Diego Cabot
El banquero Sebastián Eskenazi, hijo del exaccionista de YPF y dueño del Banco de Santa Cruz, recibió el dinero negro que manejaba Daniel Muñoz, el secretario de Néstor Kirchner, según afirmó ante la Justicia el contador de la familia presidencial Víctor Manzares, quien estimó que lo invertido en la Argentina fue alrededor de 130 o 150 millones de dólares.
A la cifra deben sumarse unos 70 millones de dólares invertidos en el exterior, según reconstruyeron en fuentes judiciales en diálogo con LA NACION.
Eskenazi, mediante sus voceros, desmintió haber recibido ese dinero. "El Grupo Petersen denuncia que tal versión es falsa y maliciosa y forma parte de la misma maniobra de desprestigio que ciertos personajes oscuros intentan impulsar desde hace tiempo para ensuciar a la familia Eskenazi y al Grupo Petersen, luego del fallido intento de extorsión del año 2017, por el cual están procesados por la Justicia", señaló la empresa a través de un comunicado.
Manzanares declaró durante tres días ante el fiscal Carlos Stornelli. Sugirió que los fondos pertenecían en rigor a Néstor Kirchner, reveló cómo se ocultaba la plata en casa de la madre del expresidente, que se usaba un galpón con baño acondicionado como bóveda o en cajas fuertes a lo largo de la pared de una oficina, entre otras escandalosas revelaciones.
También habló de las maniobras de lavado de dinero que realizó Muñoz, el modo en que el juez Norberto Oyarbide cerró la causa por enriquecimiento ilícito de los Kirchner entre masitas y champagne. Y dijo que Cristina Kirchner le prometió que el pago por sus servicios profesionales iba a ser un Registro de la Propiedad Automotor en Buenos Aires, que debía poner a nombre de un testaferro suyo y darle el 20% de lo recaudado, pero al final terminó el mandato de la expresidenta y la promesa no se cumplió.
Manzanares relató que en un momento Muñoz decidió retirar todo el dinero del sur, que fue traído por tierra a Buenos Aires. Dijo que quien se encargó del traslado fue el arquitecto Luis Gugino, que era quien había acondicionado un galpón en la calle Maca Tobiano 740 de Río Gallegos como depósito de dinero. Allí se guardaban cosas en desuso y en un cuarto de máquinas había un gigantesco depósito de dinero.
Manzanares dijo que en Buenos Aires ese dinero fue entregado a Sebastián Eskenazi, según reconstruyeron fuentes judiciales.
En un momento, ante Manzares, Muñoz se jactó de la situación que le había tocado vivir, manejando tanto dinero y, para graficar la cantidad de la que hablaba aludió a una pileta de natación llena de plata. El dato primero le pareció increíble, pero a la luz de lo que supo después no lo sorprendió.
Manzares dijo además que Muñoz le contó que había un lugar, cuya ubicación no pudo precisar, cuya llave solo la tenían el propio secretario presidencial y Sebastián Eskenazi. Allí fue donde el contador calculó que la fortuna que movió Muñoz no se limitaba a los 70 millones de dólares en propiedades que compró en Miami y en Nueva York, sino que eran unos 130 millones, que en otro tramo de su declaración lleva a 150 millones de dólares.
Su primer contacto con el dinero, según relató, fue en 2006, cuando se encontró con Daniel Muñoz en la Casa Rosada y luego en Río Gallegos. Lo citó en la calle Teófilo de Loqui, una cortada. Muñoz le pidió si podía guardarle por unos días unos bolsos y mochilas porque habían tratado de robárselos. Así le paso a su camioneta unos 15 bolsos y mochilas. Cuando Manzanares le preguntó a Muñoz qué contenían, lo miraron con cara de asombro y le dijeron que no era otra cosa que dinero. Le ofrecieron entonces entrar en el negocio.
Manzanares dijo que se tentó y guardó en un entretecho de su casa los bolsos y mochilas. Algunos tenían candado. Había en total entre 20 y 30 millones de dólares. Sabía que lavaba dinero negro. Al poco tiempo puso 8 millones de dólares (en billetes de 500 euros y billetes de dólares) en una caja de seguridad de su padre en el Banco de Santa Cruz. A partir de entonces, en abril de 2006, empieza el proceso de inversión, en que Muñoz le pidió que formara la sociedad Madaco para comprar propiedades, entre ellas, un departamento en la avenida Kirchner 952, en el centro de Río Gallegos. Manzanares tenía la llave. Ahí siempre había entre 3 y 4 mochilas con 2 millones de dólares cada una en promedio y cuando necesitaba comprar algo a pedido de Muñoz, sacaba la plata de ahí. Manzanares retiraba los bolsos del aeropuerto. Una vez en la pista se acercaba a la bodega del avión y bajaban dos valijas grandes. Llevaban ese dinero hasta la casa de la madre de los Kirchner, en la calle 25 de Mayo, y en la puerta entregaba la carga. Muñoz salía con un bolso con US$ 2 millones. Subía al auto, hacía una llamada e informaba que el operativo había sido exitoso. La mochila quedaba en la oficina de la caja fuerte en la avenida Kirchner 952.
