Diego Hernández, presidente de la Sociedad Nacional de Minería. El líder gremial destaca los avances que ha presentado la industria local durante el último ejercicio, pero advierte de las posibles dificultades que podrían afrontarse, principalmente con algunos cambios normativos que se estudian en el Parlamento.
"Chile está en una situación de privilegio respecto del desarrollo de proyectos mineros"
Un comienzo de año cargado de viajes ha sido el de Diego Hernández, presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), luego de participar en distintas instancias internacionales -como la BMO de Miami, o la PDAC de Toronto- que sirven para ir tomando el pulso de la industria para este ejercicio.
El líder gremial explica que la situación y el ánimo de los inversionistas no han cambiado mucho en los últimos 12 meses. Y es que si bien las empresas están dando a conocer balances financieros sanos y entregando utilidades a sus accionistas, siguen cautelosos con el tema de las inversiones y no se están viendo muchos proyectos en desarrollo a nivel global.
Es en este escenario que Hernández explica que "en Chile estamos en una situación privilegiada al tener los proyectos que se están empezando a desarrollar; entre ellos, Spence, la segunda fase de Quebrada Blanca; la infraestructura complementaria de Los Pelambres, y los otros que podrían venir después. A estos se suman los de Codelco, que ya están y que van a seguir su desarrollo".
Uno de los factores de esta tendencia, dice, es la política preinversión minera del Gobierno, lo que se reflejó en la última edición del ranking del Instituto Fraser, donde Chile trepó al sexto lugar entre los países más atractivos para desarrollar proyectos mineros. "Chile volvió a estar en la mira, pero en la industria no hay muchas inversiones, no hay mucho M&A (fusiones y adquisiciones), salvo en oro", dice el expresidente de Codelco. "Están todos expectantes, porque la oferta y la demanda de cobre sigue apretada".
Respecto de los motivos tras esta cautela de los inversionistas, explica que no se trata de un tema estructural, sino que aún quedan esquirlas del conflicto entre China y Estados Unidos, lo que se suma a las voces que apuntan a una posible recesión mundial en 2020. De todos modos, las proyecciones para el precio del cobre siguen siendo positivas: si bien acumula un promedio cercano a los US$ 2,8 en lo que va de año (menor a los US$ 2,96 de 2018), ha tomado un impulso durante las últimas semanas que genera optimismos a que efectivamente este año se llegue a los US$ 3 la libra.
Otro aspecto que destacó es el nivel del empleo del sector minero, que pasó a 208 mil trabajadores contra 200 mil en 2017. Además, sus remuneraciones imponibles también suben: entre septiembre de 2017 y de 2018 hubo un alza de 7,7%, superior al promedio del país, que en el mismo período se incrementó en 4,9%. "Esto demuestra que hay mayor dinamismo en la minería. Las otras cifras que requieren un poquito de explicación fue el Imacec minero, que en enero cayó 4,3% comparado con enero del año pasado, y eso se explica por una menor producción de cobre, que creemos que es temporal", dice Hernández.
En específico, son 19 mil toneladas menos que se explican, sobre todo, por una menor producción de algunas de las minas de Codelco en el norte, pero no relacionadas con las lluvias, sino que a una menor producción que tendría relación con la paralización de las fundiciones de Chuquicamata y Potrerillos, lo que debiese normalizarse durante el primer semestre.
Sin embargo, Diego Hernández advierte que en Chile también existen algunas amenazas que podrían terminar por ahuyentar a los inversionistas y que provienen, principalmente, de algunos proyectos de ley que se tramitan en el Congreso. "Vemos con preocupación que cuando se envía un proyecto, se empiezan a meter otros temas y se desvirtúa, como pasó con la reforma al SEIA, que ha avanzado bastante poco. No tenemos muchas expectativas en relación a nuevas leyes que pueda aprobar el Congreso, está muy desordenado, muy desorientado", dice.
A esto se suman iniciativas como la ley de glaciares, que amenaza con impedir el desarrollo de la industria en la zona central del país. "Pensamos que no deberíamos tener una ley específica, no existe alguna parte del mundo, salvo en Argentina y en un país de Asia Central, donde fue derogada", dice, y agrega que esta normativa ha sido responsable de las dificultades que han tenido las empresas para desarrollar proyectos del otro lado de la cordillera.
Hernández también tiene una visión respecto de la ley de delito ambiental, ya que apunta a las facultades que se le entregan a algunas instituciones, como la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA). "Lo que no nos gusta es que la SMA sea parte de la definición de los delitos, porque cada vez que se impulsa una institución especializada no se ve que sea más expedito. Si hacemos un balance de los tribunales ambientales, han sido negativos, porque han demostrado menos conocimiento que los tribunales ordinarios", señala.
Chile volvió a estar en la mira, pero en la industria no hay muchas inversiones, no hay mucho M&A (fusiones y adquisiciones, por sus siglas en inglés), salvo en oro, y están todos expectantes, porque la oferta y la demanda de cobre sigue apretada".
Si hacemos un balance de los tribunales ambientales, estos han sido negativos, porque han demostrado menos conocimiento que los tribunales ordinarios"
Vemos con preocupación que cuando se envía un proyecto, se empiezan a meter otros temas y se desvirtúa, como pasó con la reforma al SEIA, que ha avanzado bastante poco. No tenemos muchas expectativas en relación a nuevas leyes que pueda aprobar el Congreso, está muy desordenado, muy desorientado".
