Lo mencionó en Radio Jornada, el senador justicialista al aclarar algunos puntos de las modificaciones de la ley 7722 y otro proyecto del senador Agulles.
Se va a modificar la ley 7722 y para explicar de qué se trata, estuvo en Pulso Urbano (Radio Jornada 91.9), el senador justicialista Alejandro Abraham.
“Se le hacen modificaciones a ambos proyectos con posturas de científicos y ambientalistas, además de agregarle otras sustancias tóxicas”, explicó Abraham.
Comenta el senador que además de los tres controles establecidos “que son Policía minera del Gobierno, Legislatura a través de la Bicameral y control ciudadano con las ONG, habrá una auditoría de Naciones Unidas acerca de los estándares de producción que se instalen en la provincia. Todos esos controles son para que no se vulnere la seguridad ambiental”.
Mencionó Abraham los recursos que producirá la actividad y que además de ir a viviendas y las políticas de género, “irá a reconversión del sistema de riego, fondos para cauce de riego y canales, además de subsidios para los que riegan por manto”.
Recordó el legislador que la actividad minera en San Juan utiliza sólo el 1% de agua y señaló que un proyecto de Malargüe, la mina Hierro Indio “era un desarrollo que beneficiaba a la zona y no era contaminante. Tenemos que tener una mirada generosa”.
En el PJ hay puja entre legisladores a favor y en contra y podría declararse la libertad de acción para los bloques.
El Senado provincial está en proceso de discusión de los proyectos de reforma de la ley 7.722, que regula la actividad minera en Mendoza. Las dos iniciativas del peronismo, una del kirchnerista Alejandro Abraham, y la otra del peronista orgánico Juan Agulles, deberán contar primero con el aval de las comisiones internas de la Cámara Baja, aunque desde la Legislatura ya adelantaron que no se dará la discusión en el recinto si no están los votos necesarios para que se logre la aprobación.
Durante varias semanas participaron diferentes actores de la sociedad, quienes expresaron con opiniones, posturas y también investigaciones, la necesidad o no de reformar una de las leyes que ha generado polémica cada vez que se ha hablado del tema de ampliación de la matriz productiva, con el desarrollo minero a gran escala.
Los proyectos, que llevan días de debate, se encuentran en las comisiones de senadores de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), Hidrocarburos y Ambiente. Allí, durante cinco semanas pasaron funcionarios de Gobierno, asambleístas del cuidado del agua, especialistas en geología, gremios, cámaras empresariales y profesionales que han estudiado el tema, quienes dieron sus opiniones sobre la 7.722, que rige desde hace más de 10 años.
El jueves pasado concluyeron estas audiencias, por lo que ahora se verá lo estrictamente político, debido a que el proyecto de reforma de la llamada "ley antiminera", deberá conseguir primero despacho, es decir, la aprobación de la mitad más uno de los legisladores que integran las comisiones, para que se trate sobre tablas en la sesión del Senado.
El gobernador Alfredo Cornejo ya adelantó que no impulsará la derogación de la 7.722 sino hay alto consenso político y manifestó que cree que se necesita ser reformada, tal como propusieron Agulles y Abraham.
“La minería es una industria lícita, pese a que la mayoría de los mendocinos cree lo contrario. Nosotros hemos generado un nuevo clima para el debate de esa ley y que no se dé demagógicamente”, agregó el mandatario.
Además agregó que “están aquellos que dicen que la minería es peor que la Segunda Guerra Mundial. Cuando uno quiere cambiar, meten miedo. La estrategia del miedo es la más cobarde a esta altura de la cultura mundial”, completó.
Las posturas políticas no están todavía planteadas por un sí o por el no a la modificación del proyecto, salvo algunas expresiones de manera individual.
En el frente Cambia Mendoza, el jefe de bloque radical, Diego Costarelli, aseguró que, salvo Ernesto Mancinelli (Libres del Sur), no hay grandes disidencias para rechazar las reformas, que han sido avaladas por el Gobernador y algunos funcionarios, como el subsecretario de Energía, Emilio Guiñazú; o el secretario de Ambiente, Humberto Mingorance.
No obstante, en base a lo que pueda ocurrir en las comisiones, luego tendrán reuniones de bloque para sentar las posturas y opiniones de algunos legisladores representantes de departamentos con más resistencia a la reforma de la 7.722, como puede ser General Alvear o las comunas del Valle de Uco.
Sin embargo, el ánimo que reina en el bloque oficialista es no ser impulsores de las modificaciones. La palabra “consenso” dicha por Cornejo resuena en los rumores: el oficialismo se sentará a votar, siempre y cuando haya voluntades dispuestas a hacerlo en la oposición. Tiene que haber una mayoría para aprobar las enmiendas o no se llega al recinto.
En el Partido Justicialista, todo indica que las diferencias estarán más vivas que nunca, aun teniendo en cuenta que ha sido el partido propulsor de las reformas, y también que ha destacado la necesidad de unión en la Legislatura que promueve la nueva dirigencia, que tiene a Guillermo Carmona como presidente.
Patricia Fadel, jefa de bloque del PJ orgánico, adelantó que ella está en contra de la reforma de la 7.722 y señaló que en los próximos días se realizarán reuniones entre el PJ, Unidad Ciudadana y la nueva dirigencia, para resolver este tema.
“Como tenemos que intentar mantener la unidad, y este es un tema que nos puede desunir, quizás lograr libertad de acción sería la mejor medida a tomar”, señaló la legisladora.
No obstante, el autor de uno de los proyectos, Alejandro Abraham, indicó que para evitar las especulaciones políticas, quizás lo mejor sería que no haya individualismos y se determine una “política de estado” entre los diferentes partidos.
Para eso se buscará realizar los retoques necesarios al proyecto para “sacar la mejor ley posible. De las exposiciones recibimos muy buenas propuestas para mejorar el proyecto”, señaló el ex intendente de Guaymallén.
En este sentido, las ideas van desde agregar controles internacionales hasta destinar más recursos de las regalías mineras para mejorar la infraestructura del riego agropecuario, entre otros.
Finalmente, desde el Frente de Izquierda se han mostrado desde el comienzo en contra de la modificación de la 7.722; mientras que en el fragmentado Partido Intransigente, Marcelo Romano (Protectora) también se opone a los cambios, aunque los demás senadores (Daniel Galdeano y Héctor Bonarrico) aún no definieron su postura.
La entrevista completa que Laura Ropolo, investigadora en sustentabilidad y productividad brindó a Radio Nihuil
