En la legislatura provincial continúa el debate respecto de los distintos proyectos que buscan introducir modificaciones en la ley aprobada en el 2007 y que prohibe el uso de sustancias químicas en los procesos mineros metalíferos. También se alzaron voces en contra por considerar que experiencias como la de San Juan se elocuentes y que el pueblo de Mendoza "ya se expresó en su momento".
La discusión por la modificación de la ley 7722 sigue sumando voces a favor y en contra. Hoy, en el salón Ricardo Rojas del Anexo Legislativo, se realizó una nueva reunión entre las Comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) con Ambiente, Cambio Climático, Riesgo de Desastres, Asuntos Territoriales y Vivienda con Hidrocarburo, Minería y Energía.
Los legisladores escucharon el análisis y el aporte de referentes de distintas entidades y organizaciones políticas y sociales de la provincia, entre ellas cámaras, sindicatos, centrales obreras, asambleas del agua y sociedades rurales, informo MdzOnline.
Jorge Teves, senador provincial (UCR): “Nosotros comenzamos el debate de dos iniciativas una autoría de Juan Antonio Agulles y la otra de Alejandro Abraham. En esta convocatoria escucharemos las voces de distintas Cámaras empresarias, luego también a distintas organizaciones gremiales. Continuaremos el jueves que viene con el ámbito académico y de la organizaciones civiles”.
Marcelo Bargazzi presidente de la delegación Mendoza de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC): “Cuando fue el proyecto de Potasio Río Colorado nuestras empresas participaron en la iniciativa, vieron trunca sus posibilidades de seguir desarrollando actividad en la zona. La construcción es un motor importante de generación de empleo. Estamos a favor de una minería responsable. Desde nuestra entidad lo vemos positivo que se pueda hablar de estos temas”, comentó.
Juan Carlos Ortiz, secretario General de la Seccional Mendoza de AOMA: “Nosotros tenemos que darle trabajo a los mendocinos. Celebro y apoyo las propuestas de los senadores Alejandro Abraham y Juan Antonio Agulles. Es momento para discutir, debatir y si no fuera por esas leyes la actividad seguiría postergada. Somos trabajadores y conocemos como se cuida el medio ambiente, la higiene y seguridad”.
Miguel Ponce, representante de la UOCRA: “Creemos que si se pueden aprobar estas propuestas los empleados tendrán mejores salarios. Hay muchos compañeros que hoy en día no tienen la posibilidad de llegar a un trabajo decente, por eso es necesario que se pueda debatir por el bien la Provincia. Genera inclusión sin lugar a dudas”.
Raquel Blas, secretaria general de la CTA Mendoza: “Las riquezas que produce la minería que se la vayan a contar a otro. Para ejemplos podríamos ver lo que ocurrió en San Juan. Mendoza en su momento tuvo un debate, es mentira que no fueron escuchadas todas las voces. El pueblo mendocino no ha dado licencia social a los emprendimientos mineros. La 7722 fue gestada con la lucha del pueblo de Mendoza”.
Soledad Sosa, ex diputada nacional: "Lo que ocurrió con el cierre de la mina Potasio Río Colorado no tuvo que ver con la ley 7722. Sucedió por las especulaciones financieras de esta empresa y de un Estado Nacional y Provincial que abandonó a los trabajadores. Nosotros defendemos el derecho al trabajo y acá lo están mandando al muere”.
Mario Leiva, titular de la Sociedad Rural del Valle de Uco: “La ley 7722 no es anti minera, sino que es ambiental. No estamos de acuerdo con ese método ambiental que usa elementos tóxicos”.
Senadores del mismo bloque de los justicialistas Alejandro Abraham y Juan Antonio Agülles le recordaron a la Administración provincial que el titular del Departamento General de Irrigación, Sergio Marinelli, expresó públicamente que el escaso caudal hídrico con que cuenta Mendoza no alcanza para que se desarrolle proyecto minero alguno. Un aspecto que también tendría amplio alcance en el procedimiento del fracking para extraer petróleo y gas no convencionales.
Los dos puntos que con mayor osadía enfrenta el gobierno de Alfredo Cornejo tuvieron un parate oficial, desde el lugar menos pensado y con uno de los hombres clave para alcanzar los primeros objetivos que el Frente Cambia Mendoza se puso en el inicio de la gestión. Metas para nada fáciles, como transformar el deficitario transporte público, doblar el blindado brazo gremial estatal que dominaba el escenario de la EPTM y proyectar una nueva legislación al respecto, según El Ciudadano.
Pero Marinelli se transformó en el defensor con el que la provincia enfrentó las primeras arremetidas del entonces ministro de Energía Juan José Aranguren y sus tarifazos con el gas. Además, el funcionario jugó un papel trascendente en la eficientización que la actual Administración le dio a las empresas que prestan servicios de energía, agua y cloacas.
Marinelli volvía en 2015 de su San Rafael natal tras un impás de ocho años, cuando dejó la cartera de Gobierno durante el gobierno de Julio Cobos. Como cualquier dirigente de base trabajó a destajo para que el radicalismo, esta vez integrante de un frente con otros partidos, vuelva a gobernar la provincia. Tras el contundente triunfo electoral, supo que integraría el Gabinete con tareas de mucho trabajo, tensión y desgaste. Consciente que se le iba la vida política ante las firmes e innegociables posturas de quien le solicitaba todo lo que hizo, Alfredo Cornejo.
Recalar en el Departamento General de Irrigación fue el reconocimiento de haber cumplido ampliamente todo lo que se le pidió en los dos primeros años del gobierno del Frente Cambia Mendoza. Pero también se creyó que allí continuaría con su obediencia debida política. Evidentemente alguien subestimó demasiado al hombre que asumió el gobierno del agua. Alguien que no vio que el flamante superintendente tomaría con mucha responsabilidad y sin presión alguna un tema que es grave para la provincia, como la histórica disminución del agua.
Para Marinelli, la sequía se instaló definitivamente entre los mendocinos y el escaso recurso hídrico debe ser dosificado de manera tal que la prioridad sea la gente y luego la producción agro ganadera. A esta última le ha aplicado nuevos parámetros para utilizar el riego, sin pérdida de una sola gota ni derroche alguno. Mecanismos concisos que se amolden a la dura realidad con la que se tendrá que comenzar a convivir.
Todo esto no podía ser de otra manera; los seis ríos principales de la provincia tienen un contundente pronóstico: “otro año hídrico de seco”. El muestreo que recibió Marinelli de los técnicos de Irrigación, visualizó la gravedad de lo que se está hablando. Un río Mendoza que, con una media histórica que estuvo alguna vez en más de los 1.400 hm3, hoy el pronóstico dice que no superaría los 820 hm3 Una drástica realidad que se repite con los otros ríos, incluido el Grande en el sur provincial, que en su momento arrojó una media histórica de más de 3.300 hm3 y hoy tiene un pronóstico de 1.700 hm3
Ante este panorama, Marinelli es absolutamente consciente de que no puede haber lugar para la más mínima especulación o maniobra política. Que la situación del agua en Mendoza es muy grave, un aspecto que lo ha llevado a expresarse con firmeza y de igual modo a mantener posturas inflexibles.
Él no lo ha hecho y se ha manifestado con total claridad: “el recurso del agua es escaso y no hay volumen para la minería u otras actividades que no sean las especificadas por el Departamento General de Irrigación.
Un mensaje claro y tan fuerte que retumbó en forma inesperada entre las paredes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, donde deberán comprender que al frente de Irrigación no está un militante todo terreno sino el responsable del gobierno del agua, razón de existencia del territorio mendocino.
