Las autoridades reguladoras nacionales de España y Francia, la Comisional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Comisión de Régulation de l'Energie (CRE), respectivamente, tras la evaluación conjunta del requerimiento de inversión presentado por los transportistas de ambos países, Enagás y Teréga, han decidido de forma coordinada tumbar el proyecto de la nueva interconexión de gas Midcat, por Cataluña. Concretamente, su primera fase, denominada Step, que uniría Martorell con la frontera gala y contemplaba una inversión de 400 millones de euros (150 millones en la parte española y el resto, en la francesa.

Aunque los regulaores reconocen que el mercado interior europeo del gas "es una prioridad de la política energética europea" en aras de "la competencia, la sostenibilidad y la seguridad de suministro". Un mercado de gas líquido y bien conectado en el suroeste europeo y que las interconcexiones son una herramienta clave para alcanzar los objetivos del mercado interior, consideran que el mencionado proyecto de interés común, "en su configuración y capacidades actuales, tal como lo han presentado los transportistas, no cumple con las necesidades del mercado y carece de madurez suficiente "para ser considerado en una asignación de costes transfronteriza", de conformidad con el reglamento sobre interconcexiones. 

Según el acuerdo publicado ayer por los dos organimos, los transportistas no han presentado un proyecto que pueda ofrecer capacidad firme de interconexión, ya que la nueva capacidad proporcionada  "se define como interrumpible". Este es "un factor negativo determinante cuando se evalúa la viabilidad de la infraestructura en el largo plazo y su contribución para lograr precios competitivos y estables en beneficio de los consumidores domésticos e industriales", indica. Además, el mercado no ha mostrado ningún interés comercial por la nueva capacidad de interconexión, según se desprende de distintos test de mercado realizados por los promotores y la Comisión Europea, así como dos Open Seasons desarrolladas por Enagás, GRTgaz y Teréga en 2009 y 2010 para evaluar los compromisos vinculantes de los usuarios de la red para la construcción de nueva capacidad de interconexión.

Otra razones a las que se aluden son que la actual interconexión entre Francia y España, por el País Vasco, no está congestionada; que "el coste del proyecto es elevado en comparación con los estándares europeos" y resultaría muy gravoso para los consumidores europeos del suroeste y que el el proyecto no garantiza el acoplamiento de precios entre los mercados (hubs) de gas francés e ibérico.

La CNMC y la CRE consideran, asimismo, que el análisis coste-beneficio del proyecto "no muestra claramente que los beneficios superen los costes en los escenarios más probables". Dicho análisis se  se basa en gran medida en los resultados del estudio realizado por la consultora Pöyry encargado por la Comisión Europea. Sólo en los dos escenarios más extremos del análisis (GNL muy caro o  falta de gas en Argelia), el proyecto tendría un resultado neto positivo, y en tales casos todos los beneficios, según el estudio de Pöyry, se concentrarían en España y Portugal.

Por estos motivos, señala el acuerdo, "las partes rechazan la solicitud de inversión y recomiendan a los transportistas realizar evaluaciones adicionales con el fin de valorar si el proyecto pudiera proporcionar un ratio coste-beneficio claro y positivo en el futuro, teniendo en cuenta la naturaleza de las capacidades ofrecidas". También deben tener en cuenta el papel futuro del gas en la Región tras la aprobación del paquete de energía limpia aprobado por la UE; los desarrollos del mercado del gas del suroeste, por ejemplo,teniendo en cuenta la fusión de las dos zonas del mercado francés; la posibilidad de ofrecer capacidad firme y una configuración alternativa considerando el coste más eficiente en beneficio de los consumidores.