Solamente dos empresas han iniciado el proceso de precalificación y otras cuatro fueron autorizadas para pagar la inscripción a la ronda 3.3, que ofrece nueve campos de yacimientos no convencionales en Tamaulipas, donde es necesario utilizar el fracking para extraer hidrocarburo.
Petróleos Mexicanos (Pemex) y la estadounidense Southerngeo México son las que han apostado fuerte por los nueve bloques tamaulipecos.
Las filiales de las holandesas Shell y Trafigura, la mexicana Tonalli Energía y la argentina Tecpetrol Internacional se interesan reservadamente al primer concurso de este tipo en México.
De las once rondas lanzadas por la Comisión Nacional de Hidrocaburos (CNH), la 3.3 es la que menos interés ha causado. En licitaciones anteriores participaron entre 23 y 84 empresas. El concurso oferta en total cinco campos en Burgos, dos en Méndez, uno en San Fernando y otro en Cruillas. La subaste fue lanzada en marzo de este año y su resolución fue postergada al 19 de febrero de 2019. Las bases estipulan concesiones por 30 años.
Sin embargo, el proceso licitatorio ha sido sacudido por el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, quien afirmó el pasado 5 de octubre que su administración cancelará el uso del fracking o fractura hidráulica.
De concretarse sus dichos, la ronda 3.3 sería eliminada. La Secretaría de Energía (Sener) estimó, con los alcances máximos de la subasta energética, inversión de hasta US$ 2.300 millones y la creación de 23 mil nuevos empleos.
La prohibición del fracking o la fractura hidráulica en México reduciría el impacto económico en Tamaulipas a los yacimientos convencionales, precisó Expreso Press
Tras la declaración de López Obrador que cuestionó el fracking, éste se ha convertido en un eje de debate nacional en el que participan ciudadanos que viven cerca de zonas con yacimientos potenciales, expertos en medio ambiente, energéticos y economistas. Los argumentos en contraposición son los impactos socio-ambientales y la necesidad de que México ya no compre gas a Estados Unidos de América.
Los efectos de la fractura hidráulica, señala la Alianza Mexicana contra el Fracking, son carencia de agua, debido a que cada pozo necesita entre 9 y 29 millones de litros de agua para perforar; contaminación de mantos acuíferos, por los químicos que utilizan y son desechados; emisiones de gases, calentamiento global y genera nuevas zonas sísmicas. En Francia, Bulgaria, Alemania, Reino Unido, España, Suiza, entre otros países, está prohibido este método extractivo.
En México ya hay 18 pozos hechos mediante la fractura hidráulica, de acuerdo con un informe de la CNH publicado en noviembre de 2016. Cinco pozos de gas seco y aceite están en Tamaulipas; Nuncio 1, Mosquete 1 y Céfito 1 están Burgos y Anhélido 1 y Serbal 1 en Cruillas. Además hay trece pozos más ubicados 7 en Coahuila y 6 en Nuevo León,
Las principales zonas petroleras con yacimientos no convencionales son la Cuenca de Burgos, en Tamaulipas y Nuevo León; Sabinas y Burro-Picachos, extendida entre Nuevo León y Coahuila; Tampico-Misantla, en Tamaulipas y Veracruz; y Veracruz, en la entidad citada.
El pasado 3 de octubre, representantes de comunidades y organizaciones de Argentina, México y Colombia expusieron los impactos actuales y potenciales sobre los derechos humanos y el ambiente, que genera la fractura hidráulica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“El número de organizaciones que respalda esta solicitud (126 de once países de América Latina) da cuenta de la preocupación que esta técnica genera”, apuntó la relatora especial de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, Soledad García Muñoz. La documentación de los impactos y casos mostrados en la audiencia servirán para elaborar la agenda de empresas y derechos humanos y el estándar interamericano que se impulsa en dicha materia.
“La demanda de agua para esta actividad compite con el uso de agua para el consumo humano, y la contaminación que produce en aguas, suelos y aire, afecta gravemente el disfrute del derecho al medio ambiente sano y compromete el goce efectivo de otros derechos como la vida digna, la integridad personal, la salud, la alimentación, el agua y la vivienda adecuada”, expuso Liliana Ávila, abogada sénior de la Asociación Interamericana de Derecho Ambiental (AIDA), durante la audiencia.
En México cuestionado sobre la declaración de López Obrador, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, comentó: “… es una mala noticia para el abastecimiento de gas, 80 por ciento de lo que consumimos lo importamos y tenemos que empezar a producir más gas y con precios competitivos como Texas, de donde viene el 60 por ciento de lo que consumimos y es extraído por medio del fracking”.
