Patricia Blanco

A seis meses de la explosión de la causa de los cuadernos, el caso que convulsionó al mundo político y empresario argentino en 2018, el juez federal Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli se concentran por estas horas en los alcances de la investigación sobre el destino de los 70 millones de dólares que pasaron por las manos del secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, y que fueron invertidos en departamentos en Estados Unidos.

 Pero además trabajan paralelamente en varios expedientes anexos que aguardan con atención los hombres de negocios: algunos ya desfilaron en indagatoria entre diciembre y enero; otros deberán volver a Comodoro Py para ser interrogados de nuevo.

La opinión pública conoció el escándalo de la causa cuadernos entre las últimas horas del 31 de julio y la mañana del 1 de agosto, cuando detuvieron a ex funcionarios y empresarios por las anotaciones que aparecían en los cuadernos de Oscar Centeno, que había llegado a las manos del fiscal Carlos Stornelli a través del periodista de La Nación Diego Cabot. Primero fue el propio Centeno quien reconoció los escritos como propios; luego las confesiones de los empresarios que admitieron haber pagado coimas y más tarde varios ex funcionarios que precisaron cómo colectaban el dinero.

Así los arrepentidos le dieron impulso a una mega investigación que se convirtió en una suerte de pulpo en los tribunales. Sus alcances salpican a otras causas de corrupción que apuntan a Cristina Kirchner y a sus funcionarios. También se abrieron otros nuevos expedientes que exceden el capítulo de los negocios de Planificación.

Después de una feria de enero sin respiro para la causa, en donde una mujer clave, la viuda de Muñoz, Carolina Pochetti, se convirtió en arrepentida, este es un repaso de los principales focos de atención en el expediente:

-Más de 70 millones de dólares en el exterior

Según la acusación, Daniel Muñoz, el ex secretario privado de Néstor Kirchner que falleció en el 2016, sacó más de 70 millones de dólares, en bolsos, hacia Estados Unidos donde compró 16 propiedades en Miami y Nueva York. Lo hizo  a través de un enjambre de sociedades para disimular el origen ilegal de los fondos. Se cree que ese dinero venía de la corrupción, del sistema de recaudación ilegal que funcionó detrás de los negocios del Ministerio de Planificación.

También se sospecha que Muñoz y su entorno lavaron dinero que pertenecería al matrimonio de Néstor y Cristina Kirchner. Era Muñoz el hombre que recibía las recaudaciones en la residencia de Olivos o en el departamento de la Recoleta de la calle Uruguay. Cuando estalló el escándalo Panamá Papers y Muñoz ya estaba enfermo, su entorno apuró la venta de las propiedades para intentar borrar la ruta del dinero, a través de una serie de operaciones financieras y societarias que también están bajo la lupa del juez y los fiscales.

En este capítulo todavía no hay procesados, pero sí arrepentidos y la trama fue creciendo con el correr de las semanas de investigación.  Las últimas detenciones alcanzaron al ex secretario privado de Cristina Kirchner, Isidro Bounine; y al abogado de la viuda de Muñoz, Miguel Angel Plo. Hasta hoy, los arrepentidos en este capítulo son Elizabeth Ortiz Municoy y su ex marido, Sergio Todisco; el ex ministro de Hacienda de Santa Cruz, Juan Manuel Campillo; Carolina Pochetti, viuda de Muñoz, y su primo, Carlos Gellert. Pochetti y Gellert permanecen detenidos por el momento.

Campillo logró la excarcelación el viernes pasado, tras ampliar su confesión. Aquí también se investiga al ex contador de los Kirchner Víctor Manzanares (preso por la causa Los Sauces); el detenido Carlos Cortez, la mexicana Perla Puentes Resendez (esposa de Gellert), los empresarios Fabián Parolari y Marcelo Danza, los hermanos Leonardo y Rubén Llaneza y Gustavo Sergio Dorf, entre otros.

-Los empresarios de la obra pública, bajo la lupa

Una de las causas conexas que se abrió a raíz del caso cuadernos apunta a las autoridades de 71 empresas que hicieron negocios con obra pública durante los años 2003 a 2015, es decir mientras gobernó el kirchnerismo. Los mismos empresarios que salieron de la asociación ilícita de CFK y De Vido y quedaron complicados por pagar coimas se enfrentan ahora a una nueva causa penal. El origen del caso tiene su base en la información aportada como arrepentido por el financista Ernesto Clarens, quien se adjudicó el rol de recaudar el dinero pactado por coimas entre los ex funcionarios y los empresarios.

Clarens aportó listados de 71 empresas, con las sumas de dinero recibidas y el destino de los billetes. A ellos se les sumaron otros nombres aportados por José López y otros que surgieron del entrecruzamiento de datos. En enero hubo una seguidilla de procedimientos en distintos puntos del país para recolectar información. Fuentes judiciales indicaron que esta es una de las investigaciones que tendrá novedades en breve.

–Transporte y corredores viales

El juez también dividió en dos nuevos expedientes las coimas pagadas por empresarios en el área de Transporte y cobradas -según hombres de negocios arrepentidos- por los ex secretarios Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi.

Otra de las causas se centra en los que pagaron las coimas cobradas por Claudio Uberti cuando estaba a cargo de los corredores viales. Por este caso declaró en indagatoria Gianfranco Macri, hermano del presidente. Su padre, Franco, se encuentra imposibilitado de enfrentar un proceso penal, según determinó un peritaje.  Estos dos tramos derivados del capítulo cuadernos también están en pleno trámite.  Hubo indagatorias durante diciembre y enero.

