La semana que viene se reunirán las comisiones de Hidrocarburos, Ambiente y Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), cuyos legisladores miembros decidirán si sacan o no el despacho del proyecto que modifica la ley votada en 2007.

 

Actualmente hay dos proyectos de senadores peronistas (Alejandro Abraham y Juan Agulles) que se han puesto en discusión, pero en principio tomarán como base el del ex intendente de Guaymallén, al que lo someterán a una serie de modificaciones, según se han propuesto en estas discusiones. 

Desde el Gobierno no se opusieron al tratamiento del tema en la Legislatura, y si bien se mantienen al margen con las declaraciones, algunos funcionarios han propuesto modificar la 7.722 para que se puedan establecer otros proyectos mineros. 

Es el caso del subsecretario de Energía, Emilio Guiñazú, quien sostuvo ayer, durante la audiencia en el salón Rojas del anexo del Senado, que "la postura del Gobierno está marcada en el trabajo que se hizo sobre desarrollo de política minera. Evaluamos que estos proyectos son coherentes con lo que proponemos", señaló el funcionario. 

Asimismo, sostuvo que si bien la iniciativa es mejorable, su espíritu es perfeccionarla para que la provincia controle el desarrollo minero y también el recurso hídrico.

"Estamos absolutamente capacitados para controlar actividades de esta naturaleza, como lo hacemos desde hace 100 años con el petróleo", dijo.

En este sentido, opinó que en la minería "se está viendo una foto con 10 años de atraso" y que en la actualidad las empresas se manejan con otro tipo de prácticas, estándares y se someten a  controles que han evolucionado.

Cambios al proyecto

Guiñazú consideró en su presentación que el proyecto de Abraham debería mantener las restricciones en la utilización de las sustancias peligrosas "que se hacen necesarias para la protección del agua", pero sí repensar en qué parte del territorio de la provincia, tal como está actualmente explicitado en la 7.722.

"¿Hace falta prohibirlo en todo el territorio, o en los que tienen más sensibilidad respecto del recurso hídrico?", se preguntó el funcionario, y acotó que, siempre teniendo en cuenta la protección del agua, se debería permitir la utilización de estas sustancias en los lugares donde no hay riesgo de contaminar las fuentes de recursos hídricos.

 

"Hay que perfeccionar la ley pero que no se transforme en lo que se acusa, una ley antiminera. Que no se transforme en una ley que impida el crecimiento de Mendoza", finalizó. 

En tanto, el secretario de Ambiente, Humberto Mingorance, hizo hincapié en el acceso a la información que debe tener tanto la sociedad como los diferentes organismos de control en el Estado, y también se mostró de acuerdo en realizar una "reingeniería" de la ley.

"En principio los recursos disponibles permiten hacer una reingeniería de la ley, aggiornarla para proteger el ambiente, pero que se pueda desarrollar la actividad en términos de viabilidad, desarrollo y equilibrio territorial", expresó.

Sobre los controles, destacó las mejoras y avances tecnológicos para ser más precisos y rápidos en la fiscalización del trabajo de las mineras, pero puso énfasis la "gran institucionalidad" de la provincia para realizar bien el trabajo desde cada lugar. 

Finalmente, comentó que no serían "más de 40 a 50 los proyectos mineros que podrían darse en Mendoza de minería en estos próximos años" y que lo que hay que hacer es "generar las exigencias a las empresas".

Voces a favor y en contra de la modificación

El debate tuvo varias posturas, además de la de funcionarios de gobierno. Se acopló por ejemplo el titular de Irrigación, Sergio Marinelli, quien comentó sobre la posibilidad de "no quedarse quieto para ver quién le quita el agua a quién", respecto a las diferentes actividades industriales. "Es indispensable ser eficientes para mantener los niveles de actividad. Y sobre todo, para incrementarlos. El objetivo es ir hacia el desarrollo", agregó.

En contra se manifestó el abogado ambientalista Enrique Viale, quien acusó a las empresas mineras de dar un "terrorismo estadístico", con datos falsos."Nos oponemos a la minera trasnacional, por su escala, modalidad de explotación y que la hace inherentemente contaminante, insostenible e imposible de controlar", dijo.

 

Maristella Svampa, socióloga del Conicet, acusó al gobierno y a las megamineras de "esconder y falsear" números y confrontó a la minería con las actividades agrícolas. Además dijo que este tema se convirtió en un "problema público" y que la gente "fue tomando conciencia de los daños irreversibles a los ecosistemas", que puede generar esta actividad.

Daniel Jerez, titular de la Dirección Nacional de Promoción Minera, habló sobre la posibilidad de que conviva la minería y la agroindustria. "Hay cientos de países en el mundo que son extraordinarios productores de fruta, de vino y también tienen minería. El ejemplo es Chile. El mundo no estaría comprando la fruta chilena y el vino chileno si estuviera contaminada", explicó.

Guillermo Pensado, licenciado en Geología, se mostró también a favor de la modificación de la 7.722 y destacó que en San Juan, por ejemplo "el agua que consume la minería metalífera equivale a una finca de 150 hectáreas, es decir, el 0,1% de la demanda neta que entró en la finca".