Los dos proyectos en el Senado que buscan habilitar la minería metalífera en Mendoza todavía no logran el acuerdo político necesario para convertirse en ley. El legislador Alejandro Abraham introdujo la posibilidad de auditorías internacionales por el riesgo ambiental y que un porcentaje de las regalías vaya a obras de riego frente a la crisis hídrica de la provincia.
Se sigue poniendo cuesta arriba el camino para los dos proyectos que hace más de un mes se están debatiendo en el Senado y que tienen por objetivo habilitar la minería metalífera en Mendoza. La oposición que han generado ha provocado que haya modificaciones para poder consensuar la aceptación de la reforma.
Las propuestas consisten en la creación de parques mineros, en uno de los casos, y la modificación de la Ley 7.722, en la otra alternativa. Ambas cuentan con adeptos de todos los sectores, pero también fuertes rechazos.
Mientras se van agotando los días en el calendario del trabajo en la Legislatura, tanto el senador Juan Agulles (PJ), como Alejandro Abraham (Unidad Ciudadana) -mentores de los proyectos- trabajan a contrarreloj para lograr los votos necesarios.
Sin embargo, tan profunda es la grieta al interior de los bloques por la modificación a la ley 7.722 que ni siquiera se ha avanzado en lograr un despacho de las camisones para que lleguen las dos propuestas al recinto.
Para destrabar el conflicto que existe tanto dentro de la oposición como en el propio oficialismo -pese a que el Gobernador Alfredo Cornejo se mostró a favor de los cambios en la 7.722-, Abraham realizó modificaciones en la letra de su proyecto.
Para lograr más adhesiones y un impacto concreto en una de las problemáticas más serias que atraviesa Mendoza con la sequía, el senador apuntó que "de las regalías que genere la actividad a la provincia, que son el 3% del producido por la minera, se destinará un 25% a mejorar la matriz de riego con obras de impermeabilización de canales cauces, entre otras mejoras".
"Con toda esta reformulación lo que estamos apuntando es a una transformación de la matriz de riego. Todos saben que Mendoza tiene una matriz de riego deficiente por la cual se pierde muchísima agua, sea por filtraciones o por canales que no están impermeabilizados o por la misma característica del sistema que es el riego por manto", fundamentó el referente de Unidad Ciudadana.
Asimismo, remarcó: "Lo que nosotros queremos es que haya fondos suficientes para hacer una transformación de riego y aprovechar ese 30% o 40% de los mendocinos que se desaprovechan por malas técnicas. Con lo cual, no sólo va alcanzar para la actividad minera industrial, sino para la superficie cultivada de la provincia".
En otro orden, puntualizó que aparte de la regalía se establece una sobretasa minera equivalente al 1,5 por ciento del total facturado por la minera porcentaje del cual se destinaría el 66% a obras de infraestructura hídrica.
La iniciativa también apunta a que además de estos montos en cada proyecto "se podrá exigir, si es necesario y corresponde, obras adicionales de las características detalladas", apuntó.
Por otro lado, frente a los principales reclamos de los sectores ambientalistas, Abraham subrayó: "La provincia deberá contratar anualmente una auditoría internacional de organismo público como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por ejemplo".
Más allá de la reconversión que se quiere hacer del sistema que nutre al agro, la senadora Patricia Fadel (PJ), quien integra una de las comisiones donde se tratan los borradores, rechazó esta idea y aclaró que "actualmente hay recursos y los tiene el Fondo de la Transformación para eficientizar el riego, pero no sabemos por qué no lo difunden y por qué no se están usando".
La legisladora del Valle de Uco apuntó contra la gestión del Superintendente General de Irrigación, Sergio Marinelli y cuestionó: "Tampoco nos parece acertado el plan de sequía que presentó Marinelli, sino que deben administrar adecuadamente el agua de las cuencas de la provincia".
La senadora, que remarcó su negativa a modificar la 7.722, dejó en claro a los integrantes de la Cámara de Empresarios de Servicios Mineros "que queremos que el gobernador saque una iniciativa propia, o que los proyectos peronistas sean votados por sus legisladores y aliados, ya que no nos necesita a nosotros".
Este jueves quedó en evidencia esta falta de acuerdo en el seno del justicialismo, desde donde nacen los dos proyectos, debido a la ausencia de algunos senadores. Pero también, las inasistencias se notaron en el oficialismo.
