El debate por quién debe financiar el cambio de medidores eléctricos terminó por destapar el nudo que las empresas del sector se niegan a desatar: las altas utilidades que se les asegura por ley. CIPER buscó quiénes impulsaron el cambio en el gobierno de Bachelet y por qué fue aprobado por unanimidad en el Congreso. El ex ministro de Energía, Máximo Pacheco, dijo a CIPER que el Estado no puede garantizar negocios redondos para las empresas, y que se deben revisar ahora normas impuestas hace 30 años que las favorecen de forma desmedida. Expertos concuerdan: bajar la rentabilidad asegurada de un 10% antes de impuestos a un 6,5% generaría una notoria baja de las cuentas de electricidad.
El 1 de marzo CIPER publicó una investigación que reveló que desde septiembre pasado miles de chilenos estaban pagando –sin saberlo- los nuevos medidores inteligentes que las empresas eléctricas decidieron instalar. La ira ciudadana creció cuando se supo que ese pago se selló con una ley en enero de 2018 y que ningún parlamentario advirtió el perjuicio que ella causaba a los usuarios. Ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado.
En las 48 horas posteriores al reportaje de CIPER, el representante de las empresas eléctricas, Rodrigo Castillo, recorrió canales de TV y radios afirmando que la información de CIPER no era veraz: no serían los usuarios los que pagarían la nueva joya que medirá nuestro consumo de energía, sino las empresas. La cuerda le duró hasta que el Presidente Sebastián Piñera zanjó la controversia: “Los usuarios pagan todo”.
A partir de ese momento el debate no ha cesado, Al punto que llevó de vuelta al Congreso la discusión, ya que es allí donde se debe revisar la polémica norma. Pero ahora el debate se ha centrado no solo en los medidores, sino en el nudo de la Ley General de Servicios Eléctricos, la que les garantiza a las empresas eléctricas un monopolio y ganancias desmedidas.
Las ganancias de las eléctricas son multimillonarias. Solo en 2017 Enel Chile reportó $349 mil millones en utilidades, una cifra superior a la ganancia anual de las seis AFP que operan en Chile. La siguió la Compañía General de Electricidad (CGE), de capitales españoles y que distribuye energía a 13 regiones del país, con $179 mil millones. Saesa (que opera en regiones del sur) y Chilquinta (de la zona centro sur) ganaron $35 mil millones cada una. En total, las empresas eléctricas que participan del negocio de la distribución obtuvieron utilidades por casi $600 mil millones en 2017.
El artículo que estableció el cambio obligatorio de los medidores, fue impulsado por el gobierno de Michelle Bachelet, respaldado por las empresas eléctricas y refrendado por el voto unánime de diputados y senadores. Allí se estableció que la inversión de US$1.000 millones que requiere el cambio sería financiada por un aumento de las cuentas de electricidad, el que va incluido de manera encubierta en el ítem de “servicios asociados”.
Rodrigo Castillo, vocero de las empresas eléctricas.
De eso se aprovechó el representante de las empresas eléctricas para decir que CIPER faltaba a la verdad: no queda registro en las boletas que paga cada hogar por ese cambio. Luego de que Piñera confirmara el pago que deben hacer los usuarios, la polémica escaló hasta el punto de que el lunes 25 de marzo, el jugador de fútbol de la Universidad de Concepción, Nicolás Maturana, se manifestó al borde de la cancha: “Ojalá no cobren los medidores a la gente pobre de todo Chile, porque no tienen dinero para hacerlo”.
Se trató de apagar el incendio con un acuerdo entre el gobierno y tres empresas eléctricas para revertir el pago. Y fueron más allá: las empresas pagarán $10 mil por cada medidor antiguo. Pero ya era tarde. Los medidores inteligentes habían abierto una caja que se mantenía pétrea desde la dictadura: la regulación del Estado que les garantiza a las distribuidoras eléctricas utilidades con un piso de 10%.
Máximo Pacheco está escandalizado. En conversación con CIPER acusa que la instalación de los medidores inteligentes se pensó como una oportunidad de inversión para las empresas eléctricas, y no como una medida que apunte al bien común:
-El Estado es el que identifica una oportunidad de inversión para las empresas distribuidoras. El Estado la hace obligatoria para todos los chilenos en sus hogares, en un periodo de siete años. La única explicación que tengo para esto es que las empresas distribuidoras le metieron un golazo de media cancha al Estado de Chile para que hiciera obligatoria esa inversión. A mí ese gol no me lo meten.