El expresidente Néstor Kirchner le ofreció a su contador Víctor Manzanares ser intendente de Río Gallegos en 2010. Pero le puso como condición que le entregara los dos tercios de los negociados que pudiera hacer cuando estuviera al frente del municipio.
Así lo recordó Manzanares al declarar en calidad de imputado colaborador ante el fiscal federal Carlos Stornelli, en el marco de la causa de los cuadernos de las coimas. El contador precisó que el ofrecimiento vino de manos de Osvaldo "Bochi" Sanfelice, el hombre de confianza de Kirchner, y de Rudy Ulloa, su chofer.
En paralelo, y como una ramificación de las revelaciones que surgen de la investigación, el juez federal Claudio Bonadio citó al exsecretario general de la Presidencia Oscar Parrilli para que declare en la causa por el uso irregular de aviones de la flota presidencial durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Se trata de la causa sobre la supuesta utilización de los aviones presidenciales al solo efecto de trasladar desde Buenos Aires hacia Santa Cruz los diarios durante los fines de semana en los que el matrimonio Kirchner descasaba allí, según informó Télam.
Bonadio, además, solicitó ayuda
Los empresarios del sector de la construcción Aldo Roggio y Carlos Wagner volvieron ayer a los tribunales de Comodoro Py para declarar en el marco de la causa de los cuadernos . A ambos se les imputó, por segunda vez, haber formado parte de una asociación ilícita para obtener contratos de obras públicas viales.
El extitular de la Cámara Argentina de la Construcción y dueño de la firma Esuco, Carlos Wagner , está procesado como miembro de dicha asociación ilícita, y Roggio está procesado por cohecho activo.
También se presentaron ayer a declarar los empresarios Ricardo Scuncia, de Grupo Roggio, y Edgardo Coppola y Mauro Guatti, ambos de Esuco.
Roggio ya había declarado como arrepentido en agosto del año pasado. En ese momento, reconoció que pagó durante años al kirchnerismo, a través de Ricardo Jaime , el 5% del dinero que recibió como subsidios por la empresa Metrovías, de la que es concesionario, y dijo que esos pagos se hacían bajo amenazas de rescisión del contrato.
En su presentación de ayer, Roggio negó los nuevos hechos que se le imputaron y se abstuvo de declarar. Dijo frente al juez y al fiscal de la causa que ya hizo su colaboración con la investigación y, según supo LA NACION, no evalúa volver a declarar como arrepentido.
En el entorno de abogados defensores de los empresarios citados se preguntan si el juez y los fiscales de la causa buscan motivar que haya nuevos arrepentidos -ya que hay directivos que hasta ahora no habían sido citados- o que quienes ya declararon como arrepentidos amplíen sus declaraciones dentro de ese régimen.
Al momento de imputarlos, Bonadio consideró: "En el caso específico de la Dirección Nacional de Vialidad, los actos de adjudicación de las obras se formalizaban por intermedio de resoluciones suscriptas por el entonces administrador general de Vialidad, Nelson Periotti, y en cuanto a las entregas de dinero, en el caso de que se abonaran anticipos financieros, la suma oscilaba entre el diez y el veinte por ciento del monto ofertado por la obra, y para el supuesto de que en las obras no se efectuaran tales pagos, se establecían montos equivalentes a una determinada cantidad de certificados de obra".
Nelson Periotti está citado para el tramo final de las indagatorias, el 11 de marzo, junto a otros funcionarios de Vialidad. Según pudo reconstruir LA NACION, los funcionarios judiciales cotejaron los listados aportados por el financista arrepentido Ernesto Clarens, en los que hay referencias a obras adjudicadas, montos de dinero y fechas, con información que proporcionó la Dirección de Vialidad Nacional y otros organismos provinciales.
Según Bonadio, Julio De Vido, a través de distintos organismos dependientes del Ministerio de Planificación, fue el responsable de la concreción de este sistema, encomendándole la coordinación a José López -exsecretario de Obras Públicas- y su ejecución a Wagner, de la Cámara Argentina de la Construcción.
Para hoy están citados a declarar Ángelo Calcaterra (Iecsa), primo del presidente Mauricio Macri; Héctor Sánchez Caballero y Santiago Altieri, también de Iecsa; Juan Carlos de Goycoecha y Mario Maxit, de Isolux, y Juan Carlos Perona, de Helport. El lunes será el turno de la expresidenta Cristina Kirchner.
