El secretario de Energía, Javier Iguacel, defendió la aplicación de 24 cuotas en las boletas de gas para compensar los efectos de la devaluación entre abril y septiembre. Sin embargo, anticipó que las empresas deberán hacerse cargo de los litigios judiciales que se avecinan por esa resolución.
"Van a tener que ser los productores (los que se defiendan en la Justicia)", expresó. "Son ellos los que quieren cobrar", señaló Iguacel en una conferencia de prensa.
"Lo que no voy a hacer es apelar alguna medida a favor de las empresas. Si la Justicia resuelve que no se debe pagar, así quedará. Para eso está. Se debe resolver ahí. Nuestra intención fue mejorar la situación general con foco en el usuario, no al revés", especificó ante Clarín.
El funcionario estimó que el monto extra que deberán pagar los usuarios se ubicará entre $90 y $100 mensuales en promedio. Ese monto adicional se pagará durante 24 meses desde enero de 2019 y tendrá un interés regido por la tasa pasiva del Banco Nación que es la más baja del mercado, según dijo el funcionario. A principios de octubre era cercana al 20 por ciento anual, precisó Clarín
"Hay que cumplir con los contratos. Las productoras tienen que recibir una compensación (por lo que no cobraron) dentro del siguiente semestre (entre octubre de 2018 y marzo de 2019 incluido). Lo que logramos es que esa compensación se cobre en 24 meses, en lugar de seis", especificó el secretario en su defensa de la medida. "El contrato preveía que se paguen las diferencias diarias conforme la reglamentación vigente: cargando todo lo acumulado del invierno a la tarifa del verano", explicó Iguacel
El fiscal federal Guillermo Marijuan denunció penalmente al secretario de Energía, Javier Iguacel, por la resolución en la que dispuso una compensación para las distribuidoras de gas en virtud de la devaluación del peso argentino con respecto al dólar.
En el escrito de denuncia al que accedió Infobae, el titular del Ministerio Público Fiscal solicitó además que se dicte una medida cautelar para suspender los aumentos.
Marijuan considera que el funcionario es "prima facie" autor del delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, previsto en el artículo 248 del Código Penal.
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"Si bien se justifica la aplicación de la medida con el fin de compensar a las prestadoras del servicio de distribución, como consecuencia de la variación del tipo de cambio, la resolución cuestionada provoca un perjuicio al patrimonio de los consumidores", argumentó el fiscal.
En diálogo con radio La Red, el funcionario judicial precisó que la resolución alcanza a períodos que ya fueron pagados por los usuarios y si se habilitara una suerte de compensación sobre períodos ya transcurridos se alteraría el principal efecto jurídico que tiene la cancelación de obligaciones.
Tras el sorteo de la Cámara Federal, el caso recayó bajo la órbita de la magistrada María Servini, quien deberá analizar si le da impulso o no a la instrucción
A través de la calculadora desarrollada por CEPA (Centro de Economía Política) tomamos 2 ejemplos de cuanto deberán pagar en 24 cuotas hogares de la Capital Federal y la Provincia de Buenos Aires.
Para el caso I de la provincia de Buenos Aires sobre un consumo constante de 150 m3 de Mayo a Septiembre el recargo va evolucionando por mes al ritmo del tipo de cambio del período pasando de Mayo de $ 131,30 a Septiembre en $ 641,55 sumando un total de $ 1639,10. Ese total dividido 24 cuotas da como resultado una cuota mensual de $ 98,88, reseñó Ámbito
Para el caso II de la Ciudad de Buenos Aires sobre un consumo variable de 200 a 150 m3 de Mayo a Septiembre el recargo va evolucionando por mes al ritmo del tipo de cambio del período pasando de Mayo de $ 175 a Septiembre en $ 641,55 sumando un total de $ 1853,15. Ese total dividido 24 cuotas da como resultado una cuota mensual de $ 111,79.
El mismo Informe del CEPA muestra que en términos comparativos un hogar que pagaba en 2015 el ridículo precio de una Pizza de $ 150, paso a pagar el precio del servicio de cable hasta junio de 2018 por $ 1942 a una cena gourmet para dos a partir de Julio de 2018 por $ 2921. El esfuerzo realizado por los usuarios los años anteriores se lo fue devorando la devaluación para un servicio como es el gas con costos dolarizados.