-La asociación ilícita de Planificación

La Cámara Federal confirmó en diciembre el procesamiento con prisión preventiva de la ex presidenta Cristina Kirchner, el ex ministro Julio De Vido y su mano derecha Roberto Baratta como jefes y organizadores de la banda que funcionó recaudando coimas con los negocios del Ministerio de Planificación.

Puso además en el mismo plano de organizadores a tres arrepentidos: el ex jefe de la Cámara de la Construcción Carlos Wagner, al financista Ernesto Clarens y el ex secretario de Obras Públicas, José López. En esa banda también quedaron los ex funcionarios kirchneristas y el chofer que dio origen a las narraciones que abrieron la causa, el arrepentido Oscar Centeno.

Algunos permanecen detenidos, aunque personajes secundarios recuperaron la libertad. Los empresarios, en tanto, encabezados por Ángelo Calcaterra, Aldo Roggio o Luis Betnazza, quedaron procesados por cohecho activo. Lo que sí hizo la Cámara Federal fue sacarlos de la banda que recaudaba coimas. El único que integra la banda, dijeron, es Gerardo Ferreyra, dueño de Electroingeniería, que permanece detenido. Todo este capítulo ya está en condiciones de ser elevado a juicio oral.

-Los otros empresarios procesados

Durante febrero, la Cámara Federal comenzará analizar el procesamiento dictado por Bonadio de otros empresarios y ex funcionarios que se fueron sumando a la investigación. Allí aparece el caso de Paolo Rocca, CEO del Grupo Techint; y los empresarios Alberto Padoán y Rubén Aranda, junto al ex jefe de Gabinete Juan Abal Medina y su secretario Hugo Martín Larraburu .Para ellos los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo pedían la prisión preventiva, pero su superior, Germán Moldes, no acompañó ese punto, por lo que quedó en la nada.

-Las prisiones preventivas

La Cámara Federal de Casación Penal analizará en los próximos días las prisiones preventivas de varios ex funcionarios que están presos. El análisis estará en manos de los jueces de la Sala I, Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa (se rechazó analizarlo en feria). Tal como detalló Infobae el 14 de enero pasado, la Cámara Federal habilitó el pase a esa instancia para que se analice solo las prisiones preventivas (no los procesamientos) de Cristina Kirchner, De Vido, Baratta y su asesor, Nelson Lazarte. También del ex secretario jurídico de Planificación Rafael Llorens; el secretario de De Vido, José María Olazagasti, y del ex titular del Ente Binacional de Yaciretá, Oscar Thomas.

A ellos se les agrega Gerardo Ferreyra, único empresario que quedó preso. Los procesamientos que sí revisará Casación son los de aquellos empresarios que habían recibido la falta de mérito de Bonadio y fueron procesados por la Cámara Federal, para que puedan tener la revisión de un tribunal superior. Son los empresarios que aceptaron haber pagado coimas siguiendo órdenes de sus superiores: Jorge Neira y Osvaldo Acosta (Electroingeniería), Javier Sáchez Caballero (IECSA), Rodolfo Poblete (grupo Romero), Héctor Zabaleta (Techint) y Francisco Valenti (Pescarmona).

 -El desafuero

Aunque pesa sobre la ex presidenta una prisión preventiva confirmada por la Cámara Federal, Cristina Fernández de Kirchner tiene fueros como senadora y por lo tanto su eventual detención solo podría activarse si la Cámara Alta vota su desafuero. El pedido de desafuero aún no fue enviado por el juez Bonadio, quien –no obstante- ya había activado un pedido en ese sentido en otra causa en diciembre de 2017: la causa por encubrimiento al atentado a la AMIA por el Memorándum con Irán, que ya se encamina –sin fecha- a juicio oral.

El jefe de la bancada del PJ Federal, Miguel Ángel Pichetto, ya dejó en claro que el tratamiento para un desafuero no corresponde sin una condena firme dispuesta por la Corte Suprema. El ejemplo de ello es el ex presidente Carlos Menem. (La Corte deberá analizar la condena en su contra por el contrabando de armas y la absolución dictada por Casación en el contrabando de armas a Croacia y Ecuador)

–El rol de Máximo Kirchner y el financiamiento de
La Cámpora y el Frente de la Victoria en las elecciones
de 2011, 2013 y 2015

La Cámara Federal conminó al juez Bonadio a resolver la situación procesal del diputado Máximo Kirchner y otros dirigentes de La Cámpora en la acusación por la que fueron indagados el año pasado, como sospechosos de haber integrado la asociación ilícita de la banda de los cuadernos. Esta arista de la investigación se abrió por unos pendrive que se encontraron en la casa de un asesor de Abal Medina y las declaraciones que brindó como "arrepentido" el ex secretario de Obras Públicas José López pusieron bajo sospecha el manejo del financiamiento electoral del Frente para la Victoria. Bonadio llamó a declarar a Eduardo "Wado" de Pedro, Andrés "Cuervo" Larroque, José Ottavis, Julián Álvarez y Máximo Kirchner.

También al empresario Sergio Szpolski. Álvarez recusó a Bonadio por temor de parcialidad, porque el juez es querellante en una causa en su contra. Usando las palabras de Máximo Kirchner, el juez Bonadio decidió desprenderse de la causa por entender que excedía la causa cuaderno y que había que investigar el financiamiento de las campañas. El caso cayó en manos del juez Sergio Torres y el fiscal Gerardo Pollicita. Sin embargo, la defensa de Máximo Kirchner exigió que Bonadio resolviera la situación procesal por la que el diputado había sido indagado. La Cámara Federal hizo lugar. El tema quedó pendiente.