Las críticas de Pacheco apuntan en varias direcciones, incluyendo a las cabezas de quienes impulsaron la medida: su sucesor en la cartera de Energía, Andrés Rebolledo, y el entonces secretario ejecutivo de la CNE, Andrés Romero. Actualmente, Romero le presta servicios a las mismas empresas eléctricas que durante su paso por el gobierno de Bachelet le tocó regular.
Un día después de abandonar la dirección de la CNE, el 2 de abril de 2018, asumió como director de Valgesta Energía, consultora que hace trabajos para empresas como Saesa, Colbún y Aes Gener.
Para el ex ministro Pacheco, actualmente embarcado en una precampaña presidencial, la discusión sobre los medidores inteligentes no es técnica:
-Este es un tema que nunca se aprobó durante el periodo en que fui ministro. Esta no es una discusión tecnológica, no tengo ninguna duda de que el mundo digital avanza hacia redes inteligentes, para permitir que la gente pueda tener paneles solares en sus casas. Se incluyen transformadores, redes y medidores inteligentes… Eso forma parte de la discusión tecnológica. Pero la discusión que hoy tenemos en el país es una discusión económica y de política pública.
Máximo Pacheco, ex ministro de Energía.
El círculo termina de cerrarse para Pacheco cuando se analizan las garantías que ofrece el Estado a las eléctricas. “A mí me parece grave que una política pública primero identifique una oportunidad de inversión para los privados, luego se la haga obligatoria para todos los chilenos y finalmente le garantice por ley la rentabilidad a esa inversión”.
La Ley de Servicios Eléctricos (de 1983) le asegura a las distribuidoras un 10% de rentabilidad. Ese piso mínimo se utiliza para calcular las tarifas de electricidad que se pagan en Chile. La cifra se logra simulando el comportamiento de una “empresa modelo” y tomando en cuenta los riesgos asociados al negocio. Pero allí también hay problemas. Pacheco los explica:
-En la “empresa modelo” la rentabilidad asegurada es de un 10% anual, pero en la práctica, para las empresas reales es de un 15% anual. Porque la “empresa modelo” y sus costos son distintos de la empresa real, nunca la CNE ha tenido acceso pleno a toda la información de costos de las distribuidoras, por tanto la “empresa modelo” está llena de supuestos. Y los supuestos son conservadores, la empresa real lo hace mejor que la “empresa modelo”. De manera que la rentabilidad que se les asegura es mayor.
La crítica de quien fuera el primer ministro de Energía del segundo gobierno de Bachelet, escala hasta el corazón mismo del funcionamiento de las empresas eléctricas. Y sus dichos tienen como aval el que durante años ocupó importantes cargos en empresas transnacionales, como Carter Holt Harcey, dueña de la mayor empresa forestal del mundo, además de haber sido director del Banco de Chile, AFP Provida, Luchetti y Falabella:
-Cuando los negocios regulados consiguen rentabilidades por sobre la rentabilidad del capital, eso se llama la renta, y es una renta que el Estado le da garantizada a los inversionistas. Ahora entiendo porque tanta gente se molesta con los abusos y los privilegios, y eso incluye a los empresarios rentistas que capturan al Estado para que tome decisiones en función de sus intereses. La responsabilidad principal del Estado es representar el bien común y no se puede dejar capturar por grupos corporativos. Tengo la opinión formada de que esta es una falla muy grave.
Se ha intentado acotar la discusión al abuso que las empresas eléctricas habrían digitado en contra de los usuarios con el cambio a los medidores inteligentes. Y se entiende, porque las empresas distribuidoras de electricidad quieren impedir que el debate escale y llegue a afectar el 10% de rentabilidad mínima que la ley les asegura.
La fórmula para calcular esa alta rentabilidad se fijó durante la dictadura, cuando se privatizó el servicio eléctrico. Y se argumentó entonces que era indispensable considerar los riesgos asociados al negocio, que es un monopolio natural. Pero tras 35 años esos riesgos han experimentado un cambio radical: son mínimos, mientras las utilidades no han hecho más que crecer.
