El Gobierno cerró la primera subasta del gas que comprarán las distribuidoras para suministrar a los usuarios entre el 1 de abril y el 31 de marzo de 2020. Al término del proceso, en fuentes oficiales y empresariales se indicó que el aumento en la tarifa final a los consumidores podrá mantenerse en torno al 35% anunciado a fines de diciembre, pero quedan dudas pendientes y habrá que ver cómo cierran finalmente los números que las distribuidoras deben presentar la semana próxima al Enargas para que se discutan en audiencia pública el 26 de este mes.
El procedimiento de subasta, que es la primera vez que se aplica, tuvo como resultado un precio promedio ponderado por volumen de u$s4,62 por millón de btu, mayor que el esperado por la Secretaría de Energía, pero inferior al de la importación que se ubica en promedio entre u$s6,50 para el de Bolivia y más de u$s9 para el GNL que se importa en barco.
Fuentes empresariales coincidieron ayer en que el precio de la subasta pudo haber sido un 10% menor todavía, pero que las petroleras se cubrieron de una devaluación, considerando que cobrarán el producto al tipo de cambio promedio del Banco Nación entre el 1 y 15 de marzo, durante el período abril-septiembre, y al tipo de cambio vigente entre el 1 y el 15 de septiembre, entre octubre y marzo de 2020.
Las ofertas que resultaron adjudicadas oscilan entre u$s3,90 y u$s7, lo que también significa que las petroleras lograron asegurarse un precio para primavera-verano sustancialmente más alto del que logran con la exportación a Chile, hoy bastante por debajo de u$s4 considerando retenciones.
Un dato interesante es que las productoras ofertaron por el producto en el período estival y luego al asignarse éste, quedaron obligadas a entregar 2,5 metros cúbicos en el invierno por cada uno de primavera verano. Habían ofertado 20.520.000 metros cúbicos para la temporada estival, y se les asignaron 14.435.000 metros cúbicos, por lo que entre abril y septiembre deberán entregar 36.087.000 metros cúbicos.
Ese volumen es sensiblemente inferior al de la demanda prioritaria del invierno que suele ubicarse entre 75 y 83 millones de metros cúbicos. Por eso, las distribuidoras firmaron, o tienen que hacerlo todavía, contratos particulares con las petroleras para asegurarse más volumen. Según algunas fuentes, esos contratos tendrían un precio levemente inferior al promedio de la subasta.
Además, falta que hoy se realice la segunda ronda de la compulsa, para el gas de la cuenca noroeste que es principalmente el que importa la ex Enarsa desde Bolivia a alrededor de u$s6,50 por millón de btu. En principio, por las restricciones fiscales, la empresa estatal debería trasladar casi todo el precio de importación, incluyendo el del GNL que se regasifica en Escobar, para evitar que aumenten los subsidios, pero como también hay una necesidad creciente de contener la inflación, habrá qué ver cómo se define mañana esa dicotomía.
En principio, si el precio del gas que se traslada a las tarifas es de u$s4,62 por millón de btu, el aumento con relación al valor que está en las tarifas actuales sería del 15,5%. Y como el precio del gas equivale al 40% de una factura con impuestos, el aumento por el producto en boca de pozo tendría una incidencia de alrededor del 6% en tarifa final.
Pero como se confirma un alza del 35% por lo menos, se supone que el precio a trasladar a los usuarios será mayor que el que surgió de la primera subasta.
Por otra parte, el 38% de la factura (el 22% aproximadamente son impuestos en Capital Federal) corresponde a los ingresos que perciben transportistas y distribuidoras y tendrá un ajuste según la evolución de los precios mayoristas (IPIM) del semestre septiembre 2018-febrero 2019. Hasta enero, el ajuste por ese índice arroja un aumento de alrededor del 21%, y también falta ver si el Gobierno reconoce todo lo que dé el IPIM o si lo limita como en octubre pasado, informó Silvia Peco en Ámbito.
En política la analogía de la sábana corta es más que frecuente y remite a las situaciones en las que las políticas del Estado se encuentran con limitaciones en las que al correr hacia uno y otro lado inevitablemente, como sucede con una sábana corta, se destapan los pies o la cabeza.
El caso del gas natural no escapa a la analogía y, de hecho, la disparada del dólar del año pasado hizo que la sábana de los subsidios y regulaciones se encogiera considerablemente.
