CARLOS PAGNI
El reemplazo de Javier Iguacel por Gustavo Lopetegui como secretario de Energía cobija un cambio de concepción en el área. Mauricio Macri está revisando su política de subsidios. Es decir, decidió poner en tela de juicio una estrategia en la que su continuidad con el kirchnerismo ha sido llamativa.
El Estado de los Kirchner subvencionó proyectos energéticos gracias a que la tonelada de soja valí a600dólares. El Estado de Macri subvencionó proyectos energéticos confiado en que el atraso cambiario podía sostenerse y el crédito externo sería inagotable. En 2018, llegó el fin de ese espejismo. La clausura del financiamiento y la consecuente devaluación obligaron a racionalizar los estímulos a la producción energética, sobre todo a la del gas no convencional de Vaca Muerta. Las modificaciones que se están decidiendo en estas horas prometen cierta litigiosidad. Desde el punto de vista político, la cuestión es relevante. No solo porque la energía es la nave insignia del proyecto económico oficial. También porque el año electoral se inaugura en el distrito donde esta agenda es más determinante. El 10 de marzo habrá elecciones en Neuquén. Compiten el gobernador actual, Ornar Gutiérrez, del Movimiento Popular Neuquino, contra el exitoso intendente de la capital, el radical Horacio “Pechi” Quiroga. En un tercer lugar, lejano por ahora, pelea el expiquetero Ramón Rioseco, envuelto en la bandera kirchnerista.
Al cambiar a Iguacel por Lopetegui, Macri hizo algo más que modificar la administración de un sector crucial de la economía. También abandonó algunas excentricidades de su método. Las dificultades de Iguacel para adaptarse a la conducción de Nicolás Dujovne volvieron a demostrar que mantener a antiguos ministros con el rango de secretarios no fue una buena decisión. Jorge Triaca lo había dejado claro en sus cortocircuitos con Dante Sica en el área de Trabajo. Con la designación de Lopetegui, el Presidente suspende, además, otra extravagancia. La del doble comando para zonas completas de su administración. Lopetegui era, primero como vicejefe de Gabinete y después como asesor presidencial, el controller de los responsables de la política energética, que, por eso mismo, eran menos responsables. Esa duplicidad ha sido suprimida. Macri, que tiene pánico a perder el control de varias zonas de su reino, tiene poco que temer. Lopetegui es de su máxima confianza. En contraste con estas correcciones se vuelve todavía más visible la superposición de competencias en Relaciones Exteriores, donde el canciller Jorge Faurie cogobierna con el asesor Fulvio Pompeo. Y la pulverización del área de Justicia, donde gestionan tantos que no gestiona nadie.
Lopetegui debe reemplazar con un diseño general de política energética el obstinado marketing de Iguacel, orientado sobre todo a conquistar la candidatura a vicegobernador de Buenos Aires. El problema más urgente que debe solucionar el nuevo secretario es el de los subsidios a la producción de gas de Vaca Muerta. Es un inconveniente heredado de la gestión de Aranguren y su polémica resolución 46. Con esa medida, el entonces ministro de Energía se comprometió a garantizar un precio del gas a quienes presentaran nuevos proyectos productivos. Ese precio descendía, año a año, desde 2018 hasta 2021, de 7,5 dólares a 7; 6,5 y 6 dólares el millón de BTU. En la actualidad, para tomar un ej em- plo, el Estado se obligaba a sostener un precio de 7 dólares, cuando el mercado lo fija en alrededor de 4 dólares. El fisco debe hacerse cargo, entonces, de 3 dólares por millón de BTU.
La justificación de los beneficiarios fue que el Tesoro debería realizar de todos modos una erogación, ya que el gas que no se produjera debería importarse al mismo precio. Aranguren, por su parte, suponía que el régimen se iría anulando a sí mismo porque las tarifas se ajustarían hasta que el precio de mercado coincidiera con el que él comprometía ante los productores. Nunca se preguntó quién estaba en condiciones de pagar ese precio.
Aun en abstracto, el sistema prometía distorsiones. La razón principal es que no fijaba un límite al volumen que el fisco subsidiaría. Tampoco un límite al monto del subsidio. Por lo tanto, introducía un incentivo a que la empresa subsidiada produjera todo lo posible, sin preocuparse por que el precio se derrumbara, ya que su ingreso estaría asegurado. Para las compañías que no entraron al programa y se remuneran a precio de mercado, que podrían ser las más eficientes, esa ayuda representaba una enorme desventaja en la competencia. Además, la resolución de Aranguren otorgaba el mismo subsidio en invierno, cuando el gas escasea, que en verano, cuando sobra.
