En Diciembre del 2018 constituimos en la UIM el cluster Energético de Mendoza, espacio integrado por el sector privado, organismos y reparticiones públicas, universidades y otros entes del sector académico y organismos de la sociedad civil, preocupados por la incesante reducción de la actividad productiva de Mendoza e interesados en su desarrollo económico y social.

La misión principal de este Clúster apunta a lograr el desarrollo de la inversión y actividad de exploración y explotación de los recursos petroleros, gasíferos, mineros y energéticos de la Provincia, convencidos de que ello beneficiará al entramado de pymes y trabajadores mendocinos que puedan consolidarse como proveedores directos e indirectos de dicho complejo industrial. Nos referimos a rubros diversos como equipamiento, construcción, transporte, insumos, servicios técnicos, recursos humanos, productos textiles, gastronomía, entre otros, ya que se trata de actividades muy dinamizadoras que impactan en una gran parte de nuestro sistema productivo. Queremos invitarlo a que nos acompañe en una petición a nuestras autoridades, clara y contundente, a través de la instrumentación de herramientas concretas que nos permitan ampliar y diversificar nuestra matriz productiva.

La actividad se encuentra limitada y la minería metalífera, directamente prohibida por una serie de normas e impedimentos legales, que demoran o impiden las inversiones necesarias. Un ejemplo claro de esto lo constituye la ley 7722: doce años después de su sanción ha podido confirmarse que la misma no fue dirigida a delimitar el campo de acción del desarrollo minero en Mendoza sino directamente a prohibirlo, en este lapso, no ha sido aprobado ningún proyecto minero metalífero. En el mismo período, las provincias vecinas han gozado y gozan de los beneficios del desarrollo de este sector, sin que a la fecha se comprueben los nefastos efectos anunciados.

Hoy vemos como pymes de San Juan o Neuquén tienen crecimiento sostenido como proveedores del sector, no solo generando trabajo sino también invirtiendo, innovando en tecnología o agrupándose entre ellas para asumir desafíos más importantes, en otros lugares del país o del mundo. Jamás pusimos ni pondremos en duda la absoluta preminencia de la protección al ambiente local, del cuidado de los recursos hídricos y de la salud de las personas.

En su gran mayoría somos pequeñas y medianas empresas familiares, con varias generaciones viviendo en el territorio provincial y con el deseo de permanecer aquí indefinidamente. Estamos convencidos de que tanto desde el punto de vista legal como del control social está más que garantizada la posibilidad de llevar adelante, en forma compatible con un ambiente saludable, una actividad como la minera, más controlada y observada que ninguna otra en nuestra región, en el país y en el mundo.

Pero consideramos imposible ese desarrollo ya que la minería metalífera está literalmente prohibida en base a los excesos de la legislación vigente, de la que resaltamos solo dos puntos como ejemplo:

+  La Ley 7722 prohíbe el uso sustancias químicas que las define explícitamente, porque pueden contaminar el recurso hídrico o amenazar la salud pública aún en lugares donde fácticamente sería imposible, y también extiende la prohibición a un colectivo indeterminado (“otras sustancias similares”), provocando en los hechos que no pueda usarse ningún tipo de sustancia o producto químico. Lo paradójico, es que las sustancias enumeradas, son utilizadas en otras actividades industriales o procesos productivos que se rigen por normativas vigentes en relación al cuidado de la salud o el medio ambiente.

+ La misma Ley 7722 exige que, luego de cumplir con la rígida normativa ambiental, obtener una Declaración de Impacto Ambiental positiva y realizar las correspondientes audiencias públicas, los proyectos metalíferos deben pasar nuevamente por la Legislatura Provincial para su ratificación. ¿Cuál es el sentido de transitar un proceso técnico tan profundo y complejo previamente, en el que participa la ley vigente, los organismos dotados de expertos en la materia y la propia sociedad civil por medio de audiencias públicas, si aun cuando se logre la aprobación todo queda sujeto a una discusión política que se define generalmente en base a los humores del momento? Mientras tanto, las principales actividades que motorizan a la economía provincial se reducen paulatinamente afectando su capacidad de empleo y de generación de ingresos a Mendoza: 

+ El sector agropecuario reduce año a año su nivel de actividad y empleo, lo que impacta en la baja calidad de vida rural y profundiza la migración desde el campo a las ciudades.

+ Las principales ramas industriales de Mendoza muestran una alarmante caída de todos los indicadores, salvo el de la capacidad ociosa que sube año a año. • Solamente el turismo y algunas actividades incipientes como las industrias creativas pueden mostrar números positivos, pero que de ninguna manera compensan la pérdida de los principales sectores ni, menos aún, generan empleos para los aproximadamente 7.000 mendocinos que cada año se incorporan al mercado laboral. Sin duda alguna, el desarrollo sustentable de la actividad minera y petrolera podría haber generado en los últimos años: • Mayor actividad económica para la provincia de Mendoza, principalmente de pymes que proveen al sector. Y multiplicado los empleos calificados y bien remunerados que todo este entramado productivo implica.

+ El posicionamiento de la Provincia de Mendoza como un centro de investigación, desarrollo e innovación en materia de producción e industrialización de minerales. De sistemas de control y prevención. De especialización de pequeñas y medianas empresas que salieran luego al mundo a vender sus tecnologías, productos y servicios. 

+ El aumento de los ingresos fiscales, que hubiera fortalecido la infraestructura social de los mendocinos y mejorado las condiciones en que se desenvuelve el resto de los sectores productivos. Mendoza contaría a esta altura con una infraestructura hídrica más completa y eficiente, que hubiera acrecentado ampliamente la frontera agrícola, de haber obtenido recursos provenientes de las regalías mineras. Somos partidarios del apoyo público a la reconversión y/o adaptación del resto de los sectores productivos de Mendoza a las nuevas realidades que nos impone una economía cada vez más globalizada.

Pensamos que más que un cambio en la matriz productiva de la Provincia lo que debemos lograr entre todos es una ampliación de la misma, reforzando los motores tradicionales de la actividad económica y posibilitando la consolidación de otros nuevos.

Por todo lo expuesto es que solicitamos a los legisladores de la Provincia el urgente tratamiento de los proyectos de modificación de la ley 7722, que se encuentran actualmente en la Cámara de Senadores, a fin de lograr la reactivación en el menor tiempo posible de los demorados proyectos mineros que sin duda alguna potenciarán la actividad productiva de la Provincia e impactarán más que positivamente en la creación de empleos de alta calidad. Sin otro particular, y a la espera de su adhesión a la presente nota que será remitida a nuestras autoridades legislativas, quedamos a la espera de una respuesta favorable y nos despedimos atte.

Unión Industrial de Mendoza y sus Cámaras asociadas: Asociación de Empresarios Madereros (ADEMA); Asociación De Empresarios de Rodríguez Peña (ADERPE); Asociación de Industriales Metalúrgicos (ASINMET); Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (APROCAM); Bodegas De Argentina (BA); Cámara Mendocina de Servicios Petroleros (CAMESPE); Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (CAMEM); Cámara Inmobiliaria de Mendoza (CIM); Cámara de Comercio Agricultura e Industria de San Martin; Cámara de Comercio Agricultura e Industria de San Rafael; Circulo de Constructores (CIC); Cámara Empresaria de Constructores Independientes de Mendoza (CECIM); Cámara de la Fruta Industrializada de Mendoza (CAFIM); Film Andes; Mendoza Bureau; Polo TIC de Mendoza.