La reaparición de los debates sociales sobre el tema de la minería, ha vuelto a desempolvar pasiones.

La minería es una actividad económica legal que puede ser ejercida dentro del marco de las leyes y reglamentaciones. Si bien es cierto que un fallo plenario de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza reconoció el derecho del Estado a legislar, en ocasión de atender un reclamo por la ley 7722, también es cierto que la Constitución Nacional establece, como principio general, que las leyes que reglamentan el ejercicio de los derechos no pueden ser tan restrictivas que hagan imposible el ejercicio del mismo.

No obstante la ley 7722 tiene una norma controvertida que un nuevo proyecto del legislador Alejandro Abraham propone reemplazar: el que establece que la Legislatura debe aprobar la manifestación de impacto ambiental. En uso de estas atribuciones, el cuerpo legislativo rechazó la manifestación de un proyecto que no utilizaba los químicos prohibidos por la ley, llenando de argumentos que tenían más de manifestación política que de acto administrativo.

Abraham plantea la revisión de la ley a luz de la necesidad de incorporar nuevas actividades económicas en la provincia y es razonable pensar que hay que revisar todas las actividades desde el punto de vista de la protección ambiental. 

Mendoza tiene que incorporar el concepto de la sustentabilidad integral (ambiental, económica y humana) no solo en la minería sino en la totalidad de las actividades económicas que se desarrollan en la provincia, sin olvidar que en nuestro territorio viven 2 millones de personas que necesitan trabajar.  

En realidad, lo que surge claro es que hay miedo y se la ha llenado de miedo a la población con el objeto de prohibir la actividad en nombre del cuidado del agua.Y este tema del miedo, sobre todo, está referido a la desconfianza que los ciudadanos tienen acerca de que la provincia no cumpla debidamente con su rol de control y poder de policía ambiental. Los mismos intendentes descreen del Ejecutivo porque no sería la primera vez que intereses políticos relajan normas para favorecer a empresarios.

Por esto es muy importante revisar la normativa para evitar intereses políticos en algo tan sensible y hacerlo como política de Estado. La revisión legislativa de una manifestación de impacto ambiental es una forma de introducir intereses políticos que deben ser ajenos y para ello es menester crear organismos técnicos que tengan un nivel de control y supervisión de carácter técnico.

Una parte, naturalmente, la ejerce la Fiscalía de Estado, en su carácter de ombudsman (Defensor del Pueblo) ambiental. Pero también hay que prever organismos de control efectivo y para esto habría que pensar en la posibilidad de crear una Policía Ambiental Minera (PAM), a efectos de controlar el cumplimiento no solo de la ley sino de las buenas prácticas de seguridad ambiental que tanto mineras como petroleras deben cumplir para mitigar los posibles riesgos y daños sobre el ambiente, los recursos hídricos, los seres humanos, la zona cultivada y la flora autóctona.

Esta Policía debería contar con efectivos entrenados debidamente e imbuidos de una mística similar a aquella con la que se forman guardaparques que custodian tanto parques provinciales como nacionales. Nadie duda de la honorabilidad, el compromiso y la mística que mueve a hombres y mujeres que ejercen esta tarea fundamental para evitar atropellos sobe nuestras reservas naturales.

El ambiente es el hábitat natural en que tienen que convivir en forma armónica las personas y las actividades económicas, partiendo de la base de la limitación hídrica que nos transforma en un desierto como una realidad con la que tenemos que convivir. La experiencia muestra que el daño ambiental y el cambio climático provienen de una ántropo génesis, es decir, por la acción humana y esto ocurre en todas las áreas.

Sería deseable darse un cuerpo normativo que regule sin prohibir manteniendo el objetivo de respetar la sustentabilidad en un proceso de progreso colectivo con un proceso productivo de múltiples actores y actividades.

 EDDY LAVANDAIO*

Los gobiernos radicales y peronistas diseñaron y ejecutaron una política destinada a impedir el desarrollo minero.

El senador Alejandro Abraham presentó un proyecto de modificación de la Ley Nº 7722.

Paralelamente, el senador Juan Agulles presentó otra iniciativa para crear Parques Industriales Mineros. Ambos manifestaron la intención de promover la actividad minera para ampliar la matriz productiva de la provincia.

Al respecto es necesario describir el contexto político en el que se desenvuelve la minería metalífera local y ubicar los proyectos mencionados dentro de ese contexto.

Desde 2005 en adelante los gobiernos radicales y peronistas que se sucedieron diseñaron y ejecutaron una política destinada a impedir el desarrollo del potencial minero que posee nuestro territorio. No sólo rechazaron todos los proyectos que se presentaron sino que llegaron al extremo de infundir el miedo a la actividad minera en las escuelas provinciales para que  los futuros ciudadanos sean parte de esa misma política. De esa manera la antiminería se transformó en política de estado.

La respuesta de los inversores fue  consecuente con esa política. Las 25 empresas extranjeras que estaban invirtiendo en exploración cerraron sus oficinas y abandonaron la provincia. Las instituciones internacionales que miden anualmente los lugares más y menos atractivos para las inversiones mineras, como el Fraser Institute de Canadá, ubicaron a Mendoza en los últimos puestos del mundo en sus respectivos “rankings”. El resultado de todo eso es que Mendoza lleva ya varios años con cero inversión en minería metalífera.  

