SANTIAGO SPALTRO
A cambio del aumento de tarifas, el Gobierno les pidió en 2016 a las distribuidoras y transportistas invertir unos $ 42.000 millones. Avanza el segundo año del plan quinquenal.
Mientras son noticia por los constantes aumentos de tarifas, las empresas gasíferas están a punto de culminar el segundo año de su plan quinquenal de inversiones.
A fines de 2016, el entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren, convocó para octubre a audiencias públicas para tratar la Revisión Tarifaria Integral (RTI) 2017-2021. Fue después de que en agosto de 2016 la Corte Suprema de Justicia anulara por unanimidad la suba de tarifas a los usuarios residenciales, en lo que significó uno de los más duros golpes judiciales que recibió Cambiemos en sus tres años de gestión. Entonces, el Gobierno comenzó a "normalizar" el sector y habilitó los aumentos de tarifas semestrales (en abril y octubre de cada año) a cambio de que las distribuidoras y transportistas de gas se comprometan a multimillonarias inversiones durante cinco (5) años.
Transcurrido más de un año y medio del comienzo del plan, las empresas gasíferas llevan invertidos casi $ 12.500 millones, sobre un total de más de $ 42.000 millones (en moneda constante al 31 de diciembre de 2016; se actualizan semestralmente por la inflación mayorista registrada en el IPIM). Según consta en documentos oficiales a los que accedió El Cronista, entre abril de 2017 y marzo de 2018 las firmas invirtieron un total de $ 6100,69 millones, de acuerdo a su Declaración Jurada ante el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas).
Fue un 111,1% de los $ 5488,74 millones obligatorios que tenían que desembolsar (tras la actualización por IPIM, ya que originalmente eran $ 5178,37 millones). Ya en el presente ejercicio, las distribuidoras y transportistas llevaban invertidos $ 6387,04 millones hasta el pasado noviembre, de un total de $ 10.995,41 millones obligatorios (ya actualizados por IPIM, es el 58,09%). Ejecución La ejecución es dispar entre las diez distribuidoras y las dos transportistas comprendidas en la RTI.
Por el volumen de usuarios a atender, Transportadora de Gas del Sur (TGS, que integra Pampa Energía, de Marcelo Mindlin) y Gas Natural BAN (ahora Naturgy) fueron las gasíferas que más invirtieron para el primer año de la RTI: $ 1295,54 millones y $ 1109,72 millones, respectivamente. No obstante, la que tuvo mayor ejecución fue Camuzzi (del Grupo Disvol, que controla Alejandro Macfarlane). Hasta marzo del año pasado había invertido $ 559,67 millones en Camuzzi Gas del Sur (para los usuarios de la Patagonia) y $ 342,39 millones en Camuzzi Gas Pampeana (el interior de la provincia de Buenos Aires y La Pampa), un 171% y 173%, respectivamente, de lo que se había comprometido. Gas BAN, en cambio, junto a Distribuidora de Gas Cuyana, fueron las únicas que estuvieron por debajo del total obligatorio, aunque con un margen mínimo: 97% y 99%, respectivamente.
Para el ejercicio que cierra en marzo de 2019, TGS y Transportadora de Gas del Norte (TGN, que controla Techint) tienen que desembolsar un total de $ 1390 millones y $ 1050 millones, y son las empresas con mayores obligaciones, con un buen nivel de cumplimiento hasta noviembre (78% y 80%).
Distribuidoras como Metrogas, Naturgy, Gas Nea y Redengas ejecutaron menos del 45%. Según fuentes de una de esas empresas, la devaluación e inflación complicaron sus planes, al elevar los costos, pero confían en que cumplirán al final del ejercicio. Por otra parte, el 11 de febrero las distribuidoras participarán de la subasta de gas que organizó el Gobierno a través del Mercado Electrónico de Gas (MEGSA), en las que contratarán en estado firme (ininterrumpible) el producto para abastecer a los usuarios residenciales.
Una vez conocidos los precios, se definirán los valores de la inflación mayorista (IPIM) registrada entre septiembre de 2018 y febrero de este año, que deberá trasladarse a los ingresos de las gasíferas. De esa forma, se llegará a un aumento final de la tarifa de gas en abril que rondaría el 35%, según comunicó el Gobierno.