Ante la necesidad de trabajar en un desarrollo sustentable de otras actividades a la par de la minera, sobre todo en localidades como Malargüe, Agulles también amplió el texto de su iniciativa.
Ambos senadores aclararon que están trabajando en sumar los aportes del resto de los integrantes de las comisiones de Minería e Hidrocarburos, Ambiente, como también Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC).
Esta semana volverán a reunirse intentando sacar un despacho unificado, todo en un contexto de presión por parte del sector empresario para que salga la ley. Y en la vereda de enfrente, se ubican los ambientalistas y productores del agro, quienes rechazan que se modifique la 7.722.
MARCELO ARCE
Un run run recorre los pasillos de la Legislatura: si se modifica la ley que restringió la actividad minera a gran escala en la provincia, el proyecto San Jorge podría volver con fuerza. Los rusos que son dueños de la mina de cobre en Uspallata, ya hicieron saber que están dispuestos a invertir los U$S 600 millones que hacen falta.
Hasta aquí, nunca había llegado tan lejos dentro de la Legislatura un intento por abrir el juego de las restricciones de la 7722, la ley que paralizó hace una década la actividad minera a gran escala en la provincia.
Como pocas veces, además, se hizo sentir la voz empresaria en las reuniones de comisiones quienes, en ese sentido, reclamaron por la apertura de una economía local asfixiada por la crisis. Y en esta ocasión no fueron solo las Cámaras mineras las que presionaron. De hecho, los representantes del sector optaron por el bajo perfil durante el debate legislativo y dejaron que hablen por ellos el resto del sector empresarial para no generar los ya conocidos resquemores que generan.
El nivel de las protestas que habitualmente siempre surgen en el Valle de Uco por este tema han sido pocas. Y, salvo un cruce muy virulento registrado en el comienzo del debate entre un legislador y el representante de la Cámara minera, prácticamente todas las audiencias legislativas transcurrieron con relativa normalidad.
Por primera vez en mucho tiempo, ante un escenario muy complejo como siempre fue la discusión por la minería, se buscó salir con conversación política y con las alternativas que cada sector propuso para resolver el problema, Cada uno, escuchó lo que el otro tenía para decir.
En esto contexto ¿Se impondrán las modificaciones a la ley? Imposible descifrarlo a una semana de que las iniciativas presentadas por dos legisladores del PJ, Alejandro Abraham y Juan Agulles, se voten antes de fin de año en el Senado o vuelvan a cajonearse a la espera de una mejor oportunidad.
Lo que se está discutiendo son dos modificaciones clave en la ley que le puso un cerrojo a la actividad. El más trascendente, es que se propone la eliminación de la ratificación legislativa de todos los proyectos mineros, tal como reza la actual normativa.
Y el otro es el que más controversia generó: si bien el texto mantiene la premisa de prohibir el cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico, eliminaba la parte del anterior que añadía "Y otras sustancias similares", lo que ampliaba el espectro de recursos químicos a utilizar. Entre ellos, el xantato que es utilizado para los procesos de lixiviación.
Aquí se produjo una novedad importante en el último tramo del debate en el Senado. El autor de la iniciativa, Abraham, entre un puñado de cambios a su propuesta original, propuso dejar redactado el párrafo de la ley que menciona a “otras sustancias” y agregarle además que “puedan afectar los recursos hídricos”.
De avanzar con las modificaciones propuestas, la minería a gran escala no desembarcaría en el mediano en la provincia. Pero se destrabarían por lo menos tres proyectos que están dando vueltas desde hace años. Uno de ellos Hierro Indio y el otro Cerro Amarillo. Pero en el mediano plazo, el que está en condiciones de ponerse en marcha es San Jorge, el proyecto de extracción de cobre y oro en Uspallata.
Hace ya una década, en setiembre de 2008, la entonces dueña del yacimiento, la canadiense Coro Mining Corp, presentó su Informe de Impacto Ambiental (DIA) ante el gobierno de Celso Jaque que fue aprobada casi dos años después.
Sin embargo el plan de inversiones se frustó por cuestiones políticas y no técnicas en agosto de 2011, en plena campaña electoral, cuando el entonces candidato del PJ, Francico Pérez, pidió a los legisladores de su partido que no ratificaran la autorización para que la mina comenzara a operar.
