Tal como denunció en sus artículos en The Washington Post el asesinado Jamal Khashoggi . Pero el 2017 fue además el año en que la justicia saudí aplicó 146 condenas a muerte, tan solo 12 menos que en el 2015, año en que se batió un récord porque en el anterior, 2014, fueron sólo 87, según datos de Amnistía Internacional.

De esas 146 ejecuciones, 59 correspondían a delitos relacionados con tráfico de drogas (entre los ejecutados abundan yemeníes y paquistaníes) y 40 del total, a crímenes no violentos. Cuatro individuos fueron condenados por “terrorismo”. En realidad, por participar en protestas contra el gobierno en Damam, capital de la Provincia Oriental entre el 2011 y el 2012, es decir, en la época de las primaveras árabes. Esta provincia es donde se concentra la minoría chií de Arabia Saudí, considerada apóstata por el wahabismo imperante en el país. El líder de las movilizaciones, el clérigo chií Nimr al Nimr, fue ejecutado en enero del 2016.con otras 46 personas, todas el mismo día.

Dos líderes religiosos y un economista, todos ellos próximos a Jamal Khashogi, están en la cárcel

La familia de uno de esos cuatro ejecutados, Yusuf Ali al Mushaijas, padre de dos hijos, no supo de la ejecución hasta después, cuando la vio anunciada en televisión. El tribunal se había basado en confesiones obtenidas bajo tortura.

Así lo señala un informe sobre los derechos humanos en Arabia Saudí en el 2017 perteneciente a una organización llamada ALQST radicada en Londres, las identidades de cuyos miembros permanecen secretas salvo la de su director, Yahya Assiri. ALQSTpudo confirmar, por las mismas fechas de la desaparición de Khashoggi, la detención del economista Essam al Zamil al cabo de un año de que se produjera.

Al Zamil había criticado los planes de Mohamed bin Salman de sacar a bolsa un 5% de la compañía estatal del petróleo, Aramco , pero fue acusado de terrorismo y de suministrar información a diplomáticos extranjeros. Una semana antes, había formado parte de una delegación oficial desplazada a Washington.

Aquel mismo mes de septiembre era detenido y encarcelado un importante líder religioso de carácter reformista, Salman al Ouda, por el mero hecho de haber tuiteado su deseo de que “Dios ponga armonía entre los corazones por el bien de la gente”, refiriéndose a la crisis entre Arabia Saudí y Qatar. Al Ouda, que tenía 14 millones de seguidores en Twitter, afronta ahora una posible condena a muerte, según ha denunciado Human Rights Watch. No es la primera vez que este intelectual islamista era detenido, ni mucho menos, como tampoco Safar al Hauali, en precario estado de salud y que fue arrestado junto a tres de sus hijos.

La organización saudí ALQST denuncia desde Londres que ni siquiera se cumple la ley islámica y los jueces, sólo responsables ante el rey, hacen lo que quieren

Pero todo esto es solo una parte de la historia reciente de la represión en Arabia Saudí. El informe de ALQST detalla el funcionamiento de la justicia en el país, que se puede resumir en lo siguiente:

-Los jueces no son independientes ni del Ministerio del Interior ni del rey, que tiene el control absoluto de la judicatura (lo cual es lo mismo que decir que una familia, la casa de los Saud, es quien aplica justicia sobre todo el resto de la población).

-El fiscal general también depende del rey.

-No se aplica la sharía, la ley islámica, y en particular el principio de compensación por el crimen cometido al que tiene derecho el acusado, sino que los jueces actúan a su libre discreción.

-Arabia Saudí no reconoce la Convención contra la tortura de Naciones Unidas.

-La llamada Sociedad Nacional para los Derechos Humanos depende del Ministerio de Asuntos Sociales, luego del Gobierno...

Torturas, cárcel  y ejecuciones

Los errores y omisiones, acusaciones faltas de pruebas y confesiones obtenidas bajo tortura son habituales, dice el informe, que recoge, por ejemplo, el caso de Said al Saiari, ejecutado el 13 de septiembre del 2017 por el asesinato de Faraj Mohamed. En el juicio, en el 2013, no se presentaron pruebas suficientes, pero “al dictar su fallo, el tribunal se basó en las declaraciones juradas de la víctima, quien a pesar de no haber estado presente creía que Al Saiari era culpable”.

ALQST llama la atención también sobre las condiciones en las cárceles saudíes, atestadas de presos, que a veces tienen que dormir en los retretes, pero lo más grave es su descripción de los centros de internamiento para chicas y mujeres menores de 30 años que han cometido algún delito o han sido víctimas de abusos, tanto da... Pertenecen al Ministerio de Asuntos Sociales y en teoría se trata de centros de protección. Sin embargo:

“Funcionan como una prisión en que las detenidas, muchas de ellas víctimas de violencia, no tienen libertad de movimientos. En lugar de castigar a los perpetradores de actos de violencia, estas jóvenes son encarceladas con el pretexto de protegerlas, y se les niegan sus derechos básicos. No pueden dejar el centro-prisión hasta que su guardián masculino (padre, marido o hermano), que puede ser la misma persona que la apalizaba, acceda a hacerse cargo de ella. Una mujer puede permanecer en esas casas hasta el día de su muerte, o los responsables del centro puede casarla con un hombre que ellos mismos elijan”.

Hay malos tratos, malnutrición, humillaciones... Según señala el informe, suelen darse a menudo intentos de suicidio, calificados al menos por una directora de un centro de “ganas de llamar la atención”.

En enero del presente año, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y expertos de Naciones Unidas denunciaron las violaciones de los derechos humanos en Arabia Saudí, a raíz de la ola de detenciones en los meses anteriores.

No hicieron mención de esta historia interior de las cárceles saudíes, pero sí al menos recordaron que el país es miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, algo que logró gracias a un pacto con el gobierno británico por el cual -y con mucho dinero de por medio– ambos países se apoyaron mutuamente en sus candidaturas a este organismo.