Pasaron casi 11 años desde que el kirchnerismo anunció que se reactivaba en Santa Cruz el proyecto hidroeléctrico sobre el río homónimo, que nace en Lago Argentino a 180 metros sobre el nivel del mal, recorre 300 kilómetros y desemboca en el océano Atlántico.

En ese tiempo, la inactividad caracterizó el estado de las obras, que hoy recuperaron sus nombres originales, Cóndor Cliff y La Barrancosa, tras llamarse por cinco años Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, respectivamente.

Pero la situación cambió en los últimos meses y las máquinas importadas de China comenzaron a moverse sobre el suelo rocoso, a la orilla del río. Con 750 empleados trabajando en cada obra en dos turnos de 12 horas, el proyecto ya está avanzado en el 21% de la excavación y el 13% del relleno de las presas. La fecha de inauguración está estimada para septiembre de 2023 en el caso de La Barrancosa, que es más chica, y para abril de 2024 para la puesta en marcha de Cóndor Cliff.

Esta última represa estará construida a 145 kilómetros de distancia en auto de la ciudad de El Calafate. Tendrá 68 metros de altura y contendrá cinco turbinas del estilo Francis, que generarán por año 3167 gigavatios por hora (GW/h).

La Barrancosa, en tanto, tendrá un altura menor, de 41 metros, y contará con tres turbinas del tipo Kaplan, que proveerán 1780 GW/h por año. La represa estará ubicada a 50 kilómetros de distancia al oeste de Cóndor Cliff, y cuando comiencen a funcionar se generará un lago entre ambos embalses.

En total, las dos obras permitirán aumentar un 4,5% la oferta de energía eléctrica nacional, lo que equivale a abastecer aproximadamente a 700.000 familias.

Las obras fueron adjudicadas en 2013 tras realizarse una licitación internacional. El ganador -con polémica de por medio por consignar un monto de $24.750 millones por debajo de las demás ofertas- fue la unión transitoria de empresas (UTE) integrada por la china Gezhouba, Electroingeniería y la mendocina Hidrocuyo.

Pero la construcción de las represas quedó casi dos años sin ejecución en 2016, con la asunción de la actual administración y la revisión de los contratos.

El año pasado, luego de adaptar el proyecto a un estudio ambiental que pidió la Corte Suprema -donde se decidió no aumentar la altura del río porque podía tener implicancias en el Lago Argentino, y se redujo la cantidad de turbinas-, la construcción comenzó a tomar impulso.

Ni la causa de los cuadernos logró frenarla esta vez, aunque tuvo implicancias en la sociedad UTE luego de que el entonces vicepresidente de Electroingeniería, Gerardo Ferreyra, quedara implicado.

Desde entonces, Gezhouba, que ya tenía el 54% de las acciones, compró un 16% de la participación de Electroingeniería, y esta pasó de tener el 36% del total al 20%. Hidrocuyo, en tanto, que es la que tendrá a cargo la operación de las represas una vez que finalicen las obras, mantuvo su 10%.

La empresa china no pudo comprar más acciones porque el pliego establece que al menos un 30% de la participación societaria tiene que ser nacional.

En el mediano plazo se espera que alguna otra empresa argentina adquiera las acciones de la cuestionada Electroingeniería, aunque quedan pocas empresas de obra pública en la Argentina que no hayan estado afectadas por la causa de los cuadernos.

Luego de que el socio local se viera salpicado por el escándalo, los ejecutivos chinos comenzaron a tener más responsabilidades en el manejo de la obra, ayudados por la empresa estatal Integración Energética Argentina (Ieasa), la ex-Enarsa, encargada de ejecutar la obra.

Al momento, el 20% del personal es chino. De ellos, 160 trabajadores están empleados con la modalidad de cinco meses de trabajo intensivo y un mes de descanso, y se les pagan los pasajes para volver de visita a su país. Todos viven junto con los empleados locales en las villas removibles que se construyeron al lado de las represas. Sin embargo, tienen sus propios horarios para comer y distinta variedad de menúes.

Se espera que en dos años, cuando se llegue al pico de empleo y haya 5500 trabajadores en las represas, la presencia de empleados chinos también aumente. En general, sus responsabilidades están vinculadas con lo electromecánico e incluyen dar capacitación a los empleados locales para el posterior mantenimiento de las turbinas.

El crédito para financiar las obras también proviene de China. Su banco de desarrollo prestó US$4714 millones, que se desembolsan a medida que avanzan las obras. Con la devaluación, sin embargo, los costos de la construcción se redujeron a US$4100 millones.

Del total, un 23% del dinero quedará en China para pagar las turbinas, algunas máquinas y las compuertas que se importarán para las obras. El 77% restante será ejecutado en el país.