Hacia mediados de 2012 San Jorge (cuando todavía estaba en manos canadienses) presentó un proyecto de adaptación del plan original de extracción de minerales en esa zona de Uspallata y solicitó una ampliación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para desarrollar un nuevo proyecto biprovincial para extraer la roca del cerro ubicado en la estancia El Yalguaraz y proceder al proceso de lixiviación (el tratamiento para extraer oro y cobre) en San Juan donde este tipo de procedimientos no están prohibidos por ley como aquí.
Lo que la provincia debía autorizar o rechazar, vía una adaptación de la DIA original, era la construcción de una vía férrea de 22 kilómetros entre el cerro y Calingasta (la ciudad sanjuanina más cerca del límite en esa zona) para desarrollar la explotación.
En el camino la mina cambió de dueño: Coro vendió sus acciones a un consorcio ruso conformado por Aterra Capital y Solway Investiment. El primero es dueño de minas de Uranio en Turquía, de cinc en Kenia, de plata en Rusia y de otros minerales en Colombia, Nueva Guinea e Indonesia. Mientras que Solway explota níquel en Guatemala, oro en el este de Rusia y zinc en Macedonia, entre otros emprendimientos.
Hace un año, en setiembre de 2017, el gobierno de Alfredo Cornejo desestimó esta propuesta de explotación biprovincial. Dictaminó que la empresa debía presentar una nueva Declaración de Impacto Ambiental y no una “actualización” de la anterior y nuevamente todo se cayó.
Una sensación recorre los pasillos del Senado en medio de este debate: que toda la discusión actual por la 7722 beneficia en primera instancia a San Jorge.
Es probable. Como se dijo, de todos los proyectos mineros de peso que están diseñados para Mendoza, el que está en condiciones de comenzar a operar en un plazo de tres años como máximo es este de Uspallata. La empresa entiende que, sin la necesidad de ratificación legislativa de la DIA, están en condiciones de actualizar informes técnicos y buscar nuevamente la autorización del Poder Ejecutivo para operar.
Los rusos, ya lo hicieron saber, están en condiciones de ratificar que cuentan con los U$S 600 millones que sale hoy reflotar el proyecto.
Las autoridades de Ambiente en la provincia son un poco más estrictas. Entienden que el proyecto debe volver en su totalidad de "fojas cero" y que la empresa deberá presentar una nueva Declaración. En esos están las negociaciones en este momento: San Jorge preguntó, por caso, si podía utilizar algunos informes técnicos referidos a flora y fauna hechos hace diez años y les dijeron que sí. Pero que todo el procedimiento anterior había sido "archivado" y que por ello debía arrancar un procedimiento nuevo.
Ante todo lo que está en juego, siempre quedó en claro que la intención de Alfredo Cornejo fue dejar que la discusión legislativa siguiera su curso. Desde que el tema se planteó hace dos meses, el gobernador acomodó su estrategia para dar la discusión de la minería y debatir así la ampliación de la matriz productiva de la provincia.
Sin embrago para Cornejo, discutir esta ley siempre fue considerado como un beneficio que podría llegar a largo plazo. Pero con costos políticos altísimos y a pagar en el corto plazo.
El oficialismo espera ahora la definición de los pesos pesados del PJ en el Senado, fundamentalmente del senador Adolfo Bermejo, y con eso en la mano decidirá una estrategia con los propios que, como también se sabe, tienen miradas distintas acerca de cómo votar esta ley.
Si Bermejo es la pieza clave del tablero, la jugada podría salir mal. El dirigente maipucino se mostró hasta aquí esquivo a respaldar cualquier modificación a las normas vigentes y tiene antecedentes fuertes en cuestiones de minería y defensa del medio ambiente: Bermejo, como senador nacional oficialista, fue uno de los que votó a favor de la Ley de Glaciares hecho que desencadenó en su momento un duro enfrentamiento con el entonces gobernador de San Juan, José Luis Gioja, defensor a ultranza de las minería en su provincia.
Durante todo el debate el PJ y el oficialismo se miraron con recelo para tratar de determinar si alguno de los dos terminará flaqueando al final de la carrera. Y eso es lo que está sucediendo en esta instancia definitiva.