La decisión del gobierno nacional de recortar los subsidios a la producción de gas no convencional de la Resolución 46 es sólo la punta del iceberg de una cadena que tiene como principales eslabones a las petroleras productoras de gas, las generadoras de energía eléctrica, las distribuidoras de gas en red y finalmente a los consumidores domiciliarios.
El tironeo de la sábana se da entre todos los eslabones de la cadena del gas, incluyendo al Estado que desde el año pasado busca evitar que el modelo diseñado por el entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren, termine impactando en tarifas domiciliarias tan altas como casi imposibles de pagar.
El plan diseñado por Aranguren no sólo incluía a la Resolución 46/17, sino también, y como contrapartida, a un sendero de precios para el gas en boca de pozo. Se trata de la Resolución 212/16 que marcaba un incremento paulatino del valor que para estos días debería estar en 5,26 dólares por millón de BTU, a 5,96 a partir del 1 de abril y a 6,80 desde el 1 de octubre próximo, es decir por arriba del techo final de la Resolución 46.
La producción de la Cuenca Neuquina y con ella de Vaca Muerta se subastará hoy en la Bolsa.
El esquema partía de dos conceptos centrales. Por un lado se esperaba que el dólar no subiera más que un 2% al igual que la inflación general. Y es por esto que postulaba llevar el precio interno del gas hacia una suerte de paridad de con el valor del gas que se importa y que supera los 7 dólares.
La disparada del dólar frenó la escalera en el valor de abril del año pasado y desde entonces Nación ha apostado a subastas a través de Cammesa para fomentar que con la competencia baje el precio del gas y no salten las tarifas domiciliarias. Ese fue el sentido en que se corrió la sábana.
Para las petroleras los subsidios de la Resolución 46 funcionaban entonces como una forma de completar un precio que cada vez estaba más lejos en el mercado, pero a medida que se corría el precio del mercado era más el dinero que el mismo Estado debía destinar para cubrir los mismos subsidios. La tijera sobre el Plan Gas se veía venir desde la salida de Aranguren en junio del año pasado.
Un reducido grupo de petroleras controla el mercado del gas. El recorte de los subsidios a Tecpetrol juega a favor de esos grandes actores.
Si bien el recorte resuelto terminó en una suerte de demonización no sólo de la petrolera que más producción inyectó al plan -Tecpetrol- sino en la figura de su titular, Paolo Rocca, hay un perjuicio extenso en la decisión de Gustavo Lopetegui. En Neuquén no sólo varias pymes ya denunciaron que han sufrido la cancelación de contratos y la suspensión de pedidos, sino que también el recorte afecta las regalías que percibe la provincia que capitaliza Vaca Muerta.
Pero por el otro lado, los once desarrollos que esperaban por el subsidio y se encontraron con una puerta cerrada se suman a las firmas con subsidios recortados (pues no es sólo Tecpetrol) a un panorama en el que la duda ya no pasa por la continuidad de los incrementos en la producción de gas. Hoy la duda radica en qué tan cerca está el país de enfrentar un período de amesetamiento en la producción, publicó Río Negro.
Pero entre las petroleras no todos coinciden con que la subasta tendrá ese resultado. Los más optimistas plantean que puede derivar en una suerte de achatamiento del precio del gas a lo largo del año, haciendo que en verano sea más caro que hoy, pero a la vez que el gas de invierno no tenga el incremento que sin la subasta podría alcanzar.
Otros creen que el impacto de la Resolución 46 se hará sentir y ante la posibilidad de una menor producción, terminará elevando el actual valor del fluido.
La disparada del dólar desbarató los esquemas diseñados por Aranguren. Las nuevas medidas lanzadas por Nación no terminan de calmar los desfases.
Las distribuidoras se adelantaron y forzaron a Nación a dar marcha atrás en el plan para fijar los pagos por sus compras cada 30 días para evitar un nuevo desfase. Sobre los actuales 75 días de pago se acordó que pasen a ser 65.
Las expectativas con la subasta son muchas y no es para menos si se tiene en cuenta que el último acto de Javier Iguacel antes de salir de la secretaría de Energía fue anunciar que la suba a partir de abril para los clientes domiciliarios superará el 35%.
El juego de oferta y demanda se enfrenta también con los cuellos de botella que en Vaca Muerta amenazan con frenar la producción.