A raíz de la discusión pública sobre los medidores inteligentes la ministra de Energía, Susana Jiménez, anunció que a fin de año el gobierno ingresará al Congreso una reforma general al sistema eléctrico. El gobierno tiene insumos para plantear esos cambios.
Desde 2017 la Comisión Nacional de Energía (CNE) tiene en sus manos un estudio realizado por “Bonilla y Asociados” donde se analiza el modelo que se utiliza para calcular la rentabilidad que se les asegura a las empresas distribuidoras de electricidad. El estudio concluye que una tasa de rentabilidad acorde a nuestros tiempos no debe exceder el 6,5% (ver aquí).
Según expertos consultados por CIPER, bajar la rentabilidad asegurada a las empresas de un 10% antes de impuestos a un 6,5% generaría una baja significativa de las cuentas de electricidad que se pagan en Chile.
Así lo afirma Cristián Muñoz, profesor asociado adjunto de la Universidad Católica, quien actualmente está al frente de la Consultora Breves de Energía. Muñoz afirma que al revisar la experiencia internacional (fundamentalmente de Estados Unidos y Europa), la rentabilidad asegurada a las distribuidoras eléctricas es significativamente inferior a la establecida en Chile:
-La ley que les asegura a las distribuidoras la tasa del 10% antes de impuestos, es de los años 80, cifra que está relacionada con el premio por el riesgo que las empresas asumían en esos años. En ese tiempo la realidad del país era otra, situación que sugiere que es momento de actualizar el cálculo de esa tasa –afirma Cristián Muñoz.
Efectivamente, en otros países la ganancia que se les asegura a las empresas es mucho menor. A fines del año pasado en España la redujeron del 6,5% a un 5,58% (después de impuestos). En Alemania pasó lo mismo, y las tasas quedaron entre un 5,1% y un 6,9% (después de impuestos).
Enel es una de las principales empresas que participa del negocio de la distribución de la electricidad.
El estudio de “Bonilla y Asociados” que tiene en sus manos la Comisión Nacional de Energía coincide con el diagnóstico de que la rentabilidad del 10% que se les garantiza a las distribuidoras eléctricas debe modificarse: “Esta tasa se encuentra sobrestimada. Y no es de extrañarse, ya que fue fijada hace al menos 30 años, cuando en Chile solo la tasa libre de riesgo era del orden de 5%. Reconociendo la evolución del mercado es natural pensar que la tasa de costo de capital hoy es distinta”.
La propuesta de reducir la tasa de ganancia asegurada fue recogida por los diputados Giorgio Jackson y Pablo Vidal (ambos de RD) que presentaron un proyecto de ley que apunta a ese objetivo. En el gobierno están estudiando la medida.
Para Cristián Muñoz una buena forma de beneficiar al consumidor, además de actualizar la rentabilidad asegurada, es introducir una mayor competencia en la venta de energía al cliente final. Por eso, aconseja mirar el modelo de comercialización de energía instaurado en países del primer mundo, el que mantiene el monopolio a las distribuidoras para el “negocio cable” (la estructura que permite distribuir la energía), pero que abre el mercado para su comercialización:
-Eso se llama retail de electricidad libre o desregulado. Y se aplica hoy en Europa principalmente (España, Alemania e Inglaterra) y también en Australia. No es necesario que la comercialización de energía sea regulada, porque los clientes pueden tener distintas preferencias. Por ejemplo, una persona puede optar por recibir solo energía renovable, u optar por solo comprar energía producida en base a carbón, que puede tener un descuento, pero es mucho menos amistosa ambientalmente. Otras comercializadoras pueden ofrecer opciones de prepago, donde se compra energía hasta un tope y después se interrumpe.
La ventaja de ese modelo es que tienes una amplia gama de combinaciones que los comercializadores pueden ofrecer a los consumidores. También puede aliviar los vertimientos de energía renovable, situación que se ha dado en Europa, en donde los generadores les pagan a los clientes por consumir en determinadas horas del día. La competencia finalmente beneficiará a los clientes con una mayor variedad de opciones de suministro -explica Cristián Muñoz.
