La minera rusa informó que desde el 1 de abril cerrará sus oficinas en la provincia. De esta manera la inversión en Mendoza dejará de ser prioritaria para los accionistas. El proyecto considera una inversión de 500 millones de dólares.
Desde el 1 de abril la minera San Jorge cerrará sus oficinas en Mendoza por tiempo indeterminado debido al nulo avance que ha tenido el proyecto durante los últimos años. Zonda Metals B.V., propietaria del proyecto San Jorge en Uspallata, informó que los inversores industriales Solway y Aterra no mantendrán sus oficinas en la provincia, lo que es una clara señal de que el proyecto deja de ser prioritario para el grupo. Argumentan una utilización política del proyecto y de la minería en general.
Desde la compañía señalaron que "esta decisión fue tomada debido a un clima desfavorable para la industria minera y especialmente debido al funcionamiento de una ley anti-minera regional en la provincia y a la politización del tema minero en general, y del proyecto San Jorge en particular".
Desde San Jorge destacaron que "la implementación de dicho proyecto en la provincia de Mendoza hubiera permitido invertir al menos 500 MM de dólares estadounidenses, creando no menos de 4,000 puestos de trabajo en la etapa de construcción y 1,000 en la etapa de operación. El volumen de la producción de cobre en estas plantas permitiría sustituir casi por completo las importaciones argentinas de este metal de los mercados internacionales".
En ese mismo sentido, los accionistas de Solway y Aterra señalan que "se reservan el derecho de retomar la oportunidad de realizar el proyecto San Jorge solo con las condiciones de contar con un clima legal y político favorables, una vez eliminadas las barreras mencionadas y con firma de un acuerdo formal con las autoridades de la provincia, determinando las responsabilidades de las partes".
El proyecto San Jorge hoy está en manos de inversores rusos que adquirieron el proyecto para extraer cobre en la estancia El Yalguaraz de Uspallata en 2015 a los canadienses de Coro Mining.
En principio el proyecto contemplaba la extracción de cobre en la zona mediante procesos de lixiviación y flotación, pero con la aprobación de la Ley 7.722 que limitó el uso de algunas sustancias en la industria minera, el proyecto se limitó a la extracción mediante el método de flotación. Sin embargo, la Declaración de Impacto Ambiental de ese proyecto fue archivada en la Legislatura por pedido del entonces candidato Francisco Pérez ante las presiones de grupos ambientalistas.
Después de eso se hizo una actualización que desembocó en el desarrollo del proyecto biprovincial, cuya idea era sacar el material en Mendoza y llevarlo hasta San Juan para procesarlo. Sin embargo, en 2017 la administración actual emitió una resolución para que la minera iniciara el proyecto desde cero. Desde ese momento se comenzó a analizar el escenario, pero después de un año sin avances, la compañía decidió levantar su campamento mendocino. En medio de eso también se invirtieron recursos provinciales para el desarrollo de una política de estado en materia minera que finalmente nunca prosperó.
El anuncio se hace durante el desarrollo de la Prospectors & Developers Association of Canada, PDAC, la feria minera más importante del mundo y en la que se conoce el informe Fraser, un ranking con los mejores lugares para invertir y en el que Mendoza aparece en los peores lugares.
Ahora los accionistas se limitarán a cumplir los temas legales pertinentes y los procedimientos administrativos, pero sin presencia de la compañía en la provincia.
Del mismo modo, la inversión de 500 millones de dólares que estaba reservada, ahora no será prioritaria para Mendoza y, en caso que aparezca un destino atractivo para ese dinero, será destinado a esos propósitos, según indicaron fuentes de la compañía.
El CEO del proyecto, Taras Nechiporenko (foto), tuvo duras palabras para las autoridades provinciales luego de la decisión que tomó la compañía. Señaló que "tanto muchos expertos de varios rubros, como los políticos en Mendoza y en Argentina, se dan cuenta de que la Ley 7.722 tiene un carácter discriminatorio para toda una industria que ha permitido a otras provincias y países enteros, desarrollar sus economías".
En ese mismo sentido, comentó la decisión de la firma de cerrar su oficina local: "Según la opinión de los accionistas del proyecto, las autoridades legislativas y ejecutivas de la provincia, tanto anteriores como actuales, no han demostrado interés político para modificar la legislación antiminera o desarollar la industria en el marco de la ley 7.722".
