La discusión está en tabla para este miércoles, pero se iniciaría recién la próxima semana, debido al número de causas que la preceden en la Tercera Sala del tribunal.

En el cuarto punto de la tabla de la Tercera Sala de la Corte Suprema definida para este miércoles, destaca la discusión en torno al proyecto minero-portuario Dominga, uno de los más polémicos del último tiempo.

En la cita se discutirá el fondo de los recursos de casación presentados por distintas organizaciones, que buscan que el máximo tribunal del país anule el fallo del Tribunal Ambiental de Antofagasta, que dio vida al proyecto ubicado en la comuna de La Higuera.

En abril del año pasado, la autoridad ambiental ordenó retrotraer el procedimiento de evaluación ambiental a la etapa posterior al Informe Consolidado de Evaluación, estipulando que se desarrollara una nueva votación de parte de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo respecto de la iniciativa.

Posterior a la resolución, hasta seis organizaciones decidieron apelar al fondo del fallo, buscando que se respetara la decisión original del Comité de Ministros. En su momento esta instancia rechazó el proyecto, decisión que significó la división del gabinete del anterior gobierno, que incluso terminó con la salida de los entonces ministros de Hacienda (Rodrigo Valdés) y Economía (Luis Felipe Céspedes), así como del exsubsecretario de Hacienda Alejandro Micco.

Cercanos al procedimiento precisaron, en todo caso, que debido a que existen causas previas en la tabla de la Tercera Sala, lo más probable es que el proceso se reanude recién el próximo miércoles 20 de febrero. Incluso podría existir una nueva postergación en los plazos, dejando la discusión de plano para marzo, considerando que para este tipo de procedimientos se destina hasta toda una mañana para escuchar los alegatos.

En el camino, el proyecto perteneciente a la firma Andes Iron se anotó otro triunfo luego de que parte de los involucrados acudieran al Tribunal Constitucional en octubre. Allí presentaron un recurso de inaplicabilidad que buscaba revertir el veredicto del Tribunal Ambiental de Antofagasta, el que finalmente fue declarado como inadmisible, dejando en manos de la Suprema el futuro de la iniciativa.

Las estimaciones de la empresa controladora contemplan una producción anual de 12 millones de toneladas de concentrado de hierro y 150.000 toneladas de concentrado de cobre, como subproducto. La inversión ascendería a unos US$ 2.500 millones y contaría con una vida útil estimada de 26,5 años.

Según la estimación de Andes Iron, concretar el proyecto requiere unos US$ 2.500 millones.