Las comunas dieran su opinión sobre los dos proyectos que se debaten en la Legislatura.
Los proyectos para modificar la ley 7.722 (conocida como “antiminería”) de Juan Agulles (PJ) y Alejandro Abraham (Unidad Ciudadana) siguen su curso en las comisiones legislativas que los analizan. Ayer a la mañana le tocó el turno de manifestar su opinión a los municipios, organizaciones ambientalistas y algunas universidades que no alcanzaron a exponer la semana pasada.
Aunque en la lista figuraban 27 oradores, solamente asistieron dos intendentes -de Guaymallén y San Carlos- y representantes de otros cuatro municipios; otros departamentos enviaron un escrito. También expusieron la UTN, la UNCuyo y la Fundación Cullunche.
La opinión de los municipios es clave para determinar la posibilidad de éxito de la propuesta, ya que son los que autorizarán la instalación de las mineras en su territorio.
Por el momento, a favor de modificar la 7.772 se han manifestado Ciudad, Maipú, Guaymallén, Godoy Cruz y Malargüe. Este último es uno de los departamentos más interesados en reinstalar la minería en Mendoza. De hecho Agulles fue intendente del municipio sureño, reveló Los Andes.
“Hace unos años era imposible pensar en instalar un parque minero porque faltaba información. Pero hoy contamos con el inventario de glaciares, el plan de ordenamiento territorial y la modificación del pacto federal minero que garantizan un marco seguro de los lugares donde se puede hacer explotación minera”, dijo el impulsor de unos de los proyectos.
“La comuna ve con agrado la apertura a la modificación de la Ley 7.722 que fue promulgada en el 2007 y que tanto daño ha causado a las economías de la región.
Malargüe tiene particularidades geográficas que lo hacen distinto al resto de Cuyo, con características climáticas extremas para la agricultura. Entendemos que hemos perdido mucho tiempo y solo uno de cada 100 proyectos mineralógicos llega a su implementación. El ejemplo claro está en Potasio Colorado, que lleva más de 30 años y nunca se ha extraído una tonelada para su comercialización”, argumentó el secretario de Gobierno municipal, Carlos Vázquez.
En el mismo sentido habló el intendente de Guaymallén, Marcelino Iglesias: “La 7.722 es una ley mala. Tiene que darse el debate. No soy experto en minería pero hay principios básicos en la ciencia que indican que los cambios son lo permanente. Esta ley ha estigmatizado la actividad minera. Se ha trabajado con el miedo y una sociedad con estas consignas queda paralizada”.
“Estoy muy contento sinceramente porque el debate se da donde tiene que darse con todos los protagonistas”, agregó Iglesias.
Capital sumó otra voz a favor en el debate. “Muchas de las energías y tecnologías que utilizamos vienen del uso y de la reutilización de una gran cantidad de productos que provienen de la metalmecánica. Desde la Ciudad creemos que para poder avanzar tenemos que dar un debate hacia dónde queremos ir”, aseguró la presidenta del Concejo Deliberante, Beatriz Martínez.
También a favor pero con algunos reparos en cuanto a seguridad habló el representante de Maipú. “La misma tecnología que se utiliza en Australia y Canadá se puede implementar acá para poder llevar a cabo los controles necesarios. El recurso minero es del Estado, el poder de Policía lo tiene que tener el Estado, que es el primer responsable para que la actividad se realice bien. Nosotros consideramos que para hablar de este tema se deben dar las garantías necesarias”, dijo el director de Gestión Ambiental, Luis Lucero.
Godoy Cruz también dio el visto bueno a los proyectos pero a través de un escrito. "Hay que dejar de lado los ideologismos decadentes sostenidos por un supuesto progresismo ecológico y empezar a tomar medidas en serio que nos permitan hacer de nuestras ciudades lugares más sustentables. Este compromiso debe ser construido por los gobiernos, los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil", suscribió el intendente, Tadeo García Zalazar.
Desde una postura totalmente contraria a hacer modificaciones a la 7.722 se expresaron San Carlos y General Alvear.
“Cualquier actividad que pueda afectar el medio ambiente es inconstitucional. El derecho ambiental es de naturaleza protectorio. Vamos a dejar sentado el rechazo a cualquier intento de reforma de cualquier propuesta a la 7.722”, dijo el director de Gestión Ambiental de Alvear, Carlos Pía.
En tanto, el sancarlino Jorge Difonso repitió los fundamentos que esgrime desde hace años por la defensa del agua en el Valle de Uco: “. Mendoza podría ser Jáchal si no tuviera la 7.722. No prohíbe la actividad minera sino que la regula y establece controles mínimos”.
“Si ustedes no controlan, ¿quién lo va a hacer?”, increpó después a los senadores para cuestionar los proyectos que eliminan los controles de la Legislatura y los informes de impacto ambiental.
“Estamos a favor del desarrollo pero que sea sustentable y que genere empleo para las comunidades. Tenemos que estar orgullosos de una ley como la 7.722. No crean en espejos de colores”, cerró el intendente en medio de un aplauso generalizado del público que había ido a la reunión.
Durante toda la reunión se manifestaron en la Plaza San Martín (frente al salón del debate legislativo) ambientalistas y organizaciones sociales -en su mayoría del Valle de Uco-. Los autoconvocados alzaron banderas gritando “El agua de Mendoza no se negocia", mientras exponían los oradores frente a los senadores provinciales.
A la par, buscando el apoyo de quienes pasaban por ahí, los manifestantes sostenían carteles frente a los automovilistas cuando el semáforo se ponía en rojo y repartían folletos en las esquinas.
Sobre el final del encuentro denunciaron que no expuso la doctora en inmunología Roxana Bruno, que iba a hablar sobre las sustancias tóxicas, el monitoreo en el medio ambiente y su impacto en la salud.
En respuesta, Agulles aclaró que el turno de los especialistas es la semana que viene y, que por lo tanto, allí la científica tendrá un espacio para disertar.
