SANTIAGO SPALTRO
El Gobierno analiza un nuevo incentivo para elevar la producción en Vaca Muerta en el invierno, lo que haría viable ampliar la capacidad de transporte de gas y ahorrar en compras de GNL.
La Secretaría de Energía sacaría a consulta pública en menos de dos semanas dos borradores para licitar la construcción de un nuevo gasoducto que parta desde Neuquén o la ampliación de los ductos ya existentes, para transportar el gas de Vaca Muerta, por un lado; y, por otra parte, para pagar más el gas en invierno en pos de sustituir importaciones. Los proyectos están vinculados entre sí.
Después del recorte de subsidios por la reinterpretación del Ministerio de Hacienda de la Resolución 46/2017, el Gobierno aseguró que pensaba en armar un nuevo programa de precios estímulo para los proyectos que no fueron aprobados.
Ese incentivo lo abonaría el Estado solamente en invierno, para hacer viables inversiones en Vaca Muerta y reemplazar compras de Gas Natural Licuado (GNL), que el año pasado llegaron a u$s 1055 millones y para 2019 se calculan en al menos u$s 600 millones.
La ampliación de la capacidad de transporte de gas es fundamental para eso. El boom de producción en la Cuenca Neuquina, gracias a los precios estímulo para proyectos de shale gas en Vaca Muerta, saturó los caños, que ya están al límite de su capacidad. Es ineludible tender nuevos gasoductos y, a la vez, quien financie la obra deberá tener la garantía de que se va a producir un volumen extra de gas que viabilice una multimillonaria inversión.
El riesgo país en la zona de 700 puntos básicos complica el proyecto, que tardaría unos 18 meses. Según comentaron fuentes oficiales a El Cronista, el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, y su equipo trabajan a contrarreloj para intentar presentar la semana que viene los pre-pliegos de una obra que costaría entre u$s 1500 millones y u$s 2000 millones.
La intención oficial es ofrecer unos entre un mes y medio y dos meses para que las petroleras, otras empresas energéticas como Transportadora de Gas del Norte (TGN) y Transportadora de Gas del Sur (TGS) y el resto de interesados pueden manifestar su interés, hacer comentarios y sugerencias que mejoren el pliego y ayuden a definir, junto a organismos técnicos y regulatorios si se construirá un nuevo gasoducto o se ampliará la capacidad de los ya existentes.
En caso de realizarse uno nuevo, iría desde Neuquén, donde se agrupan casi todos los proyectos más productivos o con mejor potencial de gas, hasta San Nicolás (Buenos Aires) o Rosario (Santa Fe). Sería el primer gasoducto que se construye desde 1988.
Daniel Montamat, que inauguró el Neuba II ese año como presidente de YPF, consideró: "Hace falta más capacidad de evacuación del gas, que se está desarrollando intensivamente en Vaca Muerta. Hay que compatibilizar la necesidad de ese gasoducto frente a los cuellos de botella que se presentarían en el invierno de 2020".
El ex secretario de Energía durante el gobierno radical de Fernando De la Rúa, entre la opción de construir un gasoducto nuevo y ampliar la capacidad de los ya existentes, se inclinaría "por lo más económico que resuelva el problema estructural". De todas formas, cree que el nuevo se deberá hacer en algún momento.
La regulación, un problema
La cuestión regulatoria para construir un nuevo gasoducto es una de las claves que está en análisis. Podría realizarse bajo los parámetros de la Ley de Hidrocarburos (17.319), que data de 1967, o de la Ley del Gas (24.076), sancionada en 1992, antes de las privatizaciones pero cuatro años después de la finalización del último gasoducto (1988).
Para transportar unos 30 millones de metros cúbicos por día (MMm3/d), el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, se ampararía en la Ley del Gas, más reciente. La diferencia no es menor: la 17.319 establece que los "concesionarios de explotación (productoras) que dispongan la construcción de obras permanentes para el transporte de hidrocarburos que excedan los límites de alguno de los lotes concedidos estarán obligados a constituirse en concesionarios de transporte".
s decir, que una petrolera podría hacerse cargo de la operación del gasoducto para transportar el gas que produce, junto al del resto de las empresas si queda capacidad ociosa.
En el mercado se sospecha que la obra podría adjudicarse a Techint como compensación por el recorte de los subsidios de la Resolución 46/2017, que le generó un daño económico a Tecpetrol, el brazo petrolero de Paolo Rocca, por unos $ 5655 millones solamente en 2018.
Lopetegui negó que esa sea la intención. "No trabajamos de esa manera, no nos manejamos así. Habrá una licitación", aseguró la semana pasada.
Si el Gobierno opta por ampararse en la 24.076, que declara como servicios públicos (y, como tales, regulados por el Estado Nacional) al transporte y la distribución de gas, la empresa quedará atada a una tarifa regulada que cobra la firma que opere el caño, sea TGN (de Rocca -Techint), TGS (de Marcelo Mindlin, accionista principal de Pampa Energía) o una nueva compañía creada a tal fin.
La Ley del Gas promueve la "igualdad y libre acceso" para el transporte, de forma que aún quienes no invirtieron para la construcción de los ductos tendrían la oportunidad de llevar el gas a los centros de consumo.
Para evitar problemas, una solución salomónica podría ser entregar la obra a un consorcio de gigantes petroleros como YPF, Pan American Energy, Tecpetrol, Pampa Energía y Pluspetrol, si consiguen el financiamiento necesario.
