Más de 100 economistas, académicos, empresarios y consultores formularon un plan económico integral para Brasil y se lo presentaron a al presidente electo Jair Bolsonaro.
El conjunto de especialistas, que se armó y consolidó desde un grupo de WhatsApp creado en 2015, resumió en un solo documento las principales medidas que el nuevo gobierno del país deberá afrontar desde enero próximo, cuando el sucesor de Michel Temer asuma el poder.
Son 15 directrices generales distribuidas en cuatro grandes áreas: políticas macroeconómicas, políticas microeconómicas, políticas sociales y políticas de sostenibilidad.
El paper de recomendaciones fue bautizado "Carta Brasil" y fue lanzado este lunes en el Instituto Brasileño de Economía (Ibre), con sede en Río de Janeiro. Algunos de los elaboraron y redactaron el programa son Fernando Holanda, Silvia María Matos, Bernard Appy, Sandra Ríos, Cristina Terra, paulo Coutinho,Hugo Figueredo, lenadro Oliveira, Bruno Ottoni, André Portela, Leandro Piquet, Joiìsa Dutra, Samuel Pessoa, Alexandre Schwartsman, Otaviano Canuto, Flaìvio Ataliba, Elena Landau, Tiago Calvacanti, Octavio de Barros, Maìrcio Garcia, Naércio Menezes, Maìrcio Holland y Alexandre Randse, entre otros.
"La Carta Brasil es ofrecida para la sociedad como un documento de reflexión. Creemos que la ausencia de reformas llevará inevitablemente a un proceso de estancamiento a largo plazo y eventualmente a una crisis de grandes proporciones. Estamos en una encrucijada ", afirmó Cláudio Frischtak, titular de la consultora Inter.B, y uno de los referentes del proyecto.
A continuación, se transcribe los principales puntos del documento publicados por Valor Económico.
Política macroeconómicas: lograr a lo largo de los próximos dos años, un superávit "sustentable" en torno al 3% del PBI.
Política monetaria: Autonomía formal para el Banco Central, con mandatos fijos y no coincidentes de los directores de la entidad.
Gestión fiscal y eficiencia del Estado: reforma del sistema de seguridad social, con una migración gradual al régimen de capitalización, eliminación de los niveles mínimos obligatorios de gastos presupuestarios (en salud, educación), eliminación parcial de la estabilidad en el servicio público.
Impuestos y pacto federal: la transacción de los tributos actuales para el IVA a lo largo de diez años, exención completa para de las exportaciones, la tributación en el destino, el resarcimiento tempestivo de los créditos (fiscales) acumulados, elevar las alícuotas para impuesto sobre las herencias, aplicar el Imposto sobre Propiedad de Vehículos Automotores (IPVA) a las para aeronaves y barcos.
Comercio Exterior: simplificación de la estructura tributaria (alícuotas cero, 5%, 10% o 15% a las importaciones) y transformar el Mercosur de una unidad aduanera en una zona de libre comercio.
Políticas microeconómicas: aprobación de la ley general de Agencias Reguladoras nueva (normativa sobre órganos de control, autonomía municipal, regulaciones en general e interferencias del sector privado); simplificación del derecho procesal civil y reducción de las instancias de recursos; retirar la legislación que restrinja la oferta de servicios alternativos (apps).
Defensa de la Competencia: cambiar cálculo de penalidades aplicadas por el Cade (similar a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia argentina) e incluir la autarquía en el proyecto 6.621, que mejora la gobernanza en las agencias reguladoras.
Infraestructura: transferencia de empresas (públicas) y activos al sector privado, fomentar el trabajo conjunto PPI-BNDES (Programa de Alianza para Inversiones, similar al PPP argentino) para las concesiones de obras; combatir la baja autonomía del administrador público en la toma de decisiones.
Ciencia, tecnología e innovación: eliminar las barreras para la importación de equipamientos y servicios en investigación de desarrollo; facilitar la emisión de visados permanentes para investigadores e ingenieros; acelerar la reglamentación de la ley 13.243/16 de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Política de lucha contra la pobreza y la desigualdad: unificación de los programas sociales Bolsa Familiar y BPC (Beneficio de Prestación Continua); revalidación de los programas sociales con mayor frecuencia; redimensionamiento de los beneficiarios de las trasferencias (pensiones) no contributivas.
Crisis previsional: reformar el actual sistema de reparto, estudiando eventuales costos y beneficios de un régimen mixto hasta la transición completa a un modelo de capitalización (privado).
Educación: Creación de un "índice de efectividad" para el traspaso de recursos del Fundeb (Fondo de Mantenimiento y Desarrollo de la Educación Básica), preservación del ProUni (Programa Universidad Para Todos); restringir los créditos del FIES (Fondo de Financiamiento al Estudiante de la Enseñanza Superior) para los cursos bien evaluados por el MEC (Ministerio de Educación) y con menor valor de la mensualidad disponible por la facultad, manutención de cuotas.
Mercado de trabajo: unificación del abono salarial (subsidio al año del valor de un salario mínimo) y el salario familiar; unificación del FGTS (Fundo de Garantía del Tempo de Servicio) y el seguro de desempleo en un fondo de ahorro obligatorio e individual; complementación de renta para trabajadores que ganan hasta cuatro salarios mínimos.
Seguridad pública y sistema penitenciario: revisión del Código Penal y de la ley de Ejecución Penal; fijar metas de desempeño para los policías, rastreo (registro ) de armas de fuego secuestradas en el país; crear padrones para elaborar datos estadísticos.
Sustentabilidad ambiental: cumplimiento de las mestas del Acuerdo de París; incorporación de una tasa de carbono al sistema tributario; programas de compensación financiera para comunidades tradicionales que ayudan al combate de la deforestación; mayor previsibilidad (transparencia) en la entrega de licencias ambientales (para deforestar).
