Es una historia cíclica. Minería, San Jorge y litigios. Pues el juego de tensiones vuelve y, al menos por ahora, tendrá el mismo resultado: una demanda eterna en la justicia y el rechazo administrativo a la idea de reimpulsar el proyecto para extraer cobre en la estancia "El Yalguaraz".
La empresa San Jorge insiste con explotar la mina de Uspallata y por eso reactivaron el expediente administrativo en la Dirección de Minería. Pero lo hicieron con una “actualización del informe de impacto ambiental” y no con una iniciativa nueva, como había pedido el Gobierno. Por eso, según adelantaron fuentes del sector a MDZ, rechazarán de plano el nuevo pedido.
La empresa inició el expediente en Minería, adjuntando nueva información y ajustes a lo ya pautado. Pero desde la carátula del expediente se interpreta el camino elegido y por eso la negativa. Es que la Secretaría de Ambiente y la Dirección de Minería emitieron una resolución conjunta en 2017 en la que daban por tierra el intento de reactivar el proyecto por la misma vía, es decir con una actualización. El Gobierno ordenó que se archivara todo lo actuado y que si San Jorge quería explotar la mina, debía presentar todo “desde foja cero”. Esto es, que se inicie un nuevo proceso de evaluación ambiental, según lo establecido en la ley 5961, la 7722 y el decreto 820.
Las diferencias entre actualizar un proyecto e iniciar uno nuevo son bastante sensibles. Si el plan para reactivar San Jorge se hiciera como una continuidad del anterior no sería necesario cumplir todas las pautas administrativas y de consulta que indica la ley. Entre ellas una clave: la audiencia pública. Es que el San Jorge pasó por esa instancia, realizada en Uspallata. El Gobierno, según aseguraron a MDZ, exigirá que si hay intento de relanzamiento, se haga con audiencia pública incluida.
Los derechos y el desarrollo estaban originalmente en manos de una empresa canadiense, pero ahora es de capitales rusos. El proyecto fue mutando. Tras la sanción de la 7722 modificaron el plan para usar el proceso de flotación con el uso de xantato. El Gobierno aprobó la DIA, con más de 100 condicionantes. Como exige la ley 7722, pasó para ser ratificado en la Legislatura. Y allí fracasó: en plena previa electoral, la Legislatura no aprobó la DIA y lo mandó al archivo.
Para insistir con su ejecución, la empresa propuso extraer la roca “cruda” en Mendoza, transportar ese material a San Juan para procesarlo en esa provincia. Francisco Pérez le había dado luz verde antes de dejar el poder en una decisión que había sido manejada como secreta. Pero Cornejo la bochó. "Rechácese la presentación de Actualización del Informe de Impacto Ambiental del proyecto Minero "Planta de concentración de Cobre Minera San Jorge S.A.", decía la resolución 1027. Eso implica que el consorcio ruso formado Soldway y Aterra, deban comenzar desde cero.
La ley 7722 quedó ratificada por la Suprema Corte de Mendoza, que también rechazó el recurso presentado por las empresas para elevarlo como queja a la Corte nacional. Pero ahora se abrió una ventana: minera San Jorge recurrió con un recurso extraordinario a la Corte Suprema de la Nación, que ahora analiza si corresponde avocarse o no.
A principios de febrero desde Buenos Aires enviaron los oficios a la Corte local para que enviaran los expedientes y todos los antecedentes sobre el tema. Esta semana se hizo efectivo ese trámite y comenzó la mudanza de archivos hacia la Ciudad de Buenos Aires.
La causa por la 7722 se inició en 2007 y recién hubo sentencia en 2015.