En este volver a empezar de nuevo los usuarios arrancan en un peor escenario donde los salarios se cobran en pesos y perdieron poder adquisitivo frente a la inflación y a la devaluación. Para el caso de la Industria y el Comercio con caída de la actividad económica y el consumo este costo adicional encuentra una nueva excusa para erosionar su rentabilidad por que le es difícil derivar el aumento a precio.
Una ley vigente desde el menemismo ampara la decisión oficial. El Gobierno dice que si no lo hacían, podían recibir juicios. En promedio se pagará $90 extra, según Iguacel.
Según el Gobierno, sí lo es. Se apoyan en el marco regulatorio de la provisión del gas que se rige por la ley 24.076, denominada la ley del gas. Esa norma entró en vigencia durante la presidencia de Carlos Menem, en 1992. El kirchnerismo la omitió durante sus mandatos, aunque la admitió en una renegociación de 2006 que tampoco implementó por completo. El presidente, Mauricio Macri, decidió restablecer los marcos regulatorios para ordenar el sector.
En el sector está vigente un régimen de "pass through". Las distribuidoras compran gas en dólares y se lo venden a los clientes en pesos. El precio del gas está fijado en dólares en la Argentina y en todo el mundo. Cuando las distribuidoras fijaron sus tarifas -para poder pagar ese gas-, lo hicieron con un dólar a menos de $ 20. Pero, cuando tuvieron que pagarlo, el dólar estaba entre $ 28 y $ 38. Eso originó una deuda de las distribuidoras con las productoras. Las distribuidoras notificaron al ente regulador (Enargas) de esta situación, una vez que habían consumido el 50% del gas correspondiente al invierno.
La secretaría de Energía podría haber desconocido la deuda que se generó entre distribuidoras y productoras, pero quedaba expuesto a un juicio millonario, que probablemente perdería, y desalentaría inversiones en el sector. La otra opción era emitir un bono de deuda pública, algo no bien visto por el Fondo Monetario Internacional.
El Gobierno informó que los clientes pagarán en 24 cuotas con intereses que serán los fijados por la tasa pasiva del Banco Nación, que es la más baja del mercado. Los detalles finos se conocerán con la reglamentación. De todas maneras, en medio del escándalo, el ministro de Energía, Javier Iguacel, dijo que serán de entre 90 y 100 pesos en promedio. Hasta aquí, los hogares venían pagando distintos precios por el gas que consumen. Los sectores más adinerados (R3-4) desembolsaron un precio más cercano al real -el correspondiente a dólares por el tipo de cambio del momento- que los segmentos R1-R2, cuya tarifa era más baja.”
Las distribuidoras le informarán al Enargas el total de gas que le pidieron a las productoras -para entregar a comercios y hogares- entre abril y septiembre. Después, explicarán lo que pagaron por ese gas, y lo que deberían haber abonado porque el precio de sus contratos estaba en dólares, que debían cambiarse a pesos por el tipo de cambio del Banco Nación de esas fechas. Allí surgirá una diferencia, que en el sector estiman en $ 10.000 millones. La deuda de cada distribuidora es diferente y se dividirá por la cantidad de metros cúbicos que pidieron y no pagaron.
El gas importado representa un tercio del consumo en invierno. Pero de eso se encarga la estatal ex Enarsa. Esa firma ya requirió más fondos públicos de los que estaban previstos en el presupuesto. El principal problema a resolver es la deuda que dicen tener los productores locales de gas.
No. El principal componente de las facturas de luz es el costo monómico por generación. Ese costo se calcula en pesos. Si bien tiene un alto componente dolarizado -porque se utiliza gas, que está en moneda extranjera, aunque también al cambio oficial-, todo se estima en pesos. Las distribuidoras tampoco pudieron afrontar la suba del costo monómico por varios meses, pero la estatal Cammesa se encargó de cubrirlo, también requiriendo más auxilio de fondos públicos.
