Un ex Ministro de Energía cuestionó el cambio de medidores señalando que “fue un golazo que le metieron las distribuidoras eléctricas al Estado”, ya que el Ministerio de Energía, la CNE y el Parlamento le “ayudó” a encontrar una inversión de US$ 1000 millones con una rentabilidad del 15%. Por su parte, la actual Ministra le responde que es una situación “heredada” y que no se puede limpiar las manos. ¿Fue un golazo? ¿La “herencia” la debió dejar sin efecto la Ministra?
Chile requiere mejorar de manera urgente su servicio de distribución. La ciudadanía exige mejorar la calidad de suministro, menos horas de cortes de luz, que las compañías reaccionen más rápido ante emergencias (recordemos la nevazón de Santiago en 2017) y que baje la cuenta. Respondiendo a esta demanda ciudadana, en 2017, la CNE desarrolló la primera Norma Técnica de Calidad para Distribución Eléctrica. En dicha norma se introdujeron exigencias radicales para disminuir las horas de indisponibilidad de suministro, mejorar la atención y calidad del servicio eléctrico en situaciones de normalidad y emergencias.
Para ello, entre otras medidas, se dispuso incorporar en toda la red de distribución sistemas de medición, monitoreo y control inteligente. Para su desarrollo la ley exige que se constituya un Comité Técnico, el cual estuvo integrado por profesionales de la CNE, la SEC, distribuidoras y un destacado profesor de la Universidad de Chile. El borrador de la norma fue sometido a consulta pública antes de su aprobación (nadie cuestionó el cambio de medidores) y finalmente fue publicada en el diario oficial en diciembre de 2017. En conferencia de prensa, el Ministro de Energía de la época y quien escribe esta columna anunciamos la medida explicando los beneficios de los medidores inteligentes, junto con explicitar que su costo se incorporaría gradualmente en la tarifa.
Ni el ex ni la actual Ministra dudan de la necesidad ni de los beneficios de estos medidores, ya que el primero fue un decidido impulsor de esta tecnología bajo su administración y la segunda, después de meses de análisis, decidió implementar la medida. De hecho, en agosto de 2018 retiró el decreto tarifario de la Contraloría, reingresándolo a fines de mes sin cambio alguno, entrando en vigencia la obligación de cambio de medidor en septiembre pasado, sin informarlo a la ciudadanía.
La discusión se centra, por tanto, en quién debe comprar los medidores y pagar por éstos. Hubiese sido caro e ineficaz pedirle a cada familia que comprara e instalara directamente su propio medidor. La decisión más adecuada es obligar a que las empresas lo hagan como parte de sus obligaciones como distribuidor. Estas empresas reciben una tarifa regulada por el Estado que cubre los costos de inversión (postes, cables, medidores), de operación, mantenimiento y administración, de una empresa eficiente que compra al precio más eficiente. Por ese servicio, los consumidores pagamos una tarifa, la que permite a las empresas cubrir los costos y obtener una rentabilidad, la que para este proceso fue de 7,2% promedio para la industria (equivalente a un aprox. 6,2% después de impuestos).
En todos estos procesos participan decenas de profesionales del más alto nivel, de la CNE, la SEC, del Ministerio de Energía y de la Contraloría. Profesionales honestos y comprometidos para que el país tenga energía más limpia y barata, como lo demostraron en las grandes reformas y logros en materia energética del gobierno de la Presidenta Bachelet. No hay “golazos” ni “herencias repudiables” en esta medida, pero esos “titulares” quedan y horadan a Instituciones que son el pilar de la Revolución Energética que el Mundo destaca de nuestro país.
