SILVIA PECO

El proyecto de construir un nuevo gasoducto para la producción de gas de Vaca Muerta, que impulsa la Secretaría de Energía, está suscitando cuestionamientos y dudas, entre las empresas que producen y transportan. Pero sobre todo abre un interrogante: ¿habrá condiciones económicas para que el repago de la obra se traslade a las tarifas de gas de todos los usuarios, tras los fuertes ajustes aplicados en los últimos cuatro años?

Hasta el 8 de abril, las empresas petroleras y transportistas tienen tiempo para realizar manifestaciones de interés con vistas a construir un nuevo gasoducto o desarrollar una ampliación significativa de la capacidad de transporte desde la cuenca neuquina hasta el AMBA y el Litoral, según la resolución 82 de la dependencia que conduce Gustavo Lopetegui.

De acuerdo a esa norma, las propuestas podrán ser consideradas, total o parcialmente para su integración a las bases y condiciones de la licitación pública que se espera adjudicar en septiembre.

Según la estimación oficial, el primer tramo del proyecto de Neuquén a Bahía Blanca demandará una inversión de u$s800 millones, y sobre este total 400 millones provendrían del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses y 200 millones del BID, mientras los otros 200 millones deberán ser financiados por los interesados.

Lo que no está dicho es cuándo los usuarios a través de las tarifas empiezan a repagar las obras. En principio, según los contratos negociados por el actual gobierno con las transportistas en los términos de la ley de marco regulatorio del gas, las obras se prevén para un período quinquenal y se fijan tarifas de transporte para esos cinco años que en rigor van anticipando fondos para la construcción.

Las obras y las tarifas están definidas hasta 2021, pero el Gobierno quiere adjudicar el gasoducto de Vaca Muerta en septiembre para tener listo un primer tramo en el invierno de 2020, lo que obligaría por lo menos a revisar el plan vigente.

En ese sentido, la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) que nuclea a todas las petroleras, difundió esta semana una nota elevada al Enargas en la que solicita un censo de la capacidad potencial remanente en los gasoductos y la identificación de las expansiones que resulten económicas y que optimicen los sistemas actuales. También reclama que una vez relevadas esas expansiones, se determine cuáles de ellas pueden ser realizadas con las tarifas vigentes surgidas de la RTI (revisión tarifaria integral) y cuáles requerirían un cargo tarifario adicional.

Esto significa que los potenciales inversores convocados por el Gobierno quieren tener seguridad de que la obra es necesaria y de que recuperarán la eventual inversión en el gasoducto. No parece conformarlos que la Secretaría de Energía se haya comprometido a adquirir 12 millones de metros cúbicos de gas para Cammesa a un precio similar al de la importación de GNL para los inviernos de 2020 a 2023, vinculando esta iniciativa a la nueva obra de transporte

El proyecto oficial no solo está acuciado por la incertidumbre electoral, el alto costo del crédito y la inestabilidad cambiaria. Hay además otros elementos en juego. El aumento de la producción en 2018 se debió en alrededor de un 80% al área de Fortín de Piedra concesionada a Tecpetrol del grupo Techint que esperaba percibir por toda la producción un precio asegurado por el Estado de u$s7,50.

Ahora ese valor estímulo subsidiado quedó limitado a la producción prevista en el proyecto original: unos 8,5 millones de metros cúbicos diarios frente a 17,5 millones alcanzados en diciembre pasado.

Tecpetrol por ahora paró las perforaciones y ya no seguiría aumentando la extracción. Otras petroleras como YPF que no entraron en los subsidios de la resolución 46, planean enfocarse más en el petróleo que en el gas de Vaca Muerta.

Algunos expertos sugieren que el gas de esa formación requiere de un precio elevado que no puede ser pagado por la demanda y ahora tampoco sub- vencionado por el Estado debido a las restricciones presupuestarias.

Hay además una incógnita de fondo sobre la capacidad de los usuarios residenciales e industriales de pagar precios en dólares cada vez más caros por el gas, y eventualmente por un nuevo gasoducto, en una economía que no para de hundirse.