Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, y los principales empresarios procesados en la causa de los cuadernos de las coimas quedaron fuera de la "asociación ilícita" encabezada por Cristina Kirchner para recaudar fondos ilegales durante el kirchnerismo.

Los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi sólo incluyeron en la asociación ilícita a Gerardo Ferreyra, uno de los dueños de Electroingeniería; al financista de los Kirchner, Ernesto Clarens; y a Carlos Wagner, ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción. Todos ellos están con prisión preventiva y les podrían dar penas de 3 a 10 años de cárcel, como miembros y organizadores de la asociación ilícita, según establece el Código Penal; junto con las de "cohecho", que tienen penas de 1 a 6 años de cárcel.

En cambio, el resto de los empresarios involucrados en esta causa judicial fueron procesados y embargados en sumas millonarias por el pago de coimas a los funcionarios de los gobiernos kirchneristas, pero con penas de 1 a 6 años, por "cohecho", que podrían ser excarcelables.

En esa condición están los empresarios Hugo Antranik Eurnekian (Corporación América), Luis Betnaza (Techint), Jorge Balán (Industrias Secco), Ángelo Calcaterra (IECSA), Juan Chediack (ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción), Hugo Dragonetti (Panedile), Claudio Glazman (Isolux), Juan Carlos de Goycoechea (Isolux), Alejandro Ivanissevich (Emgasud), Juan Carlos Lascurain (ex titular de la Unión Industrial Argentina), Armando Loson (Grupo Albanesi), Carlos Mundin (BTU), Néstor Otero (Trenes de Buenos Aires), Enrique Pescarmona (Impsa), Aldo Roggio (Grupo Roggio), Gabriel Romero (Emepa), Manuel Santos Uribelarrea (UCSA), Alberto Taselli (Grupo Taselli) y Raúl Vertúa (Servicios Vertúa).

A todos ellos el juez federal Claudio Bonadio los había procesado como miembros de la asociación ilícita, pero los camaristas les quitaron esa calificación y les imputaron el pago de coimas.

También fueron procesados y embargados los empresarios Osvaldo Acosta (Electroingeniería), Jorge Neira (Electroingeniería), Rodolfo Poblete (Emepa), Héctor Sánchez Caballero (IECSA), Francisco Valenti (Impsa) y Héctor Zabaleta (Techint). Pero a ellos la Cámara Federal les revocó la falta de mérito y los procesó por el pago de coimas.

Los camaristas Bruglia y Bertuzzi señalaron que todos esos empresarios "efectuaron los pagos a los agentes públicos motivados por la búsqueda de beneficios económicos para sus empresas en sus relaciones con el Estado".

La Cámara Federal trabó embargos por $ 1.000 millones, para Wagner y Clarens; de $ 515 millones, para Ferreyra; de $ 400 millones, para Calcaterra; de $ 195 millones, para De Goycoechea; y de $ 120 millones para Loson y Roggio.

También les trabó embargos de $ 100 millones a Balán, Dragonetti, Eurnekian, Menotti Pescarmona y Romero; de $ 80 millones a Betnaza, Chediack, Lascurain, Mundín, Otero, Alberto Tasselli y Vertúa; de $ 60 millones, para Glazman e Ivanissevich.

Con esta decisión, la Cámara Federal revocó la prisión preventiva y ordenó la libertad de Lascurain, Mundin, Otero y Vertúa. Además, le dictó la falta de mérito al empresario Sergio Taselli, vinculado con Yacimiento Carbonífero de Río Turbio y los trenes metropolitanos, a quien le revocaron el embargo dictado por Bonadio.