El escándalo provocado por el cambio obligado de los medidores, con cargo a los usuarios, abrió una discusión sobre el sistema en general. La chispa que encendió el debate fue una tramitación express y a última hora en el Senado en enero de 2018. El impulsor fue el último ministro de Energía del gobierno de Michelle Bachelet, Andrés Rebolledo.
La paradoja es que esa modificación se originó en una iniciativa de diputados que establecía que las empresas eléctricas se harían cargo de los daños provocados por catástrofes naturales en las instalaciones eléctricas. Ningún diputado asume hoy haber sabido que su moción terminaría exactamente en lo contrario: impulsando un cambio obligatorio de todos los medidores financiado por los usuarios.
Fue en el Senado donde el proyecto dio un giro brusco. En sesiones de su Comisión de Energía, entre fines de 2017 y enero de 2018, se reactivó el proyecto de ley que habían presentado los diputados y cuya tramitación estaba congelada desde agosto de 2016. Eran las últimas semanas del gobierno de Michelle Bachelet y el entonces ministro de Energía, Andrés Rebolledo, con premura se movió en el Senado para aprobar el proyecto. Así lo declararon varios parlamentarios a CIPER.
A la Comisión de Energía asistió el ministro Rebolledo, la subsecretaria de la cartera, Jimena Jara, el secretario ejecutivo de la CNE, Andrés Romero, y otros personeros de esa repartición. Fue la subsecretaria la que inició la ofensiva frente a los senadores: “Abogó por la conveniencia de que el articulado precise a quién corresponde la titularidad del derecho de dominio sobre el medidor”, se lee en el informe de la Comisión de Energía.
El diputado Sergio Gahona (UDI) asistió a esa comisión del Senado para resguardar el proyecto original. Ante la propuesta de la CNE los convidó a presentar una indicación “que aclare el punto”, pero resguardando el menor costo posible para el usuario. Luego habló la senadora Isabel Allende (PS): “Señaló que, en su opinión, el medidor debe ser de propiedad de la empresa. Una vez instalado, ha de ser entregado en arriendo al usuario”.
La subsecretaria Jara apuntaló esa idea: “La tendencia futura, tratándose de medidores inteligentes, se orienta en el sentido de que las distribuidoras sean dueñas de los aparatos”. Fue entonces que el secretario ejecutivo de la CNE (Andrés Romero), lanzó la propuesta del gobierno. Las compañías eléctricas debían ser dueñas de medidores y empalmes (el cableado que lleva la electricidad a las casas), y que al ser estos parte de la red de distribución su instalación y mantención debían ser cargados a la tarifa que pagan los usuarios. Instó a los senadores a hacer suyas esas propuestas para agilizar el trámite legislativo.
Así fue. Las modificaciones fueron aprobadas por unanimidad y el proyecto volvió a la Cámara de Diputados, donde se tramitó sin discusión y también fue aprobado por todos los diputados.
La rabia ciudadana se ha expresado en las redes sociales con creativos memes relativos al tema.
Nadie planteó una crítica. Según el reporteo de CIPER, ningún parlamentario se percató de los cambios de fondo que se le habían hecho a la iniciativa. Eso solo se explica porque ningún diputado -ni ninguno de sus asesores- leyó el proyecto antes de votar.
La idea del recambio tecnológico de medidores no se le ocurrió súbitamente a la CNE a fines de 2017. El cambio venía siendo planteado por las empresas a las autoridades desde al menos 2015.
A nivel internacional los medidores inteligentes ganan terreno: son parte de una actualización necesaria del sistema eléctrico y ofrecen beneficios que pueden ser aprovechados si su instalación está sujeta a una regulación eficiente.
Eso fue exactamente lo que no pasó en el Congreso de Chile. Esa regulación fue discutida y votada en tiempo récord en el Senado. CIPER conversó con senadores y diputados, y observó que hay un conocimiento muy rudimentario del complejo entramado que encierra este cambio tecnológico, así como de los nuevos negocios que se abren para las empresas eléctricas con su instalación.
