado exportable que nos libre de las explosiones cíclicas de las cuentas públicas y de las cuentas externas, el sector energético va a regirse con un set estable de precios que reflejen costos económicos eficientes. Esto es, referencias internacionales en los precios de los bienes transables, tarifas de recuperación de costos con utilidad razonable en los segmentos regulados. Tarifa social para los usuarios vulnerables. Fondos contracíclicos evitarán la apreciación artificial del peso. En este esquema Vaca Muerta puede asegurar energía abundante y precios competitivos para las familias y las empresas.
Daniel Montamat es ex secretario de energía y ex titular de YPF.
