ALVARO RÍOS*

Los escándalos de corrupción, el manejo ineficiente y la constante práctica de invertir en proyectos no económicos y nada rentables por parte de nuestras estatales de energía continúan saliendo a la luz pública en toda América Latina.

Una gran cantidad de gobiernos a través de las últimas décadas han utilizado a estas empresas para: 1) Fuente de empleo para allegados políticos y parentela, 2) Hacerlas subsidiar y ganar votos vía populismo, 3) Forzarlas a invertir en proyectos poco o nada rentables y visibles en un afán electoralista; 4) Objeto de recaudación para mantener la maquinaria política de los gobiernos de turno, 5) Botín político para gobernantes y funcionarios de turno, 6) Etc.

Lo anterior las torna en empresas no competitivas, las deja sin gobierno corporativo, sin gestión, sin tecnología y con magros resultados a la postre. Las arcas del Estado deben ir luego a socorrerlas y/o se las debe privatizar o vender, las más de las veces a precio de gallina muerta. Eso definitivamente no queremos que ocurra.

En este camino transita por ejemplo Petrobras, vendiendo y privatizando parte de sus activos y unidades de negocio después de todo lo acontecido. Ni hablar de PDVSA que tiene gran cantidad de sus reservas (petróleo y gas) y activos comprometidos con acreedores, proveedores y socios (privatización disfrazada) cuando no pueda pagar sus deudas. Podríamos seguir a tantas otras empresas pero es espacio es limitado.

Los Latinoamericanos no queremos privatizar nuestras empresas estatales de energía y nos adherimos al sentimiento que existe en la región para mantenerlas. Empero, si decidimos mantenerlas es para que se tornen en solidos pilares económicos y estratégicos para nuestros países. Para que esto ocurra debemos imprescindiblemente blindarlas del poder político de turno.

Blindadas y dejándolas actuar en forma corporativa, con competitividad e independencia traen un alto valor para los países y pueden: 1) Romper acuerdos de control de mercado que muchas veces pacta el sector privado. 2) Estudiar proyectos estratégicos para el país y apoyar a muy frágiles Ministerios de Energía, 3) Participar en proyectos que se consideren rentables, solas o asociadas y allí donde los privados no deseen participar, 4) Generar utilidades e impuestos para los países, 5) Etc.

¿Cómo blindarlas? Existen mecanismos de blindajes y que si funcionan en la región y ámbito internacional. A continuación un ejemplo. Los directorios de las empresas estatales deben estar compuestos por miembros del Estado (Ministerios, etc.) y también por instituciones independientes (Colegio de Ingenieros, etc.) y los requisitos profesionales y responsabilidades claramente establecidos para su selección y nombramiento.

Este directorio luego debe elevar al Congreso o Presidente del país, una terna para que se elija al presidente de la empresa. Esta terna debe ser encargada a una empresa caza talentos (recursos humanos), la cual debe hacer la selección en base requisitos profesionales, experiencia y de ética claramente establecidos, incluyendo el término de su mandato

Este presidente, a su vez, deberá seleccionar a sus colaboradores de confianza con los cuales tiene que alinear la empresa a los mandatos de su directorio y transparentarse de cara a los ciudadanos. Lo anterior le otorga un gobierno corporativo a la empresa y que no responde necesariamente a los designios y caprichos del poder político de turno y es el único camino para tornarlas sostenibles.

Ineptitud y corrupción al momento de encarar administración e inversión en proyectos que manejan las empresas de energía del Estado son detrimentales para el bienestar económico de nuestros países en el largo plazo. ¿Sera que el Estado empresario no funciona? ¿Sera que podemos blindar a nuestras empresas del poder político de turno? Nuestros lectores tienen la última palabra.

* Ex Ministro de Hidrocarburos de Bolivia y Actual Socio Director de Gas Energy Latin America