JUAN BISET*

Es notorio cómo, a medida que se aceleran los tiempos pre-electorales, más y más candidatos se sienten en la necesidad de tomar posición respecto de la minería. Esto por supuesto no es malo, pero sí lo es la forma en que eligen hacerlo: lugares comunes, desinformación y mitos, en lugar de verdades, debates y soluciones.

Llama profundamente la atención la liviandad con que –junto a cuestiones ciertas–  se “revolean” conceptos que nos alejan de una discusión democrática seria y constructiva. Y esto simplemente no se puede hacer.

Quien tiene responsabilidades públicas o aspira a tenerlas, no puede hablar de temas esenciales para el país sin solvencia e información. Este “lujo argento” de opinar de todo sin saber, no se lo puede dar una persona pública.

Mucho menos si al hacerlo se pospone –quién sabe por cuanto tiempo– el desarrollo sustentable que a esta altura desesperadamente necesita el país.

Esta semana, Mining Press comentó lo que sucede en el tema minero en la petrolera provincia del Chubut, (“Chubut y Minería: el Carnaval Político No Descansa”), lo que me exime de mayores comentarios.

Pero no puedo evitar mencionar el caso del Sr. Sergio Massa, quien, en una larga entrevista con el periodista Ricardo Bustos (disponible en internet) dedica varios minutos a exponer sobre la minería en general, Catamarca, el valor agregado y el litio. Sin querer cargar las tintas, es un ejemplo de todo lo que no debe hacerse en materia de debate público.

Para resumir, más o menos su posición, sostiene que la minería no cuenta con presupuestos mínimos ambientales, que no nos debe pasar “lo que le pasó a los catamarqueños, que hoy tienen la mitad del territorio agujereado y ni una escuela más” y que su deseo es que “vendamos baterías de celulares” por lo cual si “vos querés sacar el litio, me tenés que financiar el desarrollo de la cadena industrial”.

Es difícil ver por donde empezar, pero probemos hacerlo por las coincidencias.

Efectivamente la minería sólo puede ser sustentable o no hacerse. Este axioma implica que deben considerarse todos los impactos que produce el proyecto (económicos, sociales y ambientales) y abordarse de forma planificada, consensuada y responsable.

También estamos de acuerdo en aspirar a un desarrollo industrial que genere diversidad productiva y mayores oportunidades para el país. Y esto se logra a través de encadenamientos productivos y opciones de valor agregado. Pero aquí comenzamos a disentir.

Desde 1994, la Constitución Nacional fijó nuestra dinámica regulatoria ambiental: leyes de presupuestos mínimos que establecen un “piso” de protección, y normas provinciales que las complementan y profundizan.

A 25 años de esa reforma constitucional, existen numerosas leyes de presupuestos mínimos y un marco normativo ambiental que aplica a toda la actividad productiva. Es más, en minería, existe desde 1995 la ley 24.585 que establece un régimen específico de protección ambiental para la actividad minera.

Estas normas son complementadas por reglamentaciones y procedimientos provinciales que regulan el detalle de muchos aspectos de la actividad que van desde el cierre de minas, hasta los procedimientos de evaluación y fiscalización ambiental, áreas protegidas provinciales, manejo del recurso hídrico, entre muchas otras.

Sin desconocer que siempre puede y debe mejorarse lo que está, y controlarse más y mejor, esto no altera la verdad esencial: como las restantes actividades productivas del país, la actividad minera sí cuenta con leyes ambientales.

También es falso que la “mitad de Catamarca se encuentre agujereada por la minería”. La minería, contrariamente al “saber popular”, no ocupa grandes extensiones de terreno, ni en Catamarca ni en ningún lugar del mundo.

Perú, por ejemplo, ocupa solo el 0,69% de su territorio con proyectos mineros en producción; y aún con esa pequeña huella, es el principal productor mundial de plata y está en el podio de productores mundiales de cobre, zinc y estaño.

Y en materia económica (las escuelas de las que nos habla el pre-candidato Massa), no sólo es la minería la principal actividad económica de Catamarca, sino que el Proyecto Alumbrera, aún en su etapa final, aportó en la provincia en el año 2017 entre regalías, impuestos provinciales y cánones de aguas unos $200m y entre compras de insumos y salarios más de $1000m.

Por último, en este rápido resumen, el tema del valor agregado. Obviamente que es deseable que haya industrias de todo tipo y que Argentina impulse políticas y un contexto que atraiga y arraigue inversiones de este tipo.

Pero esto no se hace por arte de magia o poniendo “el carro adelante del caballo”: ¿qué inversor minero, en su sano juicio, elegiría Argentina como destino si para producir litio tiene que forzosamente financiar una imprecisa cadena de valor aguas abajo?

No conozco en profundidad otras industrias, pero sí puedo asegurar que en el mundo la minería no funciona así. Las empresas mineras no son bancos de financiamiento ni están obligadas a integrarse verticalmente a cadenas de valor en las que no participan ni conocen. Es como pedirle a quien planta un bosque que financie la producción de violines, si es que quiere la madera. O a las mineras de Australia (principal productor de hierro del mundo) que financien la instalación de las miles de industrias derivadas del acero (NdelA: no lo hacen).

Las baterías se fabrican donde tiene sentido hacerlo, no donde se pretenda desde un “tablero central de control”. Generemos sí las condiciones para que Argentina sea un lugar atractivo para la inversión industrial, pero la propuesta no es la forma de hacerlo. Lo único que se logra con planteos como el analizado es quedarse sin el pan de la inversión minera y sin la torta del valor agregado.

Sería muy interesante que el Sr. Massa y los restantes candidatos y pre-candidatos que desean gobernarnos lo hagan desde un lugar de conocimiento, profundidad e información. Vaya este pequeño aporte a la causa.

* Ex Subsecretario de Sustentabilidad Minera y de Política Minera.