Dentro de ese contexto hay dos grupos de empresarios mendocinos que vienen reclamando (con la timidez propia de los empresarios que no quieren malquistarse con los gobernantes) algún cambio en las reglas de juego. Por un lado están los propietarios de proyectos que no tienen plata para desarrollarlos y por eso necesitan que vengan inversores que aporten capital, y por el otro están los proveedores de servicios, insumos y repuestos que necesitan mantener a sus empresas en actividad e incrementar sus posibilidades de expansión con la incorporación de nuevos clientes.

Para entretener a estos empresarios haciéndoles creer que hacían caso a sus reclamos se abrieron ciertos “espacios” destinados a dejar transcurrir el tiempo sin cambiar nada. Así, durante el gobierno de Celso Jaque, el subsecretario Vázquez recreó el “Consejo Asesor Minero”, después, en el gobierno de Francisco Pérez, el exministro Alejandro Zandomeni organizó la “Mesa de Diálogo Minero” y, finalmente, en la actual gestión, el subsecretario Emilio Guiñazú llevó adelante el “Espacio de Diálogo Minero”. Como era de esperarse, no cambió nada y los inversores siguen ausentes.

Ahora se presentaron estos dos proyectos de ley y sus autores manifiestan la intención de promover la actividad minera. Sin embargo, de la lectura de ambos proyectos no surge ninguna propuesta que pueda cambiar la política antiminera vigente, y menos aún  la imagen y la calificación que tienen de Mendoza los inversores mineros.

Ojalá nos equivoquemos por ser mal pensados, pero da la impresión de que ya no hay más lugar para entretener a los empresarios en el Poder Ejecutivo y por eso se trasladan los entretenimientos a la Legislatura.

* Miembro de la Asociación Argentina de Geólogos Economistas

EDUARDO SOSA*

El diputado Abraham intenta derrumbar una de las construcciones sociales más importantes de la historia ambiental.

El proyecto de ley del senador Alejandro Abraham no le abre las puertas a la minería, solo le abre las puertas al Proyecto Minero San Jorge. Curiosamente, pretende remover de la ley 7.722 la ratificación legislativa de los proyectos aprobados por el Poder Ejecutivo y el término “otras sustancias tóxicas similares”. Sin estos dos elementos, el proyecto San Jorge podría -en teoría- comenzar a operar al día siguiente de la promulgación de la ley. En resumen, el proyecto del legislador Abraham beneficia exclusivamente a una empresa por sobre los intereses de la ciudadanía.

El proyecto no se mete con el cianuro, el ácido sulfúrico y el mercurio, sustancias prohibidas expresamente por la ley 7.722. Por ende, si una empresa que en 2007 con la promulgación de la ley 7.722 no podía operar en nuestro territorio, hoy tampoco podrá hacerlo. Además, como la ley -en caso de ser reformada- le otorgará a los recursos hídricos y al ambiente un menor nivel de protección que la norma original, atenta contra el principio de progresividad que figura en la ley nacional N° 25.675, con lo cual una acción de inconstitucionalidad contra la nueva norma tendría grandes posibilidad de prosperar.

Respecto del proyecto de ley, se advierte un desconocimiento supino y alarmante por parte de un legislador de lo que ha venido ocurriendo en Mendoza. Para empezar, el proyecto de ley vuelve a pedir a los poseedores de concesiones de minerales metalíferos que inicien un procedimiento de evaluación ambiental conocido como “Informe de partida” y les da un plazo de 30 días so pena de hacer cesar sus actividades. El asunto es que la ley de 2007 les pidió lo mismo, con lo cual quien no lo hizo en su oportunidad no debería estar operando en la actualidad. En segundo lugar, el proyecto de ley hace referencia a cierta ambigüedad del término “otras sustancias tóxicas similares” para proponer su remoción. El senador Abraham, ni quien escribió el proyecto para él, saben que la ley de residuos peligrosos N° 24.051 establece claramente cuándo una sustancia es tóxica y hasta establece un procedimiento para su determinación. 

El Gobierno provincial, claro impulsor de esta aventura legislativa, prometió en campaña no tocar la 7.722, e incluso en el documento de Diálogo Minero dice que toda la política minera se basará en el respeto a la normativa vigente, “en especial la ley 7.722”. Lo cierto es que el Poder Ejecutivo es el principal incumplidor, ya que ni ha reglamentado el seguro ambiental para la actividad minera ni ha creado la policía ambiental minera bajo la órbita de la Secretaría de Ambiente, dos obligaciones establecidas por la 7.722. 

En síntesis, este proyecto de ley intenta derrumbar una de las construcciones sociales más importantes de la historia ambiental reciente, solo para beneficiar a un grupo empresario transnacional, con la complicidad del Poder Ejecutivo que no quiere cargar con el costo político de incumplir su palabra, otra vez, tal como lo hizo con la imposición del fracking.

* Ex presidente de Oikos red ambiental