El Ministerio de Energía de Chile ha anunciado que las tres empresas distribuidoras Enel, Grupo Saesa y Chilquinta están dispuestas a ofrecer un incentivo de 10 mil pesos (aproximadamente 15 dólares estadounidenses) a los propietarios de medidores antiguos que los cambien por los dispositivos inteligentes. “El pago de estas tres empresas beneficiará a más de 2,4 millones de hogares”, dijo la ministra de energía, Susana Jiménez.

La tres empresas dieron su disponibilidad a entregar un incentivo de 10 mil pesos a los propietarios de medidores antiguos que los cambien por los dispositivos inteligentes. Los detalles de la forma de pago del incentivo, sin embargo, aún se tienen que definir.

La Mesa Técnica la Comisión Nacional de Energía (CNE), según informa el mismo ministerio, se reunirá ahora con respresentantes de las tres empresas para definir la forma de pago del incentivo, así como los protocolos de aviso, recepción y reposición de los medidores.

“Sabemos que el recambio implica un importante esfuerzo en informar y orientar a las personas de los beneficios de los medidores inteligentes, que se traducen en tener menores interrupciones de electricidad y una más rápida reposición. Por eso mantenemos nuestro llamado al resto de las distribuidoras eléctricas a que sumen a este desafío país de apurar la modernización”, dijo también la ministra.

Por su parte, el vocero de la Asociación de Empresas Eléctricas, Rodrigo Castillo, explicó que la industria en general aún no establece una postura concreta sobre eventuales mecanismos de compensación.

En ese sentido, seguirán revisándolos durante las próximas reuniones de la mesa técnica, cuya prioridad será definir de qué manera informar sobre los beneficios de la nueva tecnología para las personas.

“Respecto de la compra o no de medidores es un tema que está pendiente como industria. Algunas empresas ya lo han conversado con el Gobierno, sin embargo, en cuanto a industria aún estamos en conversaciones. Estas mesas técnicas están pensadas para ocho semanas, de las cuales por lo tanto todavía quedan siete semanas”, afirmó Castillo.

El presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios (Odecu), Stefan Larenas, sostuvo que la compensación sería insuficiente, y no resuelve el problema de fondo sobre la participación de los usuarios en la definición de las tarifas.

“Todavía no sabemos quién definió esa cifra y por qué. Todo esto se hace parchando, sin llegar al fondo del tema, que es cómo participa la representación del consumidor en todo lo que tiene que ver con el proceso tarifario, incluido los medidores”, dijo Larenas.

Raúl Soto, diputado de la Democracia Cristiana (DC), calificó como vergonzoso que el Gobierno intente zanjar la polémica a través de este acuerdo con las empresas, y aseguró que la única solución es tramitar en el Congreso los proyectos de ley que las obligan a asumir el costo de los medidores.

“La única manera de avanzar en esta situación es que el Gobierno le ponga celeridad y urgencia a los proyectos que hay en tramitación para que el costo lo pague la empresa, además de compensar a los consumidores por el cambio de la propiedad de los medidores, e instalar una mesa de trabajo con todos los actores sociales”, recalcó Soto.

El plazo final para las conclusiones de la mesa técnica es a mediados de mayo, donde las empresas podrían informar el detalle sobre el mecanismo de compensación, plazos y formas de pago.