El gobernador Alfredo Cornejo aprovechó el encuentro con la prensa para dejar en claro que el Ejecutivo provincial no está "fomentando" ninguno de los proyectos de Ley orientados a, sino derogar, al menos sí cambiar buena parte del articulado de la conocida Ley "antiminera" que rige desde 2.007 en nuestra provincia y cuyo debate arrancará mañana en comisiones del Senado. No obstante, garantizó que el oficialismo no entorpecerá la discusión.

El gobernador Alfredo Cornejo dejó ver que quiere que se discuta la reforma de la Ley "antiminera" 7.722 pero aclaró que los proyectos orientados a ello no fueron impulsados por su Gobierno. "No es un proyecto que fomente el Ejecutivo, pero tampoco se va a obstaculizar su tratamiento", sentó el Jefe del Ejecutivo a horas de que arranque el debate de dos iniciativas en tal sentido en comisiones del Senado.

Tras abrir el XXIV Seminario Nacional de Tesorerías Generales que se realiza en la Ciudad de Mendoza, Cornejo fue consultado por un tema que desde hace un par de meses se ha vuelto a poner en la agenda pública: la reforma de la Ley provincial 7.722 que prohíbe el uso de sustancias químicas tóxicas como cianuro, mercurio y demás, para el desarrollo de la minería metalífera en Mendoza.

Tomando en cuenta que los senadores justicialistas Juan Antonio Agulles (PJ) y Alejandro Abraham (Unidad Ciudadana) han impulsado dos iniciativas que tienden, por distintas vías, a habilitar el desarrollo de la actividad minera en la provincia, y que mañana comenzará su debate parlamentario en las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales y de Hidrocarburo, Minería y Energía, Cornejo remarcó que si bien su Gobierno no "fomenta" tal reforma de la 7.722, tampoco "obstaculizará" su tratamiento.

"No es una iniciativa del gobierno pero van a tener el mismo recorrido que han tenido otros proyectos. Creemos que si tienen licencia política y social avanzarán. Creemos que debe hablar el sector privado, los sindicatos y que debe pasar por las distintas comisiones, que tienen que hablar también los que están en contra y fomentaron la Ley hace 11 años atrás; y con posterioridad participará el Gobierno con sus funcionarios de Ambiente y Energía", deslizó Cornejo.

"Una vez que se delibere y si hay una adecuada licencia social para la actividad y una adecuada licencia política se aprobará; sino, no", agregó al tiempo que, por si cabe lugar a dudas, repitió: "No es un proyecto que fomente el Ejecutivo pero tampoco se va a obstaculizar su tratamiento".

En esa línea, trató de bajar la espuma y dirigiéndose a la consabida resistencia de los ambientalistas que ya están en alerta, Cornejo dijo: "Un cambio de esta envergadura requiere un profundo debate canalizado en esas comisiones y no en cortes de ruta; un debate que se dé sin violencia y escuchándonos porque hay muy buenas razones para cambiar y muy buenas razones para oponerse", cerró.

POR JORGE DIFONSO

El senador Alejandro Abraham (PJ) presentó un proyecto para modificar la ley 7.722. Esta ley surgió de un gran debate en 2007. En ese año yo cumplía la función de senador provincial, y en la discusión de esa norma participaron organismos técnicos, universidades, cámaras empresariales, asociaciones civiles, productores, vecinos autoconvocados y sindicatos. 

Fueron varios meses de trabajo de los cuales resultó una ley que se puso a la vanguardia de la legislación sobre el cuidado del ambiente en la Argentina. En la región cuyana había una onda expansiva de la minería metalífera que surgía de la provincia de San Juan, de su gobernador José Luis Gioja y la empresa multinacional Barrick Gold. 

Cuando se dio la discusión en Mendoza, exponíamos ejemplos de otras latitudes respecto de los accidentes ambientales ocasionados por la minería metalífera. En África y en América sobraban ejemplos de contaminación con la utilización de químicos de la minería. 

Lamentablemente, hoy, 11 años luego de la sanción de la ley 7.722, tenemos ejemplos cercanos de como los reiterados episodios de derrame de cianuro complicaron el agua en la localidad de Jáchal, San Juan.

En este punto estamos en condiciones de afirmar que si en Mendoza no hubiéramos tenido la 7.722 habríamos estado expuestos a que nos ocurriera lo mismo que en Jáchal, con el consiguiente compromiso para nuestra agua, tanto de consumo humano como de riego para la producción de alimentos.

Nos pusimos a la vanguardia del cuidado del ambiente en todo el país, recibimos invitaciones para asistir a San Luis, Córdoba, La Rioja (Famatina), Ciudad de Buenos Aires y Rosario. Expusimos sobre nuestra ley y varios de esos lugares sancionaron leyes provinciales u ordenanzas municipales que contienen los mismos principios y regulaciones. 