Aranguren pretendía incrementar cuanto antes la inversión en Vaca Muerta. Y lo logró: Tecpetrol, del grupo Techint, lleva hundidos allí, en el marco de ese programa, más de1500 millones de dólares. Su proyecto es el más ambicioso de los 8 que se aprobaron. Comenzó con el objetivo de producir 8,5 millones de metros cúbicos por día, en la actualidad produce 17 y tiene previsto llegar a 23. Sus competidores se quejan por el beneficio. Sostienen que Tecpetrol corre con ventaja en cualquier licitación de venta de gas. Sobre todo las que realiza Cammesa, la empresa que administra la producción eléctrica. Es uno de los inconvenientes del mecanismo ideado por Aranguren. Estimula la explotación, pero concentra la ayuda en el que más produce. Este rasgo hizo que, de los 23 proyectos que se presentaron, solo 8 obtuvieran la aprobación de Neuquén y del Estado nacional. Otros 8 solo consiguieron la de la provincia. La Nación los mantuvo en suspenso porque la subvención ya se hacía insostenible. La fisura originaria de la resolución de Aranguren era, entonces, que los proyectos a los que se destinarían los subsidios serían muy escasos. Esa falla se hizo más evidente por la devaluación de la moneda y la caída del precio de los hidrocarburos. Con un dólar más caro y un gas más barato, el esfuerzo del fisco sería mucho más extenuante. Con el ingreso al programa con el FMI, el sistema entró en crisis.
Uno de los cometidos principales de Lopetegui durante los últimos días fue renegociar con los beneficiarios de ese esquema. La nueva fórmula está casi cerrada. Para los proyectos ya desarrollados, la subvención se limita en el monto a 2,5 dólares para 2018, 2 para el actual, 1,5 en 2020 y uno en 2021. También se le fija un tope en el volumen de la producción. En el caso de los 8 que solo fueron autorizados por Neuquén, se aplica el mismo régimen, pero solo para los 5 meses de mayor demanda.
La discusión fue durísima. No está claro que esté cerrada. Las empresas que están explotando Vaca Muerta en el marco fijado por Aranguren, entre las que se encuentran Tecpetrol y Compañía General de Combustibles (CGC), de Eduardo Eurnekian, argüyeron haber tomado deuda con las reglas anteriores y que, por lo tanto, no pueden tolerar su alteración. En el otro grupo, el de las compañías que solo tienen autorización de la provincia, entre las que están YPF y Pampa, estudian reclamar por una discriminación. Alegan haber sido dañadas por la demora injustificada del Estado nacional en autorizarlas. Creen tener un derecho a la subvención. Y sostienen que ese derecho es más sólido que el que tienen Tecpetrol o CGC a recibir la ayuda por el volumen de gas que supera el de sus proyectos originales.
¿La discusión terminará en los tribunales? Techint puede presionar a los funcionarios con una carta decisiva: para que la producción de gas sea colocada en el mercado es indispensable construir el mítico gasoducto a Rosario, obra que depende de esa empresa.
Lopetegui debe resolver otros renglones de una agenda envenenada. Iguacel, cuyo entusiasmo se volvía temerario, abrió un conflicto con Bolivia. Deseoso de incrementar y vender la producción de Vaca Muerta, aprovechó una mínima demora de los bolivianos en el suministro de gas para recortar las compras. En vez de adquirirlos 17,2 millones de metros cúbicos diarios a los que obliga el contrato, se compraron 10 millones. Una forma de obligarlos a renegociar el convenio. El exsecretario no supuso que el gobierno de Evo Morales ejecutaría una vieja carta de crédito por 140 millones de dólares, que debió extenderle en su momento el Banco Nación por si los Kirchner decidían recortarlas compras. El recurso a ese documento no solo puso en emergencia al banco. Casi hace caer el acuerdo de la Argentina con el Fondo, que prohíbe mantener deudas impagas con otros Estados. El Gobierno debió demostrar que se trataba de un pasivo comercial, no interestatal.
Es posible que la misión más desafiante de Lopetegui sea retrotraer el discurso público sobre Vaca Muerta a la frontera del realismo. Uno de los defectos de Iguacel fue su propensión a alucinar cifras. El Gobierno comenzó a hablar de 30.000 millones de dólares de inversión antes de 2025. De un incremento adicional de 3000 millones por año en la producción de petróleo. El sitio oficial de la Secretaría hablaba, para 2018, de inversiones cuyo monto casi triplica las que realmente se efectuaron.
Es cierto que, si se desarrollaran los recursos disponibles, la Argentina protagonizaría una revolución energética. Estaría en condiciones de ofrecer a las industrias un gas cuyo precio fuera de los más baratos de América Latina, parecido al de México o Colombia. Alrededor de 5 dólares el millón de BTU, cuando el de Brasil es de 14 dólares. Esa ventaja equivaldría, según los expertos, a que hoy el dólar costara 45 pesos.
Alcanzar esos objetivos no implica un milagro. Sí una hazaña. Deberían, entre otras cosas, establecerse reglas de juego estables, contratos no interrumpibles de larga duración que generen un mercado competitivo, reducción de costos laborales y un sistema de infraestructura que permita exportar a bajo costo. Hay una dificultad menos en relación con esta agenda. La política ofrece un consenso infrecuente en otras materias. Hasta Cristina Kirchner está dispuesta a establecer un sistema de larga duración. No debe extrañar. Ilusionada con las encuestas, la expresidenta confiesa entre los suyos que ella quiere renegociar el acuerdo con el Fondo. Pero no desconocerlo. El eterno teorema de Baglin