A pesar de que el proyecto no tuvo avance desde que fuera sepultado por Francisco Pérez cuando era candidato a gobernador, también tuvo fuerte críticas contra la gestión actual: "Las autoridades del gobierno actual han perjudicado el proyecto, emitiendo la resolución para “dar de baja” al proyecto bi-provincial sin ningún razonamiento jurídico de peso, prohibiendo de esta manera explotar el mineral en Mendoza y procesarlo en la provincia de San Juan"
Finalmente, Nechiporenko, indicó: "Evaluando lo mencionado, los accionistas y el directorio de la empresa no están viendo perspectivas algunas para que en el 2019 se eliminen las barreras políticas y legales y, por ende, toman la decisión de rubricar el proyecto San Jorge en su portafolio de inversiones como NO prioritario".
“El proyecto San Jorge suspende el funcionamiento de sus oficinas en Mendoza por un tiempo indeterminado"
Comunicado de Prensa
Mendoza, 5 de marzo de 2019
El Directorio de la empresa Zonda Metals B.V., dueña del proyecto San Jorge desde 2013, en nombre y por encargo de los accionistas INFORMA que, a partir del 1 de abril del 2019, se suspenden las operaciones de las oficinas en Mendoza de esta empresa, formada por los inversores industriales Solway y Aterra, por un periodo indeterminado.
Esta decisión fue tomada debido a un clima desfavorable para la industria minera y especialmente debido al funcionamiento de una ley anti-minera regional en la provincia y a la politización del tema minero en general, y del proyecto San Jorge en particular.
Resumiendo los hechos, la implementación de dicho proyecto en la provincia de Mendoza hubiera permitido invertir al menos 500 MM de dólares estadounidenses, creando no menos de 4,000 puestos de trabajo en la etapa de construcción y 1,000 en la etapa de operacion. El volumen de la producción de cobre en estas plantas permitiría sustituir casi por completo las importaciones argentinas de este metal de los mercados internacionales.
Los accionistas del grupo Solway y Aterra se reservan el derecho de retomar la oportunidad de realizar el proyecto San Jorge solo con las condiciones de contar con un clima legal y político favorables, una vez eliminadas las barreras mencionadas y con firma de un acuerdo formal con las autoridades de la provincia, determinando las responsabilidades de las partes.
Departamento de prensa Solway y Aterra”
Tanto muchos expertos de varios rubros, como los políticos en Mendoza y en Argentina, se dan cuenta de que la Ley 7.722 tiene un carácter discriminatorio para toda una industria que ha permitido a otras provincias y países enteros, desarrollar sus economías, llegando a un nivel muy avanzado, asegurando de esta manera el crecimiento de bienestar de sus habitantes.
Según la opinión de los accionistas del proyecto, las autoridades legislativas y ejecutivas de la provincia, tanto anteriores como actuales, no han demostrado interés político para modificar la legislación antiminera o desarollar la industria en el marco de la ley 7722.
Más aún, las autoridades del gobierno actual han perjudicado el proyecto, emitiendo la resolución para “dar de baja” al proyecto bi-provincial sin ningún razonamiento jurídico de peso, prohibiendo de esta manera explotar el mineral en Mendoza y procesarlo en la provincia de San Juan, donde las autoridades siempre estaban y siguen muy favorables a la construccion de la planta de lixiviacion para producir cobre fino. Esta resolución fue protestada por la empresa de la forma legal adecuada, tanto como cualquier otro acto hostil contra el proyecto San Jorge en el marco de los procedimientos jurídicos no solamente nacionales, sino también recurriendo a las herramientas internacionales de protección de inversiones extranjeras. Es parte de nuestra política corporativa en cualquier país del mundo, donde nosotros realizamos proyectos de inversiones.
Evaluando lo mencionado, los accionistas y el directorio de la empresa no están viendo perspectivas algunas para que en el 2019 se eliminen las barreras políticas y legales y, por ende, toman la decisión de rubricar el proyecto San Jorge en su portafolio de inversiones como NO prioritario.
Muy atentamente, Taras Nechiporenko
CEO/Presidente de Minera San Jorge