En la audiencia pública convocada para discutir el impacto del trazado del tendido eléctrico, grupos ambientalistas esgrimieron que los cables de alta tensión serán el acta de defunción de especies de aves migratorias muy vulnerables.

En la audiencia pública convocada para discutir el impacto del trazado del tendido eléctrico, grupos ambientalistas esgrimieron que los cables de alta tensión serán el acta de defunción de especies de aves migratorias muy vulnerables.

A pesar del vertiginoso avance de las obras de las represas patagónicas sobre el río Santa Cruz, un abroquelado frente ambientalista, esta vez netamente local, volvió a cuestionar este miércoles en muy duros términos la ejecución del controversial complejo hidroléctrico, en el cual ya se llevan invertidos unos USD 1000 millones financiados por China.

El nuevo rechazo a las represas se escuchó a lo largo de cuatro horas durante una álgida audiencia pública convocada por la Secretaría de Ambiente de Santa Cruz en la localidad de Piedra Buena.

Allí se discutió el impacto ambiental que ocasionaría el trazado del tendido eléctrico de 500 kv para conectar a las presas Cóndor Cliff y La Barrancosa con la Estación Transformadora río Santa Cruz, que transportará la energía al Sistema de Interconectado Nacional.

Unas 15 encendidas disertaciones de especialistas y activistas ambientales manifestaron en forma unánime su rechazo al argumentar, entre otras cuestiones, el daño irreparable que el tendido eléctrico producirá sobre especies endémicas migratorias al borde de la extinción, como el macá tobiano, y también en otras menos estudiadas en la región, como el cauquén colorado, la gallineta chica y el chorlito ceniciento.

Estas aves, según expusieron representantes de las ONG locales Río Vida, Río Santa Cruz Libre y Movimiento Patagonia Libre, junto al investigador Kini Roesler, de Aves Argentinas, quien se manifestó mediante un video, migran en su mayoría en vuelos nocturnos y en distintas direcciones con lo cual durante sus largos desplazamientos podrían verse amenazados al colisionar con los cables de alta tensión, lo que aceleraría la desaparición de estas especies.

En el caso del críticamente amenazado macá tobiano, un ícono de la biodiversidad presente sólo en Santa Cruz, que se desplaza en invierno 1.000 kilómetros de este a oeste, en vuelos de siete días, desde la meseta hacia el estuario para protegerse de las nevadas, el trazado del tendido eléctrico supone, según los ambientalistas, "un acta de defunción para una especie" para la cual, paradójicamente, se creó tres años atrás el Parque Nacional Patagonia para frenar su extinción, esgrimieron.

Pero más allá de los argumentos ambientales, hubo también objeciones de forma y de fondo al estudio de impacto ambiental sobre ese trazado, que no fue presentado junto al de las represas, como impone la ley, sino por separado y una vez comenzadas las obras de las presas, "lo que describe—adujeron los disertantes—  la irregularidad sobre cómo se vienen llevando adelante las obras de las hidroélectricas".

Una obra con cuestionamientos recurrentes en la Justicia

De esa forma, los ambientalistas locales aludieron de forma directa a medidas cautelares y recursos de nulidad interpuestos por ONG nacionales como Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Aves Argentinas y Banco de Bosques tanto en la Justicia Federal como en la Corte Suprema. Esos planteos esperan definiciones sobre la vialidad constitucional para la ejecución de las obras, que ya fueron frenadas  y luego reanudadas.

En el caso del planteo de nulidad sobre todo el estudio de impacto ambiental del conjunto de las represas, el expediente ingresó en la Secretaría de Juicios Ambientales de la Corte Suprema de Justicia a la espera de un pronunciamiento.

Consultado por Infobae, el abogado constitucionalista Cristian Fernández, del estudio Sabsay-Neimark, que representa a la ONG Banco de Bosques, dijo que a pesar de que las obras estén avanzadas "todo el proceso de las represas Condor Cliff y La Barrancosa se hizo en violación a las garantías constitucionales para una obra de semejante envergadura: no se realizó el estudio de impacto ambiental completo y se pasó  por alto la consulta previa e informada a los pueblos originarios como impone la ley… Hasta que el curso del río no se desvíe para nosotros hay esperanzas", sentenció.

"Confiamos en que la Corte frenará las obras. Existe el precedente en el caso Mamaní en Jujuy que nos respalda, donde el alto tribunal paró todo un desmonte por falencias muy similares al sesgado estudio de impacto ambiental presentado para estas represas", agregó el letrado.

En tanto, las controversias prometen continuar en la próxima audiencia pública para volver a discutir el tendido eléctrico, que deberá convocar esta vez el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) en los próximos meses.

El bloque ambiental a nivel nacional, según pudo saber Infobae, seguirá su batalla contra las hidroeléctricas, proyectadas sobre el último río de origen glaciar que corre libre en la Patagonia, y aprovechado para generar el 4% de la energía que consume el país.