En el desarrollo de esta investigación, CIPER encontró una reunión realizada el 20 de abril de 2015 entre el entonces ministro de Energía, Máximo Pacheco, y las cabezas de Enel. Entre los ejecutivos de la empresa de capitales italianos que llegaron al despacho del ministro, estaba Jorge Rosenblut (PPD), quien fue indagado por el Ministerio Público por su rol en el financiamiento ilegal de la precampaña de Michelle Bachelet. ¿Se habló en esa cita de medidores inteligentes?
CIPER se lo preguntó al ex ministro Pacheco. Su respuesta fue concisa: “Es un tema que siempre planteaban las empresas”.
En medio de la discusión que se abre sobre las condiciones en que operan las empresas distribuidoras de electricidad en Chile, el Ministerio de Energía intentó reducir el enojo ciudadano anunciando un acuerdo con tres de las principales empresas distribuidoras -Enel, Saesa y Chilquinta- para que se le pague $10 mil a los usuarios que son dueños de sus actuales medidores (70% del total) luego de que estos sean cambiados por aparatos inteligentes. CGE, el cuarto gran actor del sistema, medita.
La cifra puede parecer pequeña, considerando que los medidores inteligentes que ya han sido instalados tienen un costo de $87,5 mil (determinado por la CNE). Aun así lo que la CNE no ha aclarado es que es probable que esa suma no sea la definitiva. ¿La razón?: el “Anexo Técnico” que fijará por ley las características que deben tener los medidores inteligente que se usarán en Chile aún no está listo.
Desde la CNE informaron a CIPER que la consulta pública sobre este tema finalizó recién el 13 de marzo. A ello se suma otro dato desconocido: el Ministerio de Relaciones Exteriores está realizando una consulta pública internacional al respecto y que también entrará en la discusión. Como sea, ese “Anexo Técnico” debiera publicarse y empezar a regir en julio.
Recién ahí se sabrá si los más de 250.000 medidores inteligentes que ya ha instalado Enel cumplen con la norma, o si deberán ser nuevamente cambiados. Esos medidores Enel Chile los compró a una filial de su mismo holding: E- distribuzione, empresa con sede en Italia. Así lo reconoció en 2016 el encargado de medición inteligente de Enel para Latinoamérica, Gianni Cereni: “El medidor es fabricado y distribuido por E-distribuzione SpA, compañía del mismo Grupo Enel y que lleva más de 15 años de experiencia en Smart Metering”.
Medidores inteligentes.
La adquisición de esos medidores no fue licitada a pesar de que ese fue uno de los puntos que la CNE comprometió ante los parlamentarios durante la tramitación del proyecto. Hasta ahora, el negocio para Enel ha sido redondo: se compra a sí misma los medidores inteligentes y el costo lo pagan los usuarios.
Fuentes de Enel aseguraron a CIPER que para que los nuevos medidores funcionen requieren de una serie de requisitos, por ejemplo, estar conectados a internet. Actualmente la empresa tiene un contrato con Movistar y con Claro para acceder a esa conexión, pero al interior de la empresa señalan que se firmó un convenio internacional y que será Claro la compañía que proveerá el servicio de internet.
El negocio para Enel y las otras compañías que se beneficien de este monopolio, no incluiría solo la compra y venta del medidor. Desde Enel señalaron en enero de 2017 a El Mercurio que “no solo se incluye el equipo, sino también el sistema de comunicación, los concentradores de datos y el sistema de gestión”.
Pero los nuevos negocios para las empresas distribuidoras podrían ir más allá. En Dinamarca la nueva tecnología incluyó la posibilidad de que los consumidores puedan comprar una mayor cantidad de servicios relacionados. Entre esos servicios está el que se pueda apagar de forma remota los electrodomésticos o controlar la temperatura de los calefactores a través del teléfono. La pregunta surge de inmediato: ¿quién rentabilizará esos nuevos servicios?, ¿las mismas distribuidoras? De ser así, y de mantenerse el sistema regulatorio chileno actual, los medidores inteligentes abrirán un nuevo millonario negocio también monopólico para las empresas eléctricas.
Si bien desde el gobierno se aseguró que la instalación de los nuevos medidores no tendrá aparejado un aumento de las tarifas de electricidad, ese dato choca con la experiencia internacional. Un informe preparado por la Fraunhofer Chile Research para Corfo en 2014 revisó lo que ha pasado con las nuevas tecnologías eléctricas en el mundo.