Los mendocinos debemos estar orgullosos de contar con esta ley que cuida el ambiente, que es complementaria de nuestra ley de aguas (reconocida en la jurisprudencia y legislación comparada nacional) y que apuesta al desarrollo sustentable, que genera empleo genuino y no es pan para hoy y hambre para mañana.

En el plano económico, se intenta justificar la minería hablando de grandes ingresos económicos para los Estados que desarrollen la actividad, fundamento que objetivamente fue destruido al comprobar que en esos lugares solo hubo espejitos de colores con el fin de instalar el saqueo de los recursos naturales y la contaminación, en algunos casos irreparable.

Entonces, cuando vemos ahora un proyecto de ley que la quiere modificar, nos preocupamos. Cabe recordar que inmediatamente después de ser aprobada, la 7.722 recibió más de diez pedidos de inconstitucionalidad por parte de distintas empresas y organismos estatales ante la Suprema Corte de Mendoza, que luego de ocho años de estudio y en un fallo plenario y por unanimidad declaró la plena vigencia y constitucionalidad de la Ley 7.722. Entonces, lo que no lograron por la vía judicial ahora lo intentan por la vía política, en la Legislatura. Tratan de eliminar controles.

El artículo 1º de la ley establece dos tipos de prohibiciones. Una específica (respecto del uso del cianuro, mercurio y ácido sulfúrico) y otra genérica, que surgió por recomendación de los técnicos que hablaron en las comisiones del Senado, que señala "otras sustancias" que surgen de la combinación y que pudieran resultar contaminantes para el ambiente. El proyecto de reforma elimina la prohibición genérica abriendo la posibilidad de utilizar materiales hoy prohibidos en defensa del agua. 

Otro aspecto establecido en la 7.722 que pretende ser modificado es la ratificación legislativa de la Declaración de Impacto Ambiental. Esto elimina al Poder Legislativo de Mendoza (donde están representadas todas las fuerzas de control, inclusive las minoritarias) del proceso de admisión de los proyectos mineros metalíferos y los deja a merced solo de una resolución de un organismo administrativo.

Está claro que la 7.722 no prohíbe la minería sino que la regula, la controla. Y hoy con una movida política se pretende eliminar controles a favor de empresas multinacionales. 

En materia ambiental rigen los principios de congruencia y de progresividad, que establecen que los controles a las distintas actividades pueden aumentarse pero no eliminarse o restringirse. Esto no lo han tenido en cuenta los autores del proyecto y haría pasible de inconstitucionalidad esta modificación legal. Hay actividades que deben ser reguladas y controladas por el Estado, ya que pueden generar consecuencias irremediables para la salud o el desarrollo de la población.

En el Valle de Uco, en San Rafael, en General Alvear, así como en otros oasis productivos de la provincia nos preocupa el agua tanto para consumo humano como para riego agrícola y producción de alimentos. En el Gran Mendoza también la población debe preocuparse por cuidar el agua, que es escasa. Allí han tenido problemas con el suministro de agua potable durante varios días en los últimos veranos. Mientras Irrigación está impulsando medidas concretas para manejar la crisis hídrica, el desarrollo de la actividad minera metalífera promete ocupar millones de litros de agua. ¿Está Mendoza en condiciones de aportar esos millones de litros de agua a la minería en el medio de la sequía por la que atraviesa?

La discusión de fondo es qué tipo de desarrollo queremos. Creo profundamente que Mendoza debe tener un desarrollo sustentable, que genere empleo y que asegure el correcto uso de los recursos, principalmente el agua, de forma tal que contenga a las generaciones futuras. No podemos apostar a explotar todo ahora a costa de cualquier cosa, sin controles, y que no quede nada a las generaciones futuras. Para que los mendocinos del mañana no acusen a sus antecesores, no solo de que administraron mal, sino también de que contaminaron todo. Tenemos ejemplos concretos de que el Estado tiene muchos problemas con los controles, algunos obvios, inclusive en actividades menos riesgosas que la manipulación de químicos como el cianuro en grandes escalas y donde las consecuencias pueden ser irremediables.

Seguramente en el futuro existirán nuevas metodologías y técnicas de extracción, para lo cual las empresas deberán invertir más de lo que lo hacen hoy, y se podrá controlar mejor la extracción de minerales metalíferos.

Tres años después de la aprobación de la 7.722, el Parlamento Europeo dictó una resolución en contra de la utilización del cianuro en la minería. ¿Alguien se imagina esta discusión para hacer minería con cianuro en los Alpes suizos? Seguramente no; sería incompatible con su esquema de desarrollo económico (principalmente el turismo). ¿Y por qué sí estamos discutiéndolo en los países en vías de desarrollo? ¿Será porque tenemos debilidad institucional? ¿Será porque acá se controla menos?

En Mendoza debemos asegurarle a la población, que ha crecido, el derecho humano de acceso al agua. Tenemos muchos motivos y fundamentos para defender, cuidar y respetar la ley 7.722. Es la posición de toda una región.

* Intendente Municipal de San